La Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información denuncia ante la opinión pública del continente americano que el gobierno de Venezuela ha creado un organismo destinado a censurar la libertad de expresión e impedir el acceso a la información pública, violando las normas internacionales que garantizan esos derechos fundamentales.
El Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA) creado por un decreto presidencial venezolano, otorga a su director el poder de “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia”. Esto significa que en Venezuela se ha oficializado la censura previa de prensa y la eliminación del acceso a la información pública. El hecho se torna más grave porque deja a la decisión arbitraria de una persona decidir que información se difunde y cual se mantiene en secreto.
Esta norma viola las declaraciones Universal e Interamericana sobre los derechos humanos y las convenciones mundial y regional sobre la lucha contra la corrupción, sustentos de un Estado democrático.
En especial violenta gravemente el artículo 13 de la Convención Americana que garantiza la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. El ejercicio de estos derechos no puede estar sujeto a previa censura y sus limitaciones ulteriores deben estar expresamente fijadas por ley.
Aún para el caso de limitaciones posteriores la Convención solo admite las fundadas en el respeto a los derechos y la reputación de los demás o, en el orden público, la seguridad nacional, la salud o moral públicas, pero en todos estos casos deben ser estrictamente “necesarias” para un Estado democrático.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que Venezuela adhiere y reconoce, es rico en instrumentos y pronunciamentos sobre la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información. Los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública se han desarrollado en forma sostenida y es claro que el decreto firmado por el presidente Hugo Chávez no cumple con ninguno de ellos.
De acuerdo a la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”. (Principio 5°)
Por ello, la Alianza Regional, que agrupa a 24 organizaciones de 18 países de las Américas, solicita al Gobierno venezolano derogar el mencionado decreto presidencial y pide a todas las organizaciones defensoras de la libertad de expresión e información sumar su voz de protesta contra esta decisión de vulnerar las libertades de expresión y acceso a la información.
Una vez más es el momento de reafirmar que la libertad de expresión es la piedra angular del sistema democrático y que cuando esa libertad comienza a ser desconocida, todo el sistema institucional se debilita.
Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información
