La libertad de expresión es consustancial con la vida democrática y ello se refleja en la propia consideración que los ciudadanos de a pie tienen sobre el tema. Las encuestas nacionales indican que el 33 % de los venezolanos asocian la democracia con la posibilidad de una expresión libre y otro tanto con la posibilidad de la justicia social. Estos dos pivotes constituyen un desafío para el conjunto de la sociedad venezolana.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la interdependencia e integralidad de cada uno de ellos; su relación con la posibilidad de una vida democrática y el desarrollo es una constatación real que lo demuestran recurrentes estudios en varios países. La posibilidad del desarrollo y la justicia social tiene un correlato con los espacios de la libertad de expresión. Una restricción ilegitima y constante a la libertad de expresión es también un obstáculo a las posibilidades de un desarrollo de la sociedad y la propia justicia social.
El desarrollo del alcance de este derecho humano, esta íntimamente relacionado con la posibilidad del escrutinio social a la gestión pública, el desarrollo de la propia autonomía personal. Es un producto social e histó- rico que se expresa en el derecho internacional y en los distintos sistemas de protección de los derechos humanos
Los pequeños signos negativos son siempre alarmantes, en la medida en que empiezan a considerarse un elemento constante en el paisaje del disfrute o realización de un determinado derecho humano. El alerta ante una libertad tan apetecida por los intolerantes o por los poderes políticos y económicos, nunca debe dormitar en el alma de cada persona, porque a pesar de su fortaleza intrínseca siempre es vulnerable a las tropelías.
La libertad de expresión demanda el concurso de una comunicación responsable, que sólo es posible en la medida que exista amplitud y libertad para su ejercicio. La libertad de expresión es para proteger la posibilidad de salirse de la norma, extremar la crítica al poder y la deliberación social. El bien no se impone desde el Estado, se construye desde la propia sociedad y se impone al Estado la tarea de respetar, proteger y satisfacerlo. Este derecho es un bien público que el Estado tiene el deber de proteger y garantizar. La descalificación permanente, la violencia verbal y física contra los profesionales de la información es una constante en el ámbito nacional. Las víctimas no sólo son los periodistas sino sus audiencias y lectores, quienes ven limitado el ejercicio de quienes procuran informarles
Este esfuerzo de vigilancia de la situación venezolana de la Libertad de Expresión y a la Información, que adelantamos de manera sistemática desde el año 2002, reivindica a la libertad de expresión como un derecho universal y por tanto a cada persona. Una defensa que hacemos desde la integralidad de los derechos humanos y desde la convicción que este legado es imprescindible para la realización de la dignidad humana y la paz.
Las tendencias que observamos en esta secuencia temporal (2002-2006), indican mudanzas y cambios en las formas. Se mantiene una constante de la descalificación verbal que desdibuja la deliberación democrática, en la medida que desconoce los atributos propios de la persona que adversa. Es decir el debate se llena de adjetivos descalificativos, se huye del argumento y se niega la subjetividad del otro, en la medida que se considera enemigo, traidor o se simplifica la descalificación basados en los epítetos.
Reiteramos nuestro esfuerzo de memoria y registro que da cuenta de los principales hechos, opiniones, situaciones y casos relativos a la comu- nicación social venezolana; desde la perspectiva de la libertad de expresión. Esta crónica permite recorrer las tendencias y observar las raíces de los casos o hechos que después estallan en el debate nacional e internacional. Siempre hay antecedentes en la diatriba y las excepciones a esa regla son escasas.
En el año 2006, observamos un acento en la tendencia a la criminali- zación de la opinión y la expresión. Por ello en esta publicación incluímos algunos análisis, que desde una perspectiva jurídica evalúan las implicaciones asociadas a los casos del periódico El Caribazo o la restricción judicial que se estableció en la investigación sobre el asesinato del fiscal Danilo Anderson. En El Caribazo, contamos con el análisis que realiza Pedro Nikken, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el del Juez Silano, con la perspectiva de Rafael Chavero Gazdik, autor destacado y abogado en varios casos nacionales relativos a la libertad de expresión.
El relato periodístico sobre la libertad de expresión demanda igualmente desafío a los propios periodistas quienes tienen el desafío de contar lo que ocurre a otros colegas o asumen su propio relato de manera directa. Por ello incluimos un estudio sobre el relato periodístico, realizado por Elsa Piña, asociado a la libertad de expresión que permite una lectura globalizadora de los modos en se aborda el tema en los periódicos venezolanos.
Siempre hay víctimas, es incierto que los excesos justifiquen los atropellos. Nunca los abusos justifican el atropello del Estado, quien debe actuar conforme a las formas y con las debidas garantías. El Estado no puede justificar su actuación atropellada en la descalificación pública que tenga o no un determinado medio o periodista. Siempre debe actuar conforme y apegado a la justicia y el Estado de Derecho. Cualquier excusa o atajo siempre sumará más víctimas.
