El 1 de mayo, en horas de la madrugada, fue allanada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) la sede de la organización internacional promotora de Derechos Humanos “Un Mundo sin Mordaza y la ONG de formación en Derechos Humanos “Humano y Libre” que recientemente han impulsado campañas como “SOS Venezuela” y “Tu voz es tu poder”. Esta casa servía también de espacio para varias agrupaciones sociales y artísticas de la sociedad civil venezolana.
Anabel Navarro Camero, directora de Un Mundo sin Mordaza señaló que “los funcionarios se llevaron arbitrariamente detenido a Yeimi Varela, quien desde hace más de 20 años cuida la casa”.
También responsabilizaron al Gobierno “por cualquier eventualidad que pueda sucederle a los directores o miembros de estas organizaciones civiles que hacen vida en esta casa, así como el estado de salud de Varela cuyo estado de salud”.
Con este allanamiento la Constitución Nacional y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se establece en su artículo 17 que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”.
Además, de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, sólo en casos debidamente fundados, y con una orden expedida por un Juez de Control Penal, bajo estrictas normas acerca de su contenido, finalidad y procedimiento, funcionarios de cuerpos policiales de investigaciones podrán ingresar a algún lugar con la finalidad de realizar un registro.
Según Un Mundo Sin Mordaza no existió una orden expedida por un Juez para realizar el allanamiento, tampoco existe elemento alguno para fundamentar una violación a la privacidad del domicilio de este tipo ni se realizó con las garantías de debido proceso necesarias.
Las autoridades públicas deben abstenerse de violar la privacidad del domicilio de las personas y organizaciones, particularmente si este tipo de actos se ejerce con el propósito de intimidar y atacar a quienes ejercen la defensa de los Derechos Humanos. Este tipo de hechos debe ser debidamente investigado y sancionado por el Estado venezolano.
