La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que a partir del 21 de septiembre se iniciarán la exhumaciones de las víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y primeros días de marzo de 1989, que se encuentran en el Cementerio General de Sur en el sector La Peste.
El Comité de familiares de víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y primeros días de marzo de 1989 (Cofavic) enviaron una comunicación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer los argumentos que colocan en tela de juicio la idoneidad del proceso de identificación de los cuerpos.
Para Cofavic la presencia de efectivos militares para resguardar el área de trabajo, así la utilización de utilización de un galpón ubicado en el Fuerte Tiuna para la realización de los estudios de reconocimiento e identificación, son razones suficientes para dudar de la transferencia del proceso.
En su comunicado Cofavic a Corte Interamericana de Derechos Humanos expone que considerando que “buena parte de los presuntos responsables de los crímenes cometidos en los sucesos del Caracazo son presuntamente funcionarios militares activos lo que genera dudas sobre la plena independencia del equipo de expertos que ejecutará la exhumación”.
Sin embargo, Cofavic no cuestiona las habilidades técnicas de los expertos convocados pero considera que el estudio debería ser realizado por “expertos foráneos como el equipo de Antropología Forense de Argentina”.
Por otra parte, la Fiscalía General “calificó como innecesaria la propuesta de representantes de una Organización No Gubernamental (ONG) que exigieron la participación de expertos extranjeros durante la exhumación", tal como aparece reseñado en su sitio web.
Asimismo, Cofavic solicita a la Corte que respalde la solicitud de la presencia del del equipo de Antropología Forense de Argentina para que el Estado venezolano cumpla la sentencia del 29 de agosto de 2002 sobre el caso. Además, piden que se mantenga informado a las víctimas y sus representantes sobre las actuaciones para que se cumpla lo establecido en la sentencia.
Cofavic exige al Ministerio Público que se abstenga de utilizar personal militar “para el resguardo y manipulación de la evidencia hallada en las fosas de la Peste”.
