El equipo de defensa de la abogada y directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, informó el 13 de febrero que a la defensora de derechos humanos le dictaron privativa de libertad con sede de reclusión en el Servicio Bolivariano de Inteligencia en El Helicoide, Caracas, tras una presentación violatoria del derecho al debido proceso y una desaparición forzada de más de 70 horas.1
A Alejandro González (expareja de la abogada), también le dictaron privación de libertad, con sede de reclusión en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Caracas. Los otros cuatro familiares de San Miguel: Miranda Díaz San Miguel (hija), Víctor Díaz Paruta (padre de Miranda), Miguel San Miguel (hermano) y Alberto San Miguel (hermano), fueron excarcelados y les impusieron tres medidas cautelares:2
- Presentación periódica ante los tribunales
- Prohibición de salida del país
- Prohibición de declarar a los medios de comunicación
El Ministerio Público informó que la decisión fue tomada en Tribunales la noche del lunes 12 de febrero, cuando ocurrió la presentación de San Miguel y su grupo familiar ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo, con desaparición forzada en curso y la violación de derechos al debido proceso.
El relacionamiento de la familia de San Miguel con el caso sigue el patrón registrado anteriormente como un estrategia de persecución utilizada por la administración de Maduro, denominada Sippenhaft: un castigo colectivo en el que el Estado asume que la responsabilidad se extiende a las y los parientes de la víctima, por lo que son detenidos e incluso sentenciados. Este método alemán proviene del nazismo y fue reseñado por la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas en su investigación sobre Venezuela3.
“En dicha audiencia los fiscales del Ministerio Público solicitaron medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de Traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y Asociación”, señala parte del texto.
La detención de Rocío San Miguel constituye otro caso en el que se consolida la persecución del Estado contra personas que defienden derechos humanos, activistas, periodistas y críticos que han sido detenidos de manera arbitraria, desaparecidos forzosamente y presentados en Tribunales de manera ilegal, en el marco de la discusión de una ley que legalizaría a las organizaciones de la sociedad civil, en contra de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
Es deber del Estado respetar el debido proceso y permitir que las personas detenidas se comuniquen con sus familiares y abogados, y sean conocidos los motivos de detención, lugar de reclusión, Fiscalía y fiscales a cargo del caso. Exigimos la inmediata liberación de la defensora.
- J L González Taguaruco (@gonzaleztjuan). 13 de febrero de 2024. El equipo de defensa de Rocio San Miguel y demás familiares, confirma que fue decretada la privación judicial de la libertad de la Directora de Control Ciudadano y del ciudadano Alejandro González. Se indicó como sitio de reclusión el SEBIN- HELICIODE y la DGCIM, respectivamente. https://twitter.com/gonzaleztjuan/status/1757523773782196409 [↩]
- J L González Taguaruco (@gonzaleztjuan). 13 de febrero de 2024. El equipo de defensa de Rocio San Miguel y demás familiares, confirmamos la excarcelación de Miranda Díaz San Miguel, Víctor Díaz Paruta, Miguel San Miguel y Alberto San Miguel. Presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y prohibición de declarar a los medios. https://twitter.com/gonzaleztjuan/status/1757522536936443998 [↩]
- La Nación. 16 de septiembre de 2021. La justicia de Venezuela tiene un “papel importante” en la represión, según la ONU. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/la-justicia-de-venezuela-tiene-un-papel-importante-en-la-represion-segun-la-onu-nid16092021/ [↩]
