Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB rechazan la condena contra Gustavo Azócar

Caracas, 26 de marzo de 2010. Las organizaciones de Derechos humanos que suscriben el comunicado,  rechazan el proceso judicial que privó de libertad al periodista Gustavo Azócar durante 8 meses, impidiendo el ejercicio libre de su profesión, en un proceso sin las debidas garantías judiciales, y en consecuencia la  sentencia a  dos años y  seis meses de prisión como represalia por las denuncias de corrupción formuladas por el periodista en el ejercicio de su profesión.

Durante la última audiencia de Gustavo Azócar, el Tribunal Primero en funciones de juicio, luego de más de doce horas de deliberación, decide sentenciar al periodista a una pena privativa de libertad por dos años y seis meses por los delitos de lucro ilegal en actos de la administración pública y estafa. No obstante, habiendo permanecido más de 8 meses en prisión, se acuerda su libertad condicional inmediata. Esta decisión es el cierre de un proceso iniciado en el año 2000 por la acusación ante el Ministerio Público de que la emisora para la cual trabajaba Gustavo Azócar para entonces, presuntamente habría dejado de emitir una serie de avisos publicitarios de la lotería del estado Táchira. La fase oral de dicho proceso penal se inició el 11 de mayo de 2009

En el marco de este proceso penal, retrasado por casi nueve años, se le ha prohibido a Gustavo Azócar, desde el 2006, emitir declaraciones o referirse de cualquier manera al proceso penal en su contra, prohibición de salida del país y presentación al tribunal regularmente cada 30 días. Posteriormente en el año 2009, se agrega una nueva restricción: prohibición de realizar cualquier comportamiento que implique obstrucción de la justicia dirigido hacia testigos o expertos o cualquier persona que tenga que declarar en este juicio como órgano de prueba” . Estas condiciones establecidas en el proceso penal, y que han sido cumplidas por el periodista, habrían limitado la capacidad de Gustavo Azócar de ejercer libremente el periodismo.
 
Tanto Espacio Público como el Centro de Derechos Humanos de la UCAB han llamado reiteradamente la atención sobre las restricciones indirectas que son ejercidas desde el gobierno nacional en contra de medios de comunicación y de periodistas como medidas de presión para limitar su libre ejercicio, y que representan una violación a la libertad de expresión contemplada en el artículo 13-3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que señala:

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
 
Expresamente, el Informe  Democracia y Derechos Humanos en Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2009, señala en su capítulo de Libertad de Expresión el caso de Gustavo Azócar como una amenaza a la libertad de expresión en el país por la falta de transparencia del proceso y por las consecuencias de impedimento del ejercicio libre del periodismo.
 
Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB  rechazan el proceso legal y en consecuencia la sentencia emanada, por tratarse de un proceso opaco, lleno de imprecisiones y con fines que van más allá de la acusación realizada, que daña la situación de libertad de expresión e información en Venezuela. La actitud represiva del Estado genera un efecto de autocensura en la sociedad venezolana que inhibe la libre discusión de los asuntos públicos, y disminuyen el debate democrático en los medios de comunicación y en la sociedad venezolana en general.
 
Solicitamos al Gobierno Nacional, respetar los distintos instrumentos  de derechos humanos que protegen la libertad de expresión e información y que elimine las restricciones  indirectas, que persiguen cercenar el libre desarrollo del debate público y la contraloría social desde distintas perspectivas, lo que solo trae como consecuente un debilitamiento de la democracia al inhibir debates plurales y críticos sobre asuntos de interés nacional.