Espacio Público rechaza procedimiento sancionatorio en contra de El Nacional Web

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(Caracas, 22.05.18) La apertura de un proceso administrativo contra el portal de noticias “El Nacional Web” es contrario a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y desconoce las obligaciones soberanamente asumidas por el Estado venezolano en los tratados, pactos y convenciones de derechos humanos. Espacio Público rechaza la criminalización de las ideas e informaciones y la progresiva penalización de las expresiones que implican estos procedimientos.

El 22 de mayo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició un procedimiento administrativo sancionatorio con medida cautelar de censura contra El Nacional Web por la difusión de mensajes que “desconocen a las autoridades legítimamente constituidas y además incitando, y/o promoviendo el odio”. El ente invoca el incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme) así como de la denominada “Ley” contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

La medida ordena “abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía, pudiendo generar alteraciones en la población, al ofrecer información errada o infundada” y otorga diez días hábiles para exponer sus alegatos y defensas, y cinco días hábiles para oponerse a la medida acordada.

Reiteramos que la “Ley” contra el odio es un instrumento ilegítimo por su origen, forma y contenidos contrarios a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Estas normas se caracterizan por la vaguedad normativa, ser abiertamente desproporcionadas y por abusar de la pena privativa de libertad como mecanismo de sanción.

Según la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, la “Ley Contra el Odio” puede prohibir una amplia gama de expresiones públicas que están protegidas por el derecho internacional. Resulta preocupante que figuras tan amplias y ambiguas sean sancionables con penas de prisión exorbitantes, lo cual producirá un efecto intimidatorio sistémico en el espacio público y en las redes sociales de Venezuela1.

La reciente Declaración Conjunta sobre la Independencia y la Diversidad de los Medios de Comunicación en la Era Digital, señala que las restricciones al derecho a la libertad de expresión basadas en conceptos como “la seguridad nacional” o “la incitación al odio” deben definirse de manera clara y ser objeto de supervisión judicial a fin de limitar la discreción de los funcionarios que las apliquen2.

La censura previa está prohibida en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Sólo son admisibles medidas de responsabilidad ulterior, las cuales deben ser proporcionales, producir el menor daño posible al derecho, ser una excepción ajustada al caso particular y la última opción a considerar. Por el contrario, los instrumentos referidos, bajo criterios extensos y muy poco claros, convierten en regla la sanción penal, así como la censura, multas y sanciones para criminalizar la difusión de información.

Ante la ilegitimidad de los instrumentos que dan lugar a este proceso sancionatorio y las implicaciones para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, Espacio Público rechaza esta medida y exige al Estado:

  1. Dejar sin efecto el procedimiento sancionatorio contra El Nacional Web, así como la medida cautelar de censura, y garantizar que el medio pueda informar libremente.
  2. Asegurar el debido proceso y la protección judicial efectiva de El Nacional Web, mediante la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, so pena de incurrir no sólo en una violación de la libertad de expresión del medio y de los ciudadanos que reciben la información, sino también en la obstaculización de la justicia como agravante en delitos que no prescriben, en este caso la vulneración del derecho a la libre expresión.
  3. Cesar la aplicación de facto de la “Ley” contra el odio, por amenazar y restringir la libertad de expresión e información, a través de su invocación en procesos administrativos y judiciales, tanto hacia medios de comunicación, como en contra ciudadanos que ejercen el derecho a la protesta, o trabajadores públicos que expresan públicamente su descontento.
  4. Ajustar la legislación vigente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y de la garantía de la libre expresión, lo que incluye la eliminación de los delitos de opinión, así como someter las posibles restricciones del derecho a los criterios de proporcionalidad, necesidad e interés legítimo.

Referencias[+]

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