“Lejos de protegerme, el Estado me está persiguiendo y criminalizando mucho más, por atreverme a alzar la voz y porque un organismo internacional llamó la atención sobre lo que ellos me han hecho”, dijo la periodista Andreína Baduel, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 44/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares a su favor. 1.
Estas medidas salen luego de que la CIDH considerara que Baduel se encuentra en una “situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
Baduel ha denunciado públicamente desde 2020, tanto en el ámbito local como en el internacional, que a su hermano Josnars Baduel se le ha violado el debido proceso. Josnars fue detenido y acusado de estar involucrado en la Operación Gedeón, una presunta incursión marítima en contra del presidente de Venezuela. 2.
La activista ha hecho su incidencia pública acompañada, además, del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), creado en 2022 para hacer exigibilidad de los derechos de las personas presas por razones políticas.
Las redes del comité han sido sus plataformas para difundir sus denuncias y demandas. “A raíz de eso mis familiares han sido sometidos a desaparición forzada, tratos crueles. Pero en simultáneo, con las medidas cautelares de la CIDH, el hostigamiento y la persecución hacia mi y mi familia se han intensificado”, destacó en entrevista realizada el 2 de julio de 2025.
Incluso comentó que hace dos semanas, “en esta nueva fase de amedrentamiento, hubo dos días continuos en los que tuve que denunciar el asedio a mi residencia y a mi familia (…) Siguieron a mi hermana, le impidieron salir de la casa y por eso me vi obligada a hacer la denuncia pública”. La persecución contra su familia no se ha detenido. Ha escalado, afirmó.
“Esta tarde, al intentar salir de nuestra casa, una camioneta FordRunner, dorada, sin placas bloqueó el estacionamiento. En segundos, todos los vehículos que nos vigilaban se activaron y montaron una alcabala improvisada frente a nuestra vivienda, impidiéndonos salir. Frente a nuestra casa permanecen funcionarias femeninas de la PNB, funcionarios encapuchados y patrullas del CICPC. Este despliegue no es protección. Es cerco. Es vigilancia. Es persecución”. 3.
“Mi hermano Josnars Baduel, sigue detenido injustamente desde hace cinco años, después de haber sido víctima de torturas y tratos crueles e inhumanos. Hoy, en el Rodeo I, su salud sigue deteriorada, y cada día de encierro profundiza ese daño… Y precisamente hoy, Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, lo que estamos viviendo pasa a ser también una tortura psicológica. Una forma silenciosa de querer quebrarnos, de callarnos, de hacernos retroceder”. 4.
Baduel, hija del general Raúl Baduel, fallecido bajo custodia del Estado, 5, menciona otros episodios de amenaza en su contra, por ejercer el activismo y la defensa de los derechos humanos.
Activismo en riesgo
El trabajo que hacen defensores y defensoras de derechos humanos es de riesgos, y Andreína Baduel lo sabe. Sus declaraciones muestran que entiende que al alzar su voz para promover y proteger los derechos y las libertades fundamentales conlleva enfrentar fuerzas adversas en las que están envueltas personas, grupos u organizaciones en posiciones de poder.
El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger su vida, libertad, integridad y seguridad, así como garantizar sus derechos a la libertad de reunión y manifestación pacífica, a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y a la libertad para participar directamente en los asuntos públicos.
“Al ser la defensa de los derechos humanos un derecho humano de toda persona, la protección de los defensores y defensoras deriva de la obligación del Estado de: a) proteger todos los derechos humanos, b) prevenir y evitar los riesgos que éstos corren por las características de su labor y c) asegurar un entorno favorable y seguro para que trabajen libremente y sin temor, puesto que las medidas o los actos que se ejecuten en su contra repercuten negativa y directamente sobre el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto al estado de derecho”. 6.
Baduel(39), contó que en diciembre del año 2024, por toda esta incidencia y la labor que viene liderando con Clippve, fue citada por la División contra Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), “por la supuesta apertura de una investigación por las denuncias que se realizan en redes sociales, en las cuentas del comité y bueno, como saben que los números de los teléfonos del comité están a mi nombre, por ello me citaron a una apertura de una investigación, pero al final era parte del amedrentamiento para silenciarme”.
Cuando fue aprehendido su hermano Josnars, solicitó un habeas corpus, en mayo del 2020, “y la respuesta del TSJ fue imponer una multa. Ordenó a la fiscalía que me abriera una investigación, porque supuestamente, con mis denuncias estaba cometiendo supuestos hechos punibles. Entonces siempre ha habido hostigamientos, amenazas, que además se traducen a más violaciones de derechos humanos, porque en el caso de mi familia son sometidos a desapariciones forzadas, a islamientos, a tortura, a suspensiones arbitrales de visita, y un grave historial de tratos crueles en humanos y violadores”, narró.
La multa que se le impuso fue de 50 unidades tributarias (UT), la cual según el TSJ debió pagar en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos nacionales dentro de los 30 días continuos siguientes a la notificación de la decisión. 7.
“Lejos de preservar la vida de mi hermano, lejos de darme respuesta de su situación, la respuesta fue criminalizarme. El TSJ declina el habeas y ordena a la Fiscalía la apertura de una investigación, pero después de eso a mí no me han informado cuál es el estatus. No han querido decirme nada ni darme información al respecto”, comentó.
