El equipo legal de Espacio Público acudió este 16 de noviembre a la Defensoría del Pueblo para dejar constancia de las 15 solicitudes de información realizadas por la organización los días 8, 11 y 14 de octubre de 2021 a distintos organismos del Estado y que hasta los momentos no tienen respuesta a pesar de que la fecha límite para responder la última petición fue el 10 de noviembre.
De las 15 solicitudes de información, solo 9 fueron recibidas, mientras que 6 no pudieron ser entregadas por obstáculos arbitrarios e ilegales que limitan el derecho al acceso a la información pública.
Los entes a los que se le hicieron las solicitudes fueron el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Corpoelec, Banco Central de Venezuela (BCV), Consejo Nacional Electoral, Asamblea Nacional, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Fospuca y aseo urbano.
¿Qué solicitamos?
Al Ministerio del Servicio Penitenciario se le preguntó acerca del sistema de salubridad en los centros penitenciarios, considerando además la pandemia que vive el país a causa de la Covid-19.
A la empresa estatal Corpoelec se le pidió que diera información respecto a las fallas eléctricas que se viven en el país durante el 2021. Sin embargo, la rechazaron porque indicaron que no había despacho.
El 11 de octubre entregamos una petición al BCV, con el fin de tener información sobre las políticas de reconversión monetaria aplicadas en el país.
Al Ministerio de Salud se le pidió que informara sobre el estado de salubridad del Hospital de niños J.M de los Ríos, además de la situación de los trasplantes de órganos y la razón por la cual no se están realizando.
A la Asamblea Nacional se le solicitó un informe técnico y de gestión con relación a la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público”.
Del mismo modo al CNE se le entregó una petición para que suministrara información sobre el número y nombres de los partidos políticos inscritos para estas elecciones, además para que suministre lista de candidatos cuya inhabilitación fue levantada en los últimos 6 meses.
También se solicitó a la empresa de aseo urbano Fospuca, a las alcaldías de Chacao, Baruta y El Hatillo (Estado Miranda); y al Concejo Municipal de Baruta y de Chacao explicar los criterios para distinguir los cálculos de cobro entre personas naturales y personas jurídicas, ya que muchos usuarios han expresado su descontento al respecto.
Para la fecha, estas solicitudes aún no tienen respuesta alguna, a pesar de que la fecha de vencimiento de la última petición fue el 10 de noviembre.
Por estas razones, Espacio Público solicita a la Defensoría del Pueblo declarar a lugar las peticiones de información solicitadas y ordenar a los respectivos organismos que den respuesta a las peticiones y, en tal sentido, tomen todas las medidas correspondientes.
Esto en pro de promover, defender y vigilar el derecho al acceso a la información pública contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 3, 6.1, 6.2, 7, 8.2, 8.3, 8.4, 10 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, publicada el pasado 20 de septiembre de 2021.
El Estado tiene la obligación de responder de manera oportuna, completa y accesible, a la información solicitada. Este derecho es fundamental para el mantenimiento, preservación y funcionamiento de la democracia.
