Espacio Público

Informe 2022: Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela

Tamara Taraciuk Broner. Directora del Programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano.

Las noticias que circulan fuera de Venezuela sugieren una falsa normalización de la situación en el país. La reanudación de relaciones entre autoridades venezolanas con diferentes gobiernos, junto con la dolarización de la economía, han generado una percepción de que muchos de los problemas que se venían relatando ya no son tales. Hoy en Caracas hay visitas de diplomáticos de distintos gobiernos, nuevos embajadores, y se puede acceder a alimentos y medicamentos que hace años escaseaban, a productos importados de primera línea, a comprar y manejar vehículos carísimos y a comer en excelentes restaurantes.

Lo cierto es que la realidad venezolana dista mucho de ser normal. No debemos confundir falta de atención o visibilidad, o simplemente cansancio de leer o escuchar lo mismo, con normalización. En el país, aún persisten tres crisis simultáneas, aunque no sean más portada de los diarios internacionales.

Este informe de Espacio Público es un excelente reflejo de la primera de ellas: la arremetida contra personas opositoras y críticos, que incluye no solo a políticos, sino a aquellos que se atreven a alzar la voz para dar visibilidad a lo que realmente ocurre en el país. Se trata hoy en día de una represión más selectiva, diferente a los abusos generalizados que se vieron en las calles durante las represiones del 2014 o 2017.

Como verán en este informe, en el último tiempo se han dado detenciones arbitrarias de periodistas y comunicadores, un cierre masivo de radios, fallas en el servicio de internet que limitan el acceso a la información, impedimentos en la cobertura de noticias, intimidación por parte de los servicios de seguridad, y limitaciones en el acceso a la información, entre otras medidas represivas.

Esta arremetida no se limita a la prensa independiente, que desde hace ya mucho tiempo viene siendo objeto de represalias en el país. Existe, también, hostigamiento hacia la sociedad civil, por ejemplo, con la discusión y avance de proyectos legislativos que impedirían la financiación internacional de organizaciones no gubernamentales, y con el mantenimiento de la prisión arbitraria de Javier Tarazona, un defensor de derechos humanos que sufre problemas de salud y sigue preso tras denunciar vínculos entre fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados en el estado Táchira. En Venezuela hay, además, presos/as políticos, así como políticos de oposición arbitrariamente inhabilitados para ejercer cargos públicos o en el exilio.

Todo esto ocurre en un contexto de casi absoluta impunidad de gravísimas violaciones de derechos humanos que, según Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, podrían constituir crímenes contra la humanidad. Tales abusos se dieron con complicidad del poder judicial venezolano, según los expertos de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. La cooptación política del Tribunal Supremo de Justicia, iniciada en el 2004, y su subsecuente alineación con quienes ejercieron el poder, abrió la puerta a la impunidad, que hoy es rampante.

La segunda crisis persistente es humanitaria. Tal vez el mejor reflejo de ello sea que el único acuerdo al que se llegó en la mesa de negociación en México entre autoridades del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición fue para crear un fondo de 3 billones de dólares estadounidenses para hacer llegar asistencia humanitaria a Venezuela. El fondo aún debe ser implementado. Según el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU, hay más de 7 millones de personas que requieren ayuda humanitaria. La ONU ha dicho, también, que 6.5 millones de personas están desnutridas.

Y la tercera crisis, que es una consecuencia de las dos anteriores, es la masiva migración de venezolanos que se han visto obligados a huir de su país por la situación política, económica, humanitaria, y de derechos humanos en el país. Según RV4, una plataforma de coordinación de esfuerzos para responder al éxodo de venezolanos/as compuesta por agencias de la ONU, sociedad civil y otras organizaciones, más de 7.2 millones han salido desde el 2014. La gran mayoría se encuentran en América Latina y muchos enfrentan enormes desafíos para rehacer sus vidas en los países de acogida, así como dificultades para acceder a estatus legal y graves incidentes de xenofobia. Además, muchos son víctimas de abusos en el trayecto hacia Estados Unidos, en particular al cruzar la selva de el Darién en la frontera entre Colombia y Panamá.

En este contexto, el papel de la prensa independiente, de la mano de la sociedad civil, en el país resulta de enorme importancia. Nos permite conocer, de primera mano, qué es lo que está realmente ocurriendo en el terreno – que la dolarización no beneficia a todos/as y profundiza la desigualdad; que en Caracas hay una burbuja muy distinta a las condiciones en el interior; que los hospitales muchas veces no tienen agua o electricidad, dificultando enormemente la atención médica; que hay zonas del país, sobre todo en las fronteras, que se encuentran controladas por grupos ilegales; que la minería ilegal en el sur tiene un devastador impacto ambiental.

