El profesor de la Universidad de Carabobo (UC), Santiago Guevara forma parte de los 44 presos políticos “beneficiados” con la decisión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de otorgarle medida de libertad condicional por recomendación de la Comisión de la Verdad el pasado 24 de diciembre.
Santiago Guevara es profesor de economía jubilado de la Universidad de Carabobo y fue imputado por el Ministerio Público por el delito de “traición a la patria”, luego de ser juzgado en tribunales militares en Caracas. La detención fue ejecutada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de la publicación de una serie de artículos de opinión firmados por Guevara.
Su estado de salud se vio comprometido durante su tiempo de reclusión al agravarse múltiples afecciones que el profesor padecía, entre las que destacan una serie de patologías que no se están atendiendo adecuadamente, siendo las más grave la “espondilitis anquilosante”, la cual tiene por efecto agravar la colitis crónica activa severa erosiva inespecífica y la hipertensión arterial. A estas enfermedades graves, se le suma la edad avanzada de Guevara, la gran cantidad de medicamentos que debe consumir diariamente (12 pastillas) y la preocupante disminución de peso que viene sufriendo en los últimos meses, justamente a partir de su reclusión en la Dgcim, se estima que desde que ingresó ha perdido alrededor de 30 kilos.
Motivados por el deterioro de salud de Guevara, el pasado 05 de junio Espacio Público solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar a favor del profesor con el objetivo proteger su derecho a la vida e integridad personal, exigiendo al Estado venezolano le proporcione atención médica de acuerdo a los estándares internacionales.
Luego de un proceso de casi seis meses en los que el Estado se tardó más de dos en responder, el pasado 01 de diciembre la CIDH resolvió exigir al Ejecutivo venezolano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de Santiago Guevara, proporcionando atención médica de acuerdo a la gravedad de sus patologías e investigando las causas que dieron lugar a la resolución.
A partir de ese momento el gobierno venezolano contaba con 20 días para ejecutar la resolución dictaminada por la CIDH, a pesar de que esta medida fue otorgada 3 días después de haberse cumplido el plazo, denunciamos que aún1 se desconoce el estado de salud de Guevara y recordamos al Estado venezolano que mientras continúe el proceso legal abierto es el único responsable de la integridad del profesor.
Referencias
