Aún faltando dos meses en espera por una decisión de la Corte ante la audiencia por el caso de los magistrados, la CIDH alegó el viernes 01 de febrero que el despido es una “grave violación de su derecho a un debido proceso por la falta de motivación de la decisión que los destituyó y sin que tuvieran a su disposición un recurso sencillo, rápido y efectivo que se pronunciara sobre la destitución”.
Por un bando, representando a los destituidos, Apitz señaló que ésta es su manera de impulsar un cambio en el Poder Judicial. “En Venezuela no hay justicia, no hay un Poder Judicial autónomo, independiente e imparcial, la justicia en Venezuela está politizada”, sostuvo.
La representante del Estado, Mayerling Rojas, afirmó que los magistrados tuvieron acceso a las instancias jurídicas del país para resolver el caso. Asimismo indicó que la destitución fue resultado de la incompetencia de los magistrados, y no de una decisión política.