La libertad de expresión no es solamente poder decir lo que una quiere, con los límites legales establecidos en el derecho internacional (que por supuesto no incluyen normas vagamente definidas como aquellas establecidas en La Ley Contra el Odio venezolana). La verdadera libertad de expresión incluye, también, la posibilidad de expresarse sin sufrir represalias. Este nuevo informe de Espacio Público deja en evidencia que ello hoy en Venezuela no es posible – el costo es aún muy alto y abordar este problema es una deuda pendiente para que el país pueda caminar hacia una transición democrática.

A medida que Venezuela avanza hacia las elecciones presidenciales programadas para el 2024, y las regionales y legislativas del 2025, el foco de la atención internacional debe dirigirse a contribuir para generar las condiciones necesarias que le permita al pueblo venezolano votar lo más libremente posible. Para ello es central priorizar proteger la labor de las y los periodistas, no solo el día de la elección, sino también en los meses previos, para poder contribuir a un debate público serio y genuino. Esto solo ocurrirá si pueden trabajar sin represalias y logran hacer llegar su mensaje ampliamente a todos los rincones del país, lo cual requiere mejorar el acceso de la población a electricidad e internet y la libertad de expresión en medios de amplio alcance, como las radios.

En las últimas dos décadas, hubo varios momentos en los cuales fue difícil hacerle entender a la opinión pública global que había que prestarle atención a Venezuela. Este es uno de ellos. Ojalá no haga falta volver a tener imágenes de represión brutal en las calles o de millones de nuevas personas migrantes o refugiadas huyendo con lo puesto para conseguirlo.


En nuestro más reciente informe 2022 presentamos la situación sobre el derecho a la libertad de expresión e información, así como también seis trabajos especiales sobre cómo afecta este derecho fundamental en Venezuela y una cronología de cada caso que registramos durante todo el año.

Escucha nuestro podcast sobre el informe 2022, cifras, datos relevantes y cómo afecta a la ciudadanía la situación del derecho a la libertad de expresión.

Capítulos 2022

Puedes dar clic a cada enlace para leer los trabajos especiales:

La censura normalizada.

Un año de la ley de transparencia y acceso a la información de interés público.

Simulación de justicia.

Situación general del derecho a la manifestación pacífica en Venezuela 2021.

Zonas silenciadas de Venezuela. 13 estados.

La vía tributaria para restringir la libertad de asociación y reunión pacífica.

Datos 2022: Situación de la libertad de expresión e información en Venezuela

Las restricciones para buscar, recibir y difundir información continúan siendo un patrón en el accionar gubernamental. La opacidad informativa en medio de la crisis humanitaria compleja constituyen un obstáculo más en un contexto donde no están garantizados los derechos fundamentales.

En el 2022 se registraron 227 casos[1], lo cual representa una disminución del 7 % con respecto al número de casos registrados en el 2021, siendo el año con menos casos desde el 2013, cuando se registraron 220 situaciones. Esta disminución de casos podría estar vinculada al estancamiento de la agenda política y a la desmovilización de los partidos opositores al Gobierno, ya que en años anteriores existió una correspondencia entre la represión política y los altos índices de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.

Desde el mes de abril el registro de casos experimentó un ascenso progresivo, el cual alcanzó su punto más alto en los meses de septiembre (30) y octubre (46), principalmente, motivado por el cierre masivo de emisoras de radio en varios estados del país.

Se  registraron 468 denuncias deviolaciones a la libertad de expresión en el 2022. Esta cifra no representó una variación significativa con respecto a lo documentado el año anterior. 

Las denuncias de censura[2] ocuparon el primer lugar en el registro, sumando al menos 199 incidencias, lo cual equivale a 43 % del total de violaciones. Principalmente, estas violaciones se registraron mediante el cierre de emisoras de radio y durante apagones eléctricos o fallas del servicio de internet, lo cual limitó el acceso a la información por parte de la población, así como la labor de los medios de comunicación al momento de difundir informaciones.

Las restricciones administrativas[3] (19 %) hacia medios de comunicación y las intimidaciones[4] (18 %) a periodistas y demás trabajadores de la prensa durante el ejercicio de su labor fueron parte de las violaciones más frecuentes.

Cierre masivo de radios

Entre 2003 y 2022, se documentó el cierre de al menos 285 emisoras de radio a escala nacional, lo cual equivale a 71 % del total de medios de comunicación cerrados en dicho periodo. En el 2022 el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 81 emisoras en todo el territorio nacional, lo que sitúa al 2022 como el año con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas.

