Durante el mes de abril se profundizó la criminalización y el estigma hacia los/as periodistas en Venezuela, así como a la prensa independiente en general. Registramos 16 casos que suman 34 violaciones del derecho a la libertad de expresión, con ataques, acusaciones y detenciones arbitrarias que impidieron el ejercicio de la labor periodística.
A pesar de haberse registrado una leve disminución del 6% del número de violaciones con respecto al año anterior (dos menos), los victimarios siguen siendo en su mayoría relacionados con funciones estatales, siendo fuerzas de seguridad las que con más frecuencia vulneran el derecho a la libertad de expresión (47%), seguidos por instituciones y funcionarios del Estado (40%). Destaca que el 37% de los casos ocurrieron en el entorno digital, 6 en total.
A pocos meses de la elección presidencial, la ciudadanía y los medios de comunicación siguen convirtiéndose en los principales objetivos de funcionarios, instituciones y órganos represores del Estado venezolano.
El 1° de abril, el Ministerio Público inició una investigación en contra del periodista Orlando Avendaño por “instigación al odio” tras unas publicaciones que hizo en la red social X semanas atrás. El fiscal general designado por la ilegal asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, tomó como base los tuits para vincularlo con supuestas intenciones insurreccionales.
Saab vinculó a Avendaño con una supuesta operación del partido opositor Vente Venezuela y lo acusó de ser pagado por la dirigente María Corina Machado. Mencionó otra publicación de Avendaño en la que, asegura, “despotrica e insulta a autoridades del Estado”, por lo que designó a la Fiscalía 19 Nacional para investigar al periodista por el supuesto delito de “incitación al odio”.
Personal de la empresa Híper Líder impidió el 4 de abril que el periodista y director del portal informativo La Revista del Tuy, Reneé Herrera, ingresara a uno de sus establecimientos ubicado en Cúa, municipio Urdaneta del estado Miranda (norte), luego de que el medio publicó una denuncia de trabajadores de la cadena de supermercados.
Un funcionario de seguridad le indicó a Herrera que no podía entrar al establecimiento y también se impidió el acceso al equipo reporteril de Nueva Cúa Profunda. Ambos medios solicitaron declaraciones a la gerencia de la empresa para conocer la razón de la medida, pero no obtuvieron respuesta. El mismo 4 de abril, trabajadores de Híper Líder protestaron afuera del local por despidos injustificados e insegurida laboral.
El 15 de abril, dos hombres encapuchados y vestidos de negro se llevaron por la fuerza al periodista y activista Carlos Julio Rojas mientras caminaba cerca de su casa en la parroquia Candelaria, en Caracas. Posteriormente, Tarek William Saab informó en su cuenta de X que detuvieron a Rojas por una supuesta vinculación con un “intento de magnicidio” el 25 de marzo.
En la noche del 17 de abril, Carlos Julio Rojas fue presentado ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo, sin que se le permitiera el derecho a una defensa de su confianza y sin poder comunicarse con sus familiares y abogados.
Al día siguiente, familiares de la víctima informaron que se encontraba recluido en la sede del SEBIN de El Helicoide, en Caracas, lugar que ha sido señalado como centro de torturas y tratos crueles en informes independientes de la Misión de Determinación de Hechos y la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU. Al 1° de mayo, Rojas aún se mantenía completamente incomunicado.
En el estado Nueva Esparta, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) grabaron al periodista y corresponsal de Unión Radio y La Patilla en la entidad, Dexcy Guédez, mientras cubría el último día de jornada de inscripción en el registro electoral, el 16 de abril.
En la tarde del mismo día, un ciudadano le envió a Guédez un reporte en video de la jornada en Punta de Piedras, municipio Tubores, que el periodista publicó en redes sociales. Luego de eso, un funcionario de la GNB llamó al periodista y le “ordenó” eliminar el video; de lo contrario, quien le envió el material iba a quedar detenido.
El 21 de abril, un funcionario de la GNB mantuvo detenida durante media hora a la periodista y corresponsal de El Medio, Nicole Gómez Cubillán, y la obligó a borrar el material informativo que había registrado sobre una jornada de consulta nacional organizada por el gobierno de Nicolás Maduro.