Declarar improcedente el habeas corpus es una práctica recurrente del Estado venezolano. Por citar otro caso, en enero de este año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que un tribunal del país rechazó el recurso de habeas corpus introducido por la defensa del periodista Julio Balza, miembro del equipo de comunicación de la líder opositora María Corina Machado, quien se encontraba desaparecido desde el 10 de enero. 8.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el habeas corpus “es esencial” para “controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Desde el momento en el que Baduel se enteró por redes sociales de la detención de su hermano hasta la fecha, le han negado todo tipo de información procesal penal, le han impedido verlo en varias oportunidades y por largo tiempo y no le han informado sobre su estado de salud.
Todo esto revictimiza a la periodista y activista y genera una afectación colateral. En el campo social y laboral se ha visto impedida y limitada. Todo, dijo, está condicionado a su apellido y a su incidencia pública.
“Me cambió absolutamente todo. Lo que ha vivido mi familia y todo lo que eso ha acarreado por atreverme a alzar la voz y por no ser indiferente a la realidad de los míos y de otros. No tengo una vida cotidiana como la puede tener cualquier venezolano. Y si para cualquier venezolano la situación en el país es difícil, para mí es mucho más por ser perseguida. No hay momentos de calidad, mientras mi hermano está preso, mientras que otros están presos; mientras la muerte de mi padre sigue impune y mientras yo sepa además que hoy es una realidad el patrón de persecución a la disidencia en Venezuela y que no hay justicia. No tengo una vida igual que las demás”.
Andreína se graduó a los 26 años de periodista. Su carrera no la ha podido disfrutar ni ejercer a plenitud. “Para mí siempre ha estado bloqueada esa opción, la de ejercer. Incluso para mis trabajos de investigación en la universidad que tuviese relación con entes públicos, con acceso a información oficial, siempre me apoyé en compañeros, porque cuando veían mi apellido no me daban información o acceso a nada”.
Cuando busca empleo también encuentra barreras. Le dicen: te consideramos, te queremos, sabemos lo que vives, pero lamentablemente no te podemos tener aquí por lo que ya sabes.
Ahora ¿qué espera Andreína de todo esto? “Espero, con el favor de Dios, que haya justicia y que se construya memoria. Para eso estoy dando mi aporte, para que se construya memoria histórica. Estoy haciendo lo que la ley prevé, apoyándome en los mecanismos internacionales para seguir denunciando, visibilizando, documentando las violaciones de derechos humanos”.
Patrones al acecho
Intimidación, definida como el acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.
Hostigamiento judicial, entendido como amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio, periodista o ciudadano, demandas por daños y perjuicios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas y reporteros de revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.
Esos son do tipos de violaciones a la libertad de expresión que Andreína Baduel ha registrado y denunciado públicamente como recurrentes; los cuales se mezclan el clima de intimidación constante al que están sometidos los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos, que informan o ejercen el activismo por los derechos humanos.
El monitoreo independiente que levanta Cofavic, desde el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, registró desde enero de 2022 hasta octubre de 2024, más de 1700 ataques en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. De los cuales más del 80 % se atribuyen al Estado. 9.
Desde Espacio Público hemos documentado frecuentemente amenazas constantes hacia quienes informan, denuncian o ejercen activismo en pro de la defensa y promoción de los derechos humanos y hemos detectado que el Estado es el mecanismo principal que limita el espacio cívico y controla el discurso público, lo que se traduce en criminalización, restricciones a las voces disidentes y en la falta de acceso a la justicia. Esto refleja la gravedad del retroceso de derechos que atraviesa Venezuela.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 18 de junio de 2025. CIDH otorga medidas cautelares a Andreina Baduel en Venezuela. Recuperado en https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2025/123.asp&utm_content=country-ven&utm_term=class-mc [↩]
- Tal Cual. 8 de mayo de 2020. Familiares de Adolfo Baduel desconocen su paradero a cuatro días de su captura. Recuperado en https://talcualdigital.com/familiares-de-josnars-adolfo-baduel-desconocen-su-paradero-tras-ser-capturado-en-chuao/ [↩]
- @AndreinaBaduel. 26 de junio de 2025. La persecución contra mi familia no se ha detenido. Ha escalado. Recuperado enhttps://x.com/andreinabaduel/status/1938352494662525192?s=48 [↩]
- Idem [↩]
- Provea. 11 de octubre de 2022. Informe Especial | “La muerte lenta de Raúl Isaías Baduel”. Recuperado en https://provea.org/publicaciones/informe-especial-la-muerte-lenta-de-raul-isaias-baduel/ [↩]
- Civilis. La protección de los defensores y las defensoras de los derechos humanos. Recuperado en https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/La-protecci%C3%B3n-de-defensores-de-derechos-humanos.pdf [↩]
- Acceso a la Justicia. 15 de mayo de 2020. Declaran improcedente el hábeas corpus en favor de Josnars Adolfo Baduel, señalado por voceros del gobierno como miembro de la operación Gedeón. Recuperado en https://accesoalajusticia.org/declaran-improcedente-el-habeas-corpus-en-favor-de-josnars-adolfo-baduel-senalado-por-voceros-del-gobierno-como-miembro-de-la-operacion-gedeon/ [↩]
- SWISSINFO. 15 de enero de 2025. Tribunal de Venezuela rechaza hábeas corpus para periodista detenido Balza, dice sindicato. Recuperado en https://www.swissinfo.ch/spa/tribunal-de-venezuela-rechaza-habeas-corpus-para-periodista-detenido-balza%2C-dice-sindicato/88723629 [↩]
- Cofavic. 18 de marzo de 2025. OMCT sobre Venezuela: personas defensoras de derechos enfrentan un entorno torturante. Recuperado en https://cofavic.org/omct-sobre-venezuela-personas-defensoras-de-derechos-enfrentan-un-entorno-torturante/ [↩]
