Funcionarios de la DIP (División de Investigación Penal) adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron el 8 de enero de 2026 al taxista José Romero, en la urbanización Colinas de Carrizal, en el estado Miranda (Norte), después de que funcionarios revisaran su teléfono y encontraran un mensaje crítico al gobierno.
Romero trasladó a una pareja desde el Centro Comercial Don Pedro hacia la urbanización Colinas de Carrizal. El conductor de la línea de taxis La Alcabala, llevó a los clientes hacia una residencia donde vivía una funcionaria policial. Cuando llegó al lugar, salieron varios efectivos y detuvieron a los pasajeros y a Romero, a quien no dejaron que hiciera una llamada a sus familiares, manteniéndolo en condición de desaparición forzada.
Su esposa, Angélica Rapillosa, contó a Espacio Público que funcionarios llevaron a los tres ciudadanos a la sede del DIP en la urbanización El Paso, en Los Teques. Luego de las 10:30 p.m. liberaron a la pareja, pero a Romero lo mantienen detenido porque “le revisaron el teléfono y vieron un mensaje en contra del gobierno oficialista”.
“A él lo presentaron al día siguiente en el Senamecf (Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses) a unos exámenes que le iban a hacer y luego reseñarlo en la PTJ (Policía Técnica Judicial, actual Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas). El día 10 lo presentaron en tribunales, le asignaron defensa pública y le dieron 45 días de investigación y lo acusaron con los delitos de “incitación al odio” y “traición a la patria”1.
José Romero es cabeza de hogar
Rapillosa agregó que el día 20 de enero lo trasladaron para la sede de la PNB de La Yaguara y, posteriormente, lo llevaron hacia San Agustín, en Caracas, pero desconoce las razones de esa decisión. “Está bien, lo puedo ver todos los días porque le llevo la comida. No tengo familiares en Caracas”, dijo.
Adicionalmente, comentó que José Romero es un hombre ejemplar y lo definió como un “buen esposo, buen hijo, buen amigo, cabeza de hogar”. Ambos son padres de dos hijos, cuya dinámica familiar se alteró tras la detención de Romero, quien trabaja en su hogar.
“Hay días que entra en desesperación porque es un hombre muy activo, se la pasa es trabajando. Además de taxista, trabaja en una distribuidora de quesos. También es mecánico y ayuda mucho a las personas”, culminó.
En los últimos años, los teléfonos celulares son el blanco de las y los funcionarios policiales o militares, quienes obligan a periodistas, equipo reporteril, e infociudadanos/as a borrar material. También revisan directamente los equipos, en abierta violación del derecho a la privacidad, a la protección de datos, libertad de expresión e información, e incluso con implicaciones en el derecho a la propiedad.
Desde Espacio Público alertamos sobre la importancia de consolidar hábitos que garanticen niveles mínimos de seguridad para la información que contienen los equipos celulares.
Exigimos que funcionarios de orden público cesen la revisión de equipos personales sin orden judicial; rechazamos la aplicación de ilegal normativa contra el odio y recordamos que la crítica política y la opinión son derechos consagrados en la Constitución Nacional y forman parte del derecho a la libertad de expresión.
- Angélica Rapillosa, Comunicación telefónica. 16 de febrero de 2026 [↩]
