Llamamos a la comunidad internacional a unirse en la defensa de la libertad de expresión y prensa libre en Nicaragua

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Ante la gravedad de la escalada represiva y la persecución sistemática contra la prensa independiente, y las voces disidentes, las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie en defensa de la libertad de expresión y prensa libre en Nicaragua, condene las violaciones a estos derechos y haga un llamado a restablecer las condiciones mínimas para unas elecciones libres, justas y transparentes. Igualmente, instamos a las autoridades nicaragüenses a garantizar la prensa libre y la libertad de expresión.

A continuación, haremos un recuento de las últimas agresiones:

Este 12 de agosto circuló la última edición impresa del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. La Prensa goza desde hace años de una exoneración fiscal sobre el papel y otros insumos que el periódico requiere para circular. Esta exoneración está avalada por la Constitución de Nicaragua.  La Dirección General de Aduanas (DGA) no les entrega las exoneraciones fiscales correspondientes para acceder a papel y otros insumos necesarios para la impresión del periódico, pese a que el trámite de solicitud de exoneración se realizó el 26 de julio de 2021. Por la misma razón, un día antes dejó de circular el diario Hoy, otro de los productos editoriales de La Prensa. La negativa por parte de la DGA es violatoria de la Constitución[1] y de la ley que indica que se debe resolver en un periodo máximo de diez días.

Además, el 13 de agosto, al día siguiente de que la edición impresa de La Prensa dejará de circular, las instalaciones del diario La Prensa fueron tomadas por patrullas policiales que allanaron las oficinas y la sala de la rotativa del periódico, y, sin orden judicial, sacaron cajas con documentos, computadoras y otros bienes de las instalaciones. Al ingresar a las instalaciones, interrumpieron el servicio de internet y no dejaron que los personas que se encontraban dentro usaran sus celulares. Además, permanecieron retenidas durante las más de 12 horas que duró el allanamiento

Horas después, la Policía emitió un comunicado informando que el Estado iniciaba una investigación en contra de Editorial La Prensa Sociedad Anónima y sus directivos, «por los delitos de Defraudación Aduanera, Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense».

La madrugada del 14 de agosto las autoridades policiales trasladaron a las oficinas y cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario, con el argumento que debía firmar documentos. Posteriormente, el 16 de agosto, el Ministerio Público anunció, mediante una nota de prensa, que Holmann había sido detenido y se le habían impuesto 90 días de prisión por el proceso de investigación contra el medio. A la fecha el edificio de La Prensa continúa tomado por agentes policiales fuertemente armados y no permiten el ingreso de los periodistas y otros colaboradores.

Lo ocurrido con La Prensa en los últimos días se suma a una serie de ataques y acciones intimidatorias cometidas por el Estado nicaragüense en contra de la prensa y de voces críticas. A raíz del proceso abierto en el mes de mayo, contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por lavado de activos, más de 30 periodistas han sido llamados a entrevistas al Ministerio Público. En las entrevistas se les ha amenazado con la aplicación de la Ley de Ciberdelitos como consecuencia de sus publicaciones, siendo esto un claro ejemplo del uso del aparato judicial para amedrentar a la prensa y las voces críticas.

En los últimos meses se han abierto múltiples procesos judiciales contra voces críticas y líderes de oposición, a quienes se les les investiga actualmente por supuesta traición a la patria bajo la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y hasta la fecha, hay 33 personas detenidas por ejercer su derecho a disentir del actual gobierno, y  haber sido identificadas como “opositores al gobierno”.   Entre los detenidos se encuentra el periodista deportivo Miguel Mendoza y el comentarista político Jaime Arellano. Asimismo, varias decenas de periodistas se han visto obligados a exiliarse o desplazarse   para evitar la posibilidad de ser encarcelados y criminalizados injustamente.

Lo que está ocurriendo, sin duda alguna constituye un acto de hostigamiento contra la prensa y pretende generar un efecto inhibitorio en los periodistas en un momento en que su trabajo es crucial. A pocos meses de que se lleven a cabo elecciones nacionales en el país, es indispensable el respeto a la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas.

Las actuaciones del Estado nicaragüense contravienen los Principios de Chapultepec, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial su artículo 13, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en específico el artículo 19. El principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH dispone que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”

Como organizaciones que defendemos y promovemos la libertad de expresión y de prensa:

  1. Llamamos a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las autoridades de la comunidad internacional, a condenar públicamente las violaciones a la libertad de expresión y a hacer un llamado a restablecer  las condiciones mínimas para unas elecciones libres, justas y transparentes. Además, llamamos a los gobiernos de  la comunidad internacional a urgir  a las autoridades nicaragüenses para que garanticen la seguridad y protección de quienes ejercen sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, incluyendo aquellos que han sido acusados, detenidos o llamados a comparecer ante las autoridades judiciales; así como a monitorear las próximas acciones que pueda emprender el Estado para la criminalización de quienes reclaman ejercer sus derechos cívicos.
  2. Instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que nuevamente soliciten al Estado de Nicaragua permitir una visita al país para constatar la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión luego del recrudecimiento de los hechos suscitados entre mayo y agosto de 2021.
  3. Llamamos a los organismos de protección de  derechos humanos de la OEA y ONU a responder de forma coordinada ante la crisis que actualmente se vive en Nicaragua.
  4. Demandamos al Ministerio Público de Nicaragua que cese las agresiones, persecuciones y judicializaciones en contra de periodistas y medios de comunicación independientes.
  5. Urgimos a las autoridades aduaneras liberar el material de La Prensa en cumplimiento a las leyes vigentes.
  6. Demandamos la liberación inmediata de los tres directivos de la Prensa encarcelados: Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann, así como del candidato a la presidencia y periodista Miguel Mora, el periodista Miguel Mendoza, el comentarista político Jaime Arellano y todos y todas las y los presos políticos que permanecen arbitrariamente privados de libertad en las cárceles del país
  7. Emplazamos al Estado nicaragüense a cumplir los compromisos internacionales que garanticen el ejercicio pleno del periodismo profesional e independiente para ofrecer una información confiable sobre los asuntos de interés público y proteger el derecho de la población a estar informada.

Suscriben,

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