Funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) prohibieron que las y los periodistas Ruth Lara Castillo, María Torres y Juan Carlos Hernández grabaran e hicieran cobertura periodística del derrame petrolero que ocurrió en la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo (norte).
El derrame se produjo el 26 de diciembre y, en la tarde de ese día, ya había reportes en redes sociales y medios independientes de lo ocurrido. A día siguiente Lara, Torres y Hernández se acercaron a la zona costera afectada por el derrame a buscar testimonios, material gráfico y mayor información, pero les fue impedido hacer su trabajo.1
Ruth Lara, quien fue a hacer videos para la agencia internacional AP, dijo a Espacio Público que, en primera instancia, conversaron con los funcionarios de la DGCIM y les dijeron que no tenían autorización para grabar, pero que hablaran con los de PDVSA, quienes también les dijeron que no estaban autorizados.1
Trataron de que se les permitiera tomar imágenes lejanas de la costa afectada por el derrame, pero no fue posible, al igual que intentaron obtener información oficial sobre lo ocurrido por parte de los funcionarios públicos que estaban en la zona, entre ellos del Ministerio de Ecosocialismo y de Inparques Carabobo.1
Lara y Torres lograron hacer algunas fotos y videos a lo lejos, pero cuando ya estaban saliendo de la zona fueron alcanzados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y les pidieron borrar todo el material que tenían en sus teléfonos celulares.1
“Nos tuvieron allí visualizando que borráramos foto a foto, video a video. Incluso nos pidieron borrar las que estaban en la papelera porque si no, no nos podíamos ir de allí”, detalló Lara.1
La labor de las y los periodistas es imprescindible para visibilizar problemas que puedan afectar la vida de la ciudadanía y su ecosistema, como ocurre con los desastres ambientales. Con estos impedimentos, PDVSA y los organismos de seguridad del Estado violan el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de millones de personas.
Instamos al Estado y a sus autoridades a garantizar el trabajo periodístico y ofrecer facilidades para que los problemas de interés público puedan ser difundidos. De igual forma, recordamos que las empresas del Estado tienen el deber de informar de manera transparente sobre los invonvenientes que surjan y afecten a las y los ciudadanos, para que puedan tomar las medidas necesarias y hacer contraloría social de los bienes públicos.
