Espacio Público, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) y Venezuela Inteligente, llevaron a cabo el foro virtual Espacio Cívico en Venezuela: Situación, obligaciones y desafíos, el 13 de diciembre, para conversar sobre el deterioro de las libertades y el retroceso del espacio cívico en Venezuela
Para el análisis de este tema se contó con la participación de Marysabel Rodríguez, Coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público; Ángela Rodríguez, investigadora de la Redlad, y Andrés Azpúrua, Director Ejecutivo de Venezuela Inteligente.
Ángela Rodríguez, explicó que el país se distingue del resto de la región en materia de derechos humanos ya que desde varios años persigue y reprime a los activistas de la sociedad civil; además el Estado ha adoptado leyes y normativas que van en contra de los estándares internacionales: “Hemos documentado detenciones a defensores y un recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión. Los otros países que se le acercan a Venezuela en estos aspectos son Nicaragua y El Salvador”, explicó.
Andrés Azpúrua destacó que esta situación se ha trasladado al mundo digital y que las limitaciones a internet han ido en ascenso a medida que el Estado restringe los espacios de libertad: “La retracción de los derechos en el espacio digital han sido muy graves en los últimos años y cada día se van restando libertades a los ciudadanos venezolanos”.
En este aspecto, desde Venezuela Inteligente han observado múltiples ataques a estos derechos, que no solo van en contra de la libertad de expresión y opinión, sino que también atentan con la libertad de asociación y de educación:
“El caso más resaltante es la censura a internet: 35 sitios de noticias están bloqueados. Es sumamente grave cómo el Estado ha normalizado, no solo la censura a la prensa, sino también a herramientas básicas de internet como YouTube” detalló Azpúrua.
Marysabel Rodríguez resaltó que los mecanismos restrictivos de los derechos utilizados por el Estado venezolanos han aumentado a raíz de la pandemia: “Se agudizó la criminalización de la difusión de información en este contexto. Líderes sociales y trabajadores públicos, que daban cuenta de lo que estaba sucediendo a nivel sanitario, eran perseguidos y reprimidos invocando la ley contra el odio, un mecanismo que desde su origen se ha utilizado para castigar la opinión, y sobre todo para censurar la información de interés público”.
¿Qué puede hacer la sociedad?
Ángela Rodríguez destacó que la voz de la sociedad civil es sumamente importante para que la comunidad internacional tenga un panorama claro de lo que está pasando en el país, porque lo que muestran los Estados a sus pares difiere de lo que la sociedad civil está viviendo.
También resaltó que a las organizaciones internacionales se le debe hacer un llamado para que hagan un despliegue de las acciones que están en sus manos para que alerten las graves situaciones que se han denunciado y de esta manera se frenen las violaciones a los derechos humanos.
“Que se haya abierto una investigación en la CPI es una respuesta clara a todas las iniciativas de las organizaciones de la sociedad. Seguir este camino es la forma más clara por medio de la cual podemos ejercer mayor presión para que el Estado frene sus acciones” destacó.
En este sentido, Marysabel Rodríguez explicó que la defensa de los derechos humanos es una carrera de largo aliento y que la persistencia es lo que hará vean los resultados: “Activar los mecanismos internacionales genera costos a los victimarios y hace que cada vez sea más difícil para ellos cometer arbitrariedades”.
Con relación a esto, Azpúrua enfatizó que aunque no se hayan podido frenar las violaciones de derechos humanos en el país, eso no significa que no tenga impacto el trabajo de documentación y denuncia que por años ha hecho la sociedad civil: “Que no se haga ese trabajo y que no se publiquen los casos hubiese hecho que las violaciones fuesen muchísimas más”.
Todos los ponentes recalcaron que el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos sirven de contención contra los Estados que sistemáticamente violan las libertades y deterioran la vida de la sociedad. Y además, el trabajo que realizan preserva la memoria de las víctimas para que en un futuro, las acciones que llevaron a esa situación, puedan evitarse a tiempo.
