Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), detuvieron por más de cuatro horas a la periodista Maryerling Villanueva; y a Luis Cobaría (fotógrafo) y Rafael Pérez (chofer) de La Prensa de Táchira, en la alcabala de Peracal cuando se dirigían a una pauta en el Cuerpo de Bomberos, el pasado 7 de abril.
Al equipo de La Prensa de Táchira funcionarios de la GNB les decomisó sus equipos y borraron las fotografías que habían realizado antes.
Villanueva en entrevista con Espacio Público indicó que mucho antes de llegar a esa alcabala dijo que eran prensa y que se dirigían al cuerpo de bomberos de San Antonio del Táchira, donde está la sala situacional, los funcionarios la dejaron continuar pero al llegar a Peracal dos funcionarios de la guardia no nos dejaron pasar pues según ellos debían tener autorización de algún organismo.
“Llamé al asistente del Alcalde para ver si se podía gestionar algo pero fue imposible comunicarse con William Gómez. Nos hicieron mover el vehículo y nos paramos mucho más arriba. Decidí conversar con las personas que habitan por allí pero un vecino llamó a la guardia y dijo que estábamos tomando fotos” indicó.
Detalló que el Guardia se subió a una moto y los llevó al Comando, les quitó la cédula y les borró el material. “Nos hizo bajar al comando. Nos quitaron la cédula nos revisó el material y mi teléfono. Nos aislaron ni siquiera nos podíamos sentar juntos (el chófer, fotógrafo y yo) Insistían en que íbamos hacer a San Antonio. Allí estuve desde las 12 del mediodía hasta las 4:30” informó.
“No me permitieron ni llamar para al menos avisar en el periódico que estábamos detenidos. La cámara se la bajaron hasta el Destacamento de San Antonio y luego la volvieron a subir, borraron todo, así nos tuvieron toda la tarde” contó Villanueva.
Las restricciones a las coberturas en este contexto son especialmente graves porque limitan el derecho que la ciudadanía tiene derecho a conocer información oportuna sobre la pandemia. El Estado venezolano sostiene una política de opacidad que afecta las garantías de derechos fundamentales, sumado a la persecución hacia quienes ofrezcan información o datos, existen esquemas deliberados que buscan mantener la opacidad incluso a costa de la integridad de los trabajadores públicos que estén dispuestos a hablar sobre las precarias condiciones laborales.
