El ente adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) establece una agenda importante en el ámbito de la libertad de expresión que se espera que la sociedad venezolana y sectores gubernamentales tomen en consideración y contribuyan a solventar los problemas que se viven en el ámbito del derecho a la libertad de expresión.
Carlos Correa, director de Espacio Público, atribuye tres grandes elementos que deben resaltarse en el informe. En primer lugar, la referencia que se hace al discurso violento de funcionarios y sus implicaciones en los hechos violentos contra periodistas y medios de comunicación.
“El informe recoge lo que hemos venido planteando organizaciones de la sociedad venezolana y organizaciones internacionales de protección y defensa de la libertad de expresión, en el sentido de que el discurso violento alimenta las agresiones”, señala Correa. El estudio insta a que las máximas autoridades desprecien y condenen todo acto de violencia para incidir en la reducción de este tipo de situaciones.
En segundo lugar, se comenta las recientes modificaciones del marco regulatorio venezolano que, de alguna manera, profundizaron la incompatibilidad del Estado venezolano con ciertos objetivos de la Convención Americana. De esta manera, se cuestiona la recurrente y permanente aplicación de procedimientos administrativos a diversos medios de comunicación.
En tercer lugar, dos temas novedosos trata la Cidh en su informe. Primero, hay un cuestionamiento de las cadenas presidenciales obligatorias en radio y televisión, que son de algún modo un tipo de censura y no se ajustan a los estándares internacionales para las restricciones. Y segundo, los procesos de aplicación de censura por vía indirecta y de otro tipo al sector de las artes.
Estas temáticas son un llamado de atención para el Estado de Venezuela y la sociedad civil para que se debata y se promueva soluciones para el derecho de información y comunicación en nuestro país.
Por otra parte, William Echeverría, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, considera “importante sentir este respaldo internacional, que es el único mecanismo que nos queda para exigir justicia y el cese de la impunidad” porque Conapro a acudido a “las instancias nacionales para que se ubiquen a los responsables de las agresiones a los trabajadores de la comunicación y se ha obtenido respuesta” indicó Echeverría.
Marcos Ruiz, secretario nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), insistió en “reivindicar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Además resaltó “su carácter inclusivo del informe de la CIDH en el área, porque da cabida a los distintos casos de violaciones a la libertad de expresión, sin importar si ocurren en medios públicos o privados”.
Ruiz hizo énfasis sobre el estado de los casos de las agresiones a los comunicadores sociales se encuentran en su primera fase, “no se han dado procesos judiciales, imputaciones o pronunciamientos al respecto”, con lo cual se favorece la impunidad.
El secretario nacional del SNTP, hizo referencia a las agresiones de los 12 periodistas de la Cadena Capriles ocurrida en agosto del 2009, que transcurrido los 6 meses “no se ha presentado un acto conclusivo, tal como lo establece el Código Procesal Penal” indicó Ruiz.
Conapro es la coalición que reúne el esfuerzo del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Espacio Público y el Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV) para velar por la seguridad y protección de la integridad de los trabajadores de la comunicación de Venezuela en el ejercicio de sus actividades.