Estos cierres fueron ejecutados por la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel), quienes actuaron, en ocasiones, en compañía de cuerpos de seguridad. En la mayoría de los casos, los funcionarios alegaron que las estaciones radiales se encontraban operando de forma clandestina, al no tener su estatus legal apegado a la ley.

Fallas del servicio de internet

Las interrupciones del servicio de internet forman parte de las violaciones más comunes registradas durante el 2022, sumando al menos 74 situaciones a escala nacional. Estas fallas, derivadas de las precarias condiciones de las telecomunicaciones en Venezuela, constituyen una violación indirecta al derecho y limitan el acceso a la información, principalmente en regiones rurales, donde la calidad de los servicios públicos es más crítica. Los principales victimarios en este caso fueron la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Impedimentos de cobertura

La intimidación a trabajadores de la prensa por parte de funcionarios de seguridad o trabajadores públicos es una situación común durante la cobertura de hechos noticiosos. Durante el 2022 se registraron al menos 84 denuncias por este motivo, principalmente durante pautas periodísticas llevadas a cabo en centros de salud, protestas ciudadanas e instituciones del Estado.

Detenciones arbitrarias

Con relación a las detenciones por ejercer el derecho a la libertad de expresión, se registró un descenso de 49 % con respecto al número de personas detenidas en 2021. En al menos 11 de estas detenciones se conoció de la aplicación de la inconstitucional “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, instrumento aprobado en el año 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro que contraviene las exigencias mínimas de respeto a los derechos humanos[14].

La noche del 10 de enero fue asesinado, en su residencia, José Urbina[17] a manos de grupos armados que operan en la zona fronteriza del estado Apure. Urbina era director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM y había advertido que recibió amenazas por denunciar la actuación de la GNB en los conflictos armados registrados en Puerto Páez, estado Apure. Al cumplirse un año de su muerte, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), organización política a la cual pertenecía Urbina, exigió justicia para su caso, ante la falta de respuestas por parte del Estado[18].

Víctimas y victimarios

A diferencia de años anteriores, los medios de comunicación ocuparon el primer lugar en el listado de víctimas, alcanzando un total de 114 (37 %) registros. En segundo lugar se ubican los periodistas y reporteros, con 75 víctimas (25 %), seguidos por la ciudadanía en general, quienes fueron víctimas en 74 oportunidades (24 %). Destaca que del total de víctimas, 60 % de las pertenece al género masculino, mientras que 40 % corresponde al femenino[19].

Las violaciones en contra de medios de comunicación contemplaron, además de cierres, algunos registros de bloqueos a medios digitales, ataques cibernéticos y amenazas o señalamientos por parte de funcionarios del Gobierno.

Ahora me provoca ir por la página porque me debes con el valor de El Nacional no me pagaste. Creo que ahora iré por la página. La conclusión es que ahora me debes, pillo (a Miguel Henrique Otero), que te gusta utilizar los medios para desacreditar a las personas pero no te gusta asumir tus responsabilidades. Me está provocando a que lleve un paso más adelante.

Posteriormente, también amenazó al portal web La Patilla.

Los principales victimarios fueron las instituciones del Estado, al acumular al menos 127 registros (50 %). La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se ubican como las instituciones que más vulneraron el derecho.

Con respecto a los funcionarios, Tarek William Saab y Diosdado Cabello se ubican como los principales victimarios. Mientras que en el caso de los cuerpos de seguridad fueron la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Al igual que los últimos años, la mayoría de las violaciones a la libertad de expresión se registraron en internet. En esta ocasión, 118 casos (52 %) corresponden a violaciones en línea, lo cual implica un incremento de 10 % con respecto al año 2021. En este segmento se incluyen las interrupciones del servicio de internet, bien sea por fallas propias como por fluctuaciones del servicio eléctrico, los bloqueos a portales web, así como las represalias hacia la ciudadanía o medios de comunicación por la difusión de informaciones en línea.

Con relación a la ocurrencia de casos por ubicación geográfica, los principales estados fueron Zulia, Táchira, Distrito Capital, Barinas y Portuguesa. En el caso de los dos primeros, destaca su condición de estado fronterizo, lo cual incrementa la actividad noticiosa, así como la presencia de cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, Zulia y Táchira fueron los estados con mayor número de emisoras cerradas, tras acumular entre ambos 56 % del total de cierres del 2022. En el caso del Distrito Capital, la ocurrencia de casos estuvo principalmente vinculada al impedimento de coberturas e intimidaciones por parte de funcionarios.

Marco teórico metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas previamente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional. 

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.


[1] Se entiende por caso el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo caso se pueden contabilizar distintas víctimas y violaciones.

