El periodista José Rafael Ramírez alertó en su cuenta de Twitter que cinco efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) estaban “tumbando la puerta”1 de su vivienda a golpes, en un acto de intimidación. Los funcionarios debían entregar una orden de citación para que Ramírez asistiera a declarar ante el CICPC de Maracay, estado Aragua, por la publicación de información sobre embarcaciones quemadas en el estado Nueva Esparta, requerimiento que constituye hostigamiento judicial.
Ramírez envió un mensaje de alerta a través de su cuenta en Twitter, y posteriormente narró en una página de noticias lo sucedido: “Les informo que luego denunciar que unos funcionarios del CICPC estaban tratando de tumbar la puerta de mi apartamento, ubicado en la urbanización Calicanto de Maracay y publiqué el Twitter, con llamado al comisario Douglas Rico, director del CICPC; denunciando que me pretendían allanar mi hogar y llevarme a la sede del CICPC. No abrimos la puerta y los funcionarios brutalmente le cayeron a golpes, queriendo derribarla. La familia se angustió mucho… Al final recibieron una llamada mediante la cual les ordenaron retirarse, lo que hicieron de inmediato.”2.
La citación fue entregada a terceros en la residencia y a las dos de la tarde Ramírez asistió junto a sus abogados a la subdelegación del CICPC en Maracay donde fue interrogado por el Comisario Gerson Ramírez, quien le dijo al periodista que “no entendía por qué los funcionarios que fueron comisionados para llevarme la citación a mi hogar habían actuado de esa manera golpeando la puerta con esa violencia”3. Afirmó que el funcionario se disculpó por lo ocurrido.
El motivo de la citación era “pedirme mayores detalles, la fuente de toda la información que se dió cuando se quemaron los yates en Venetur Margarita“; Sin embargo, Ramírez le recordó a los funcionarios que no podía revelar quién es su fuente, derecho consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional que establece que toda persona “28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona “podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley”.
Rechazamos el uso de mecanismos legales para intimidar a periodistas, así como la actuación violenta de funcionarios del CICPC en la vivienda de Ramírez. Este cuerpo de investigación ha sido victimario en otras ocasiones: deteniendo o golpeando a periodistas, e incluso impidiendo la difusión de información. El hostigamiento judicial no debe convertirse en una práctica recurrente para la intimidación que promueve la autocensura.
Referencias
