La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó una actualización de su informe, en la cual expresó la preocupación por el agravamiento de la exclusión de las voces disidentes y la ampliación del concepto de “enemigo interno” en el país.
La presidente de la Misión, Marta Valiñas, ante la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, precisó que tras la presentación de su primer informe, en septiembre de 2020, la situación se ha agravado luego de que aumentara la concentración de poder por parte del gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones del pasado 6 de diciembre.
Valiñas resaltó que “la represión continúa, por tanto, contra las personas percibidas como “enemigos internos” u opositores al gobierno. Continúan procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigamos para en el informe de septiembre de 2020”.
Aseguró que desde la publicación de su informe, en septiembre de 2020, la Misión de Determinación de los Hechos identificó 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. Las cuales parecen haber tenido una “motivación política” y algunas de estas personas fueron acusadas bajo la Ley contra el Odio, “por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él”.
Detalló que nueve de estas detenciones afectaron a periodistas y a la prensa independiente, quienes a su juicio también han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados. Agregó que “silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas”.
Sobre la persecución a ONG y defensores de derechos humanos
La presidente de la Misión resaltó que el concepto estatal de “enemigo interno” parece ser cada vez más amplio en el país. “La Misión de Determinación de los Hechos está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos”.
Criticó la política de Nicolás Maduro que endurece los requisitos para el registro, la financiamiento y el funcionamiento de las ONGs. “Las autoridades han detenido a trabajadores de ONGs por delitos previstos bajo la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, relacionados con la recepción de fondos extranjeros por parte de las ONGs y la distribución de tarjetas de prepago”.
Citó dos ejemplos, la orden de aprehensión contra Roberto Patiño, coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad, que distribuye comidas a personas necesitadas y la detención arbitraria de los seis trabajadores de la ONG Azul Positivo.
“Las y los funcionarios públicos han alimentado el hostigamiento de las ONGs mediante el uso de retórica que critica la cooperación con organismos y organizaciones internacionales, o la recepción de fondos extranjeros”.
También destacó su preocupación por el hecho de que, desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, más de 20 personas, entre ellas trabajadores y trabajadoras de salud, han sido detenidas por compartir información o criticar la respuesta del gobierno a la pandemia.
Finalizó su intervención esperando que el gobierno de Venezuela resuelva su crisis de derechos humanos y reconozca que cometió errores.
“Los derechos humanos deberían efectivamente estar en el centro de la recuperación de Venezuela, pero negar la realidad y desestimar todas las críticas no ayuda a proteger los derechos fundamentales de aquellos y aquellas en riesgo y aquellos y aquellas que han sufrido. Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto”.