[2] Por censura se entiende: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas.

[3] Restricciones administrativas: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del ejecutivo nacional, regional o municipal.

[4] Acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.

[5] Espacio Público. (3 de mayo de 2022). Emisora Éxitos 90.5 FM del estado Guárico queda fuera del aire por decisión de Conatel. https://espaciopublico.ong/emisora-exitos-90-5-fm-del-estado-guarico-queda-fuera-del-aire-por-decision-de-conatel/  

[6] Espacio Público. (9 de septiembre de 2022.) Conatel cerró nueve emisoras en el estado Zulia. https://espaciopublico.ong/conatel-cerro-nueve-emisoras-en-el-estado-zulia/

[7] Espacio Público. (24 de octubre de 2022). Conatel cierra ocho emisoras en Rubio, estado Táchira. https://espaciopublico.ong/borrador-automaticoconatel-cierra-ocho-emisoras-en-rubio-estado-tachira/

[8] Espacio Público. (24 de mayo de 2022). Inter y Cantv tuvieron caídas de internet en varios estados del país. https://espaciopublico.ong/inter-y-cantv-tuvieron-caidas-de-internet-en-varios-estados-del-pais/

[9] Espacio Público. (19 de agosto de 2022). Caídas masivas de internet no dieron tregua en la última semana. https://espaciopublico.ong/caidas-masivas-de-internet-no-dieron-tregua-en-la-ultima-semana/

[10] Espacio Público. (23 de diciembre de 2022). Corte de fibra afectó conexión a internet en oriente del país. https://espaciopublico.ong/corte-de-fibra-afecto-conexion-a-internet-en-oriente-del-pais/

[11] Espacio Público. (5 de enero de 2022). Afectan labor periodística en hospital de Coro. https://espaciopublico.ong/afectan-labor-periodistica-en-hospital-de-coro/

[12] Espacio Público. (9 de junio de 2022). Intimidan a un grupo de periodistas en el Hospital Central de San Cristóbal. https://espaciopublico.ong/intimidan-a-un-grupo-de-periodistas-en-el-hospital-central-de-san-cristobal/

[13] Espacio Público. (13 de octubre de 2022). GNB impidió acceso de periodistas a Las Tejerías por una vía alterna. https://espaciopublico.ong/gnb-impidio-acceso-de-periodistas-a-las-tejerias-por-via-alterna/

[14] Espacio Público. (2 de mayo de 2021). A tres años de la “ley contra el odio”. https://espaciopublico.ong/a-tres-anos-de-la-ley-contra-el-odio/

[15] Espacio Público. (23 de junio de 2022). Detienen a un ciudadano en Apure por grabar crítica contra la PNB en Tik Tok. https://espaciopublico.ong/detienen-a-un-ciudadano-en-apure-por-grabar-critica-contra-la-pnb-en-tiktok/

[16] Crónica.Uno. (10 de junio de 2022). Excarcelados los cuatro jóvenes activistas detenidos por PoliChacao. https://cronica.uno/liberaron-a-los-cuatro-jovenes-detenidos-por-polichacao/

[17] Espacio Público. (12 de enero de 2022). Asesinan a director de emisora comunitaria en el estado Apure. https://espaciopublico.ong/asesinan-a-director-de-emisora-comunitaria-en-el-estado-apure/

[18] Aporrea. (11 de enero de 2022). El PCV exige justicia a un año del asesinato del comunicador social José Urbina. https://www.aporrea.org/ddhh/n379735.html

[19] En este caso se consideraron los periodistas/reporteros, particulares, miembros de ONG, reporteros gráficos y camarógrafos/técnicos.

[20] Espacio Público. (2 de febrero de 2022). Operadoras de internet bloquean los portales de noticias Efecto Cocuyo, EVTV Miami y Crónica Uno. https://espaciopublico.ong/operadoras-de-internet-bloquean-los-portales-de-noticias-efecto-cocuyo-evtv-miami-y-cronica-uno/

[21] Espacio Público. (10 de febrero de 2022). Sitio web del diario TalCual sufrió un ataque DDoS. https://espaciopublico.ong/sitio-web-del-diario-talcual-sufrio-un-ataque-ddos/

[22] Espacio Público. [@espaciopublico]. (11 de febrero de 2022). #DenunciaEP | Diosdado Cabello hostigó y amenazó con “ir por la página” del diario @ElNacionalWeb, según lo expresado este miércoles #9Feb durante su programa “Con el mazo dando”. Esto ocurre luego de que la jueza, Lisbeth Amoroso, entregara la sede del medio a Cabello.Twitter. https://twitter.com/espaciopublico/status/1491708194346967040

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