Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivada por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron en 2016, paralelo a un escalamiento de la crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en la historia contemporánea del país.
2016 es el segundo año con mayor cantidad de casos en 15 años de registro. Desde hace dos años se alcanzan niveles no vistos desde 2010, sin considerar el 2014, año especialmente conflictivo en términos sociopolíticos. Los periodos con mayor incidencia de casos, 2014, 2016 y 2009, suman el 32% del total de situaciones registradas.
Entre enero y diciembre de 2016 se registraron 366 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo periodo del año 2015, cuando se contaron 286. El total de casos/situaciones fue de 265, un 12% mayor que el periodo enero-diciembre del año pasado.
La agudización de la tensión política, con la suspensión de elecciones en octubre compromete aun más la garantía del derecho a la libre expresión. Cuando la polarización exacerba los límites institucionales, alimenta una mayor incidencia de escenarios violentos y deja en estado de indefensión a los ciudadanos. De allí que octubre se ubique como el mes con mayor cantidad de casos registrados, con un total de 43.
El 44% de las violaciones a la libre expresión se registró en el contexto de manifestaciones públicas, entre ellas las de carácter político en el marco de la exigencia del referendo revocatorio, la cifra indica un aumento del 252% en relación al contexto de protesta del año anterior (25).
El impedimento de cobertura producto de la represión ejercida sobre las protestas por comida a inicios de junio en el centro de Caracas, elevó la incidencia de violaciones en el primer semestre del año. La demanda por venta regular de productos y el derecho a la alimentación se ubicó ente los principales motivos de protesta, después de las demandas laborales. En 2016 se registraron 3536 manifestaciones, un aumento de 32% respecto al 2015.
La arremetida de diversas instancias del Estado contra cualquier expresión de descontento se extiende a todos los sectores y, particularmente se focaliza en periodistas y reporteros gráficos a fin de impedir la cobertura de los hechos, ocultar la realidad e impedir las críticas.
El desalojo de reporteros de las zonas de protesta y la exigencia ilegítima de permisos para la cobertura de hechos públicos escala algunas veces en violencia a fin de impedir el registro tanto de la demanda ciudadana como de la represión por parte de los cuerpos de seguridad. De allí que la intimidación esté en el primer lugar con 123 ocurrencias. La agresión, por su parte se ubica en el tercer lugar de ocurrencia con 54 violaciones.
