En el transcurso del año 2012, autoridades del gobierno nacional, gremios periodísticos, así como organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión, han denunciado agresiones hacia medios y periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos (SNTP) y se pronunciaron en contra de estos hechos violentos. Los patrones de estas violaciones a la libertad de expresión se repiten en contra periodistas y medios de comunicación públicos, independientes y privados desde, al menos, la última década.
El Estado venezolano, en el contexto del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra el año 2011, rechazó las recomendaciones de protección a la libertad de expresión realizadas para protección de medios y periodistas, a pesar de estar en conocimiento de las múltiples violaciones de las que éstos han sido víctimas. En este proceso, Venezuela se opuso a las propuestas de los países que solicitaron mejores condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y la reducción de la impunidad de los ataques contra periodistas y medios de comunicación, tanto de medios del Sistema Nacional de Medios Públicos como de los medios privados.
La Comisión Nacional de Protección de los Periodistas (Conapro), el día 23 de noviembre de 2011 en que se conmemoró por primera vez el Día Mundial contra la Impunidad, realizó un llamado a la acción al Ministerio Público mediante una petición dirigida firmada por 291 personas, exigiendo justicia por aquellas agresiones contra periodistas y ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión. La respuesta a esta petición es tarea pendiente para la Fiscalía General de la República.
La CONAPRO, continuamente realiza seguimiento a las denuncias realizadas por los periodistas víctimas de violencia en Venezuela y documentado una parcialización en la justicia. Ello se evidencia en una disposición y eficacia para llevar a cabo vigorosamente las investigaciones cuando se trata de periodistas y medios de comunicación del SNMP, y la mayor impunidad en los casos de periodistas que trabajan en medios privados o independientes, aplicando un doble estándar discriminatorio en las investigaciones y procura de la justicia.
La Comisión Nacional de Protección de los Periodistas, en su misión de defensa y protección de los periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de la prensa, afectados en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión expresa lo siguiente:
- Rechaza enérgicamente las agresiones contra todos y cada uno de los periodistas y medios de comunicación venezolanos.
- Exige al Ministerio Público que desarrolle las investigaciones pertinentes a todos y cada uno de los casos de agresiones a periodistas, sin criterios de distinción.
- Exige al Estado venezolano garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades profesionales, investigando y sancionando cualquier agresión proveniente de funcionarios públicos o particulares.
- Demanda a las diversas autoridades públicas una política de respeto; garantías de transparencia y acceso no discriminatorio a todos los periodistas y comunicadores que realizan cobertura informativa en las diversas instancias de los distintos poderes públicos.
- Pide a responsables políticos del partido de gobierno y de oposición desarrollar prácticas que permitan el resguardo de la integridad de todos los periodistas, camarógrafos, personal técnico y comunicadores que realizan labores de cobertura noticiosas a los eventos electorales.
- Pide a comunicadores y periodistas el mayor respeto en la relación con candidatos, funcionarios y militantes políticos y refrenar los intentos de convertir la cobertura informativa en un escenario de atropello amparándose en la protección que brinda el ejercicio profesional de la libertad de expresión.
- La libertad de expresión también incluye garantías para que las personas escojan la oportunidad para expresarse y no puede convertir toda actividad pública en una confrontación llena de adjetivos descalificatorios por parte de personas que asumen la comunicación informativa como una trinchera bélica.
- Las autoridades deben absternerse de realizar declaraciones públicas que propicien agresiones o intimidación a comunicadores sociales.
El derecho humano a la libertad de expresión comprende dimensiones individuales y sociales que la relaciona estrechamente con la realización de otros derechos civiles, políticos, económicos y sociales. La garantía plena de este derecho es requisito indispensable para la fortalecimiento del sistema democrático porque permite una genuina y autentica participación para todas las personas en la diversidad de asuntos públicos.
CONAPRO está integrada por representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV) y de la ONG Espacio Público.
Caracas, 29 de mayo de 2012.
