Exigen su inmediata libertad
Foro por la Vida, coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, rechaza la represión perpetrada por los organismos policiales del estado Aragua (PoliAragua) contra los defensores de derechos humanos Rober Calzadilla, Rafael Uzcátegui y Marco Antonio Ponce y otros 25 trabajadores y sindicalistas de diferentes gremios de la región.
Posteriormente, en una rueda de prensa, PoliAragua detuvo a los defensores de derechos humanos de Provea, Rafael Uzcátegui, Marco Ponce y Rober Calzadilla, y a otras 25 personas que se encontraban en el lugar. PoliAragua igualmente decomisó la videograbadora con la que el grupo de Provea cubría la manifestación.
Exhortamos a las autoridades competentes en estado Aragua a liberar de inmediato a los manifestantes que de manera pacífica ejercían el derecho a protestar, consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en el artículo 68: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Recordamos a las autoridades policiales y al gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, que deben garantizar la integridad física de las personas arbitrariamente detenidas en la comandancia general de San Jacinto, Estado Aragua.
Ante el creciente proceso de criminalización de las manifestaciones públicas, Foro por la Vida exige respeto y cumplimiento de las garantías para la labor de los defensores de derechos humanos
Desde Foro por la Vida hemos advertido el creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y el incremento de los riesgos para los activistas; las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo; así como la impunidad respecto a las denuncias de las agresiones físicas contra quienes defienden las garantías fundamentales de los ciudadanos.
