Durante la sesión de diálogo interactivo del Examen Periódico Universal (EPU), realizado a Venezuela en la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, las delegaciones de Finlandia, Japón, Lituania, Holanda, Alemania, Portugal, España, Suecia, Suiza, Uruguay, Austria, Brasil, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Irlanda, Francia, México,Kenya, Lichtenstein, Canadá, Estonia, Guatemala y Georgia hicieron distintas recomendaciones asociadas a la libertad de expresión.
Las intervenciones de estos estos Estados fueron reducidas en tiempo, debido a la cantidad de países inscritos para hacer sus recomendaciones a la delegación venezolana.
Finlandia solo le recordó a la delegación de Venezuela que el derecho a la libertad de expresión debe ser respetado. Por su parte, Japón le recomendó que para lograr tal fin, debían tomar medidas.
La delegación encargada de representar al Estado en el EPU fue encabezada por la canciller de la República, Delcy Rodríguez, quien anteriormente se ha paseado por otros cargos dentro de la estructura de gobierno, incluyendo el Ministerio de Comunicación e Información, puesto desde el cual protagonizó varias violaciones a la libertad de expresión.
Lituania por su parte expresó a la delegación su preocupación por las violaciones a la libertad de expresión que ocurren en Venezuela, también habló de los ataques a los periodistas en este contexto. La delegación de Holanda también hablo de este derecho, particularmente criticó que los Estados de Excepción decretados por el Poder Ejecutivo dificulten la protección de este derecho y pidió garantías para el trabajo de los periodistas y la libertad de expresión en general.
Alemania se unió a esta solicitud de garantías para el derecho a la libertad de expresión y Portugal recomendó a la delegación tomar medidas para asegurar que los periodistas no sean perseguidos por realizar su trabajo en el país.
La representación de España agregó a las solicitudes de respeto para la libertad de expresión, que se garantice el acceso a la información pública a todos los ciudadanos en el país. Suecia y Suiza solicitaron que se garantice el derecho.
Uruguay recomendó que se respete la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas y Austria pide que cese la violencia contra periodistas. De la misma manera, la delegación de Brasil insistió en la recomendación y Chile y Costa Rica recomendaron garantías plenas para la libertad de expresión y respeto a este derecho, así como permitir y garantizar el acceso a la información pública.
Dinamarca se convirtió en la delegación número 13 en respaldar esta recomendación y también instó al Estado venezolano a brindar garantías para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. La delegación de Irlanda recomendó a Venezuela que se investiguen y sancionen los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos que ocurren el país; Francia también recomendó a Venezuela la protección del derecho.
México también se unió a estas recomendaciones en favor de la libertad de expresión y le dijo a la delegación venezolana que garantizara la libertad de expresión. Las delegación de Lichtenstein recomendó que toda legislación de comunicaciones en el país se armonizara con los estándares internacionales de libertad de expresión. Kenya por su parte recomendó en favor de la privacidad de las comunicaciones.
Canadá recomienda garantizar el derecho a la libertad de expresión tanto en línea como fuera de ella. Estonia sugirió al Estado venezolano que protegiera y promoviera la libertad de expresión y la integridad de los periodistas en el país. Guatemala solicitó la investigación de los ataques contra la libertad de expresión en el país. La delegación de Georgia exhortó a que se garantice el derecho en el país.
Frente a estas recomendaciones, William Castillo se encargó de decir que en Venezuela no existían mecanismos que estuvieran en contra de la libertad de expresión, al mismo tiempo que informó a las delegaciones presentes que en Venezuela habían periodistas y dueños de medios de comunicación social presos o prófugos de la justicia por delitos de difamación e injuria. Frente a este punto hay que destacar que el delito de difamación es contrario a estándares internacionales de libertad de expresión.
Durante el diálogo interactivo, también los países recomendaron que se permita la entrada al país de los relatores y distintas instancias de derechos humanos. También recomendaron que se respete el derecho a la asociación civil, así como que se brinden garantías y no se persiga a quienes realizan labores de defensa de derechos humanos en el país. Salud, igualdad de mujeres, derechos LGBTI, educación plural, ayuda humanitaria y derecho a la alimentación fueron temas ampliamente mencionados por las delegaciones.
El día 3 de noviembre se espera la publicación final de todas las recomendaciones que se hicieron al Estado venezolano, de la misma manera la delegación informará cuáles acepta u cuáles anotará.