Gómez estaba cubriendo la consulta en el Colegio Doña Menca de Leoni de Lechería, en el estado Anzoátegui (noreste), cuando el funcionario la detuvo hasta que borró las imágenes captadas. Tras ser liberada, el efectivo de la GNB y un miembro de mesa la siguieron hasta su vehículo y fotografiaron la placa y modelo del auto.
Aumenta la lista de emisoras cerradas
La emisora Excelente 107.9 FM que operaba en Upata, municipio Piar del estado Bolívar (sur) fue cerrada el 5 de abril por órdenes de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quienes se llevaron una consola, una CPU y un excitador durante el procedimiento.
El periodista y locutor de Excelente 107.9 FM, Carlos Alberto Ascanio, dijo que ya son cuatro las emisoras cerradas por las autoridades en la ciudad de Upata, junto con Especial 95.5 FM, Global 94.3 FM y Bendición Stereo 93.3 FM, que salió del aire en marzo.
Funcionarios de la Conatel ordenaron el 12 de abril el cese de operaciones de la emisora Radio Cristal 610 AM que operaba en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara (noroeste). El día del cierre, los funcionarios entregaron dos resoluciones: una firmada por el ministro de Comunicación, Alfred Ñáñez, y otra por el director de la Conatel, Jorge Márquez.
En ambos documentos se informaba que Radio Cristal 610 AM quedaba fuera del aire por el supuesto “vencimiento de la concesión”. El propietario de la emisora, Orlando Fernández, desmintió lo indicado en las resoluciones sobre que la emisora no había solicitado la renovación desde 2007. “Mostramos la documentación, pero no valió de nada”, dijo.
La Conatel también ordenó el cierre de la emisora Radio Minuto 106.1 FM en Barquisimeto, estado Lara (noroeste), luego de 30 años de transmisión ininterrumpida. Los funcionarios del ente regulador llegaron a la sede del medio el 26 de abril e informaron que debía cerrar porque estaba operando con la concesión vencida.
La concesión de Radio Minuto 106.1 FM venció en 2013 y, de inmediato, solicitaron la renovación, pero no obtuvieron respuesta desde la Conatel. El personal de la emisora le mostró a los funcionarios todos los documentos que avalan la solicitud de renovación, sin respuestas, a lo que hicieron caso omiso y continuaron con el cierre.
Ciudadanía censurada
Personal del Estadio Nacional Brígido Iriarte de El Paraíso, en Caracas, revisó las pancartas que llevaron algunas personas al juego que disputó la selección femenina de fútbol de Venezuela el 8 de abril. Los funcionarios a cargo del operativo de seguridad afirmaron que la revisión se hizo para verificar que las pancartas no tuvieran contenido crítico al gobierno de Nicolás Maduro.
Una de las personas asistentes relató que el personal del estadio obligaba a abrir por completo las pancartas para verificar los mensajes que contenían. “Es como ilógico cuando se trata de un partido de fútbol y que mayormente las que llevan pancartas son niñas pidiéndole a las jugadoras sus camisas o tomarse fotos con ellas”,
El estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Franco Gil, fue amenazado y hostigado por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) por tomar una fotografía en las inmediaciones de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante el último día de inscripción y actualización en el registro electoral.
El funcionario le exigió, sin argumento legal alguno, que borrara el material o de lo contrario, “se iba a meter en serios problemas con ellos (el CICPC)”. Gil le preguntó si había alguna razón o ley específica que le impidiera tomar fotos y el sujeto solo le dijo que eran “órdenes de arriba”.
Funcionarios del SEBIN detuvieron el 27 de abril al ciudadano Oscar Castañeda en Turén, municipio Santa Rosalía del estado Portuguesa (oeste), horas después de que habló en un acto de la dirigente María Corina Machado. Los funcionarios se llevaron al ciudadano a los golpes de su casa, violando el debido proceso y sin orden de detención alguna.
Al día siguiente, la ONG Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) alertó sobre la detención del director del comando de campaña de Machado en Santa Rosalía, Víctor Castillo, y a la vicepresidenta de organización municipal del partido Primero Justicia, Ámbar Márquez.
Internet
La cuenta en la red social X del medio digital TalCual fue vulnerada por desconocidos durante la tarde del 16 de abril, según informaron sus periodistas. TalCual recuperó el acceso a su cuenta más de cinco horas después del incidente.
