Nota de Prensa
Foro por la Vida exige respeto y cumplimiento de las garantías para la labor de los defensores de derechos humanos
(Caracas, 11 de marzo de 2009).- Ante el creciente proceso de criminalización, las organizaciones agrupadas en el Foro por la Vida se concentraron a las afueras de la Defensoría del Pueblo, este jueves 11.03.2010, bajo la consigna “Por el Derecho a Defender los Derechos Humanos” para alzar su voz de protesta por el aumento de la situación de riesgo en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en el país, quienes han sido víctimas de una campaña de desprestigio por parte de diferentes representantes de organismos públicos del país, así como por parte de medios de comunicación oficiales. Este proceso de criminalización se ha agudizado tras la publicación del Informe “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela ” elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Representantes del Foro por la Vida advirtieron sobre el creciente proceso de debilitamiento de las garantías para el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y el incremento de los riesgos para los activistas, las continuas descalificaciones y hostigamientos a su trabajo, así como la impunidad respecto a las denuncias de las agresiones físicas contra quienes defienden las garantías fundamentales de los ciudadanos.
Ante este contexto, representantes de esta coalición solicitaron a la Defensoría del Pueblo , organismo que tiene el mandato constitucional de promover y velar por el cumplimiento de los derechos y las garantías en el país, defina y adelante políticas y medidas para que los ciudadanos y ciudadanas puedan cumplir con su deber de promover y defender los derechos humanos e igualmente atienda la situación de criminalización de la labor de sus defensores.
Además, una comisión de la coalición hizo entrega de un documento con una cronología de los hechos de amenazas contra defensores de derechos humanos ante la Defensoría del Pueblo, dependencia a la cual instaron a que sirva de organismo interlocutor para que el Estado venezolano garantice las condiciones adecuadas para que los defensores y defensoras de derechos humanos puedan desarrollar su trabajo como contralores sociales sin ningún impedimento, se proteja además a las personas que se encuentren en una situación especial de vulnerabilidad y se investiguen los hechos que originen una violación de los derechos humanos o signifiquen situación de riesgo para los y las defensoras. Los manifestantes recordaron que tras el asesinato de Mijail Martínez, un defensor de derechos humanos muerto por sicariato el pasado 26 de noviembre en la ciudad de Barquisimeto, el Ejecutivo Nacional ha demostrado su incapacidad para garantizar condiciones para el trabajo de monitoreo y defensa realizado por las organizaciones no gubernamentales.
Rafael Uzcátegui, miembro de la vocería del Foro por la Vida y representante de Provea, manifestó: “exhortamos a la Defensora del Pueblo a que realice una vigilia y protección efectiva, e independiente, de las condiciones que hagan posible el trabajo de los activistas en el marco de garantías establecido por la Constitución. Si bien hasta ahora los ataques no han representado vulneración de la integridad física, los mismos aumentan las situaciones de riesgo para los defensores de derechos humanos en un país polarizado”.
Los miembros del Foro por la Vida reiteraron su invitación a la Defensoría del Pueblo para debatir el contenido y recomendaciones del informe de la CIDH, exigiendo que cumpliera su papel de ente independiente y transparente en la defensa de los derechos de todos los venezolanos y venezolanas, sin discriminaciones de tipo político o de cualquier otro signo.
Durante la concentración, una comisión del Foro por la Vida fue recibida por Hiralia Márquez y Larry Devoe, Directora Ejecutiva y Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, respectivamente, quienes se comprometieron a pautar, en un corto plazo, una reunión para revisar y discutir el contenido del Informe de la CIDH, encuentro en el cual participen la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez y representantes de las organizaciones de Derechos Humanos.
