Un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) amenazó y hostigó el 16 de abril al estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Franco Gil, por tomar una fotografía en las cercanías de la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas.
Según relató Gil a Espacio Público, el hecho ocurrió mientras hacía una fila en la sede del CNE de Plaza Venezuela con un grupo de estudiantes universitarios que iban a inscribirse en el registro electoral.1
“Yo estoy haciendo la cola y tomo una foto de la cola para pasársela a un amigo que me estaba preguntando si estaba corta o larga. En lo que la tomo, un funcionario del CICPC se me acerca y me dice que no puedo tomar fotos de ningún tipo”, dijo el estudiante.1
El funcionario le exigió -sin argumento legal alguno- que borrara el material o, de lo contrario, “se iba a meter en serios problemas con ellos (el CICPC)”. Gil le preguntó si había alguna razón o ley específica que le impidiera tomar fotos y el sujeto solo le dijo que eran “órdenes de arriba”.1
“Prácticamente me hizo meterme en la galería del teléfono para verificar que estuviera eliminada”, dijo. El estudiante de la UCV agregó que la foto tomada “realmente no comprometía” y que no era algo que pudiera considerarse “polémico”.1
La amenaza y el hostigamiento en contra del estudiante Franco Gil viola su derecho a expresarse libremente y busca sentar precedente para evitar críticas o divulgaciones por parte de la ciudadanía que puedan ser contrarias al discurso oficial.
El hostigamiento surge en medio de reclamos sociales por las restricciones y dificultades para la inscripción en el Registro Electoral frente a los próximos comicios presidenciales.
Las y los ciudadanos tienen pleno derecho a registrar con sus propios medios situaciones de interés público, principalmente aquellas que puedan relacionarse con órganos y funcionarios del Estado, dado que abona al debate público y la contraloría social.
Foto principal: Daniel Hernández / El Estímulo.
