Cinco años del apagón: ¿Qué pasó y por qué afectó nuestros derechos?

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En el año 2019, Venezuela sufrió una serie de apagones y fallas en el servicio eléctrico  que dejaron sin luz a  las 23 entidades que conforman el territorio nacional.

El primer apagón se registró la tarde del 7 de marzo a las 4:55 pm hora local, producto de una supuesta falla en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, localizada en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. La falla, que duró entre cinco y siete días continuos en algunos estados, no solo afectó seriamente al sector eléctrico nacional y provocó graves problemas en el sector laboral, bancario, industrias, comercios, hospitales y otros servicios básicos como: transporte, agua y gas doméstico. También comprometió la protección y el ejercicio de múltiples derechos como los sociales, culturales y económicos. 

Aunque el servicio lo restablecieron de manera parcial el día 14 de marzo, algunas regiones y estados permanecieron a oscuras, particularmente las regiones fronterizas con Colombia. 

Diecinueve días más tarde, el lunes 25 de marzo, a la 1:30 pm, se registró el segundo apagón que dejó sin energía a gran parte del país. Algunos reportes señalaron que al menos 17 estados se vieron afectados por el corte masivo del servicio eléctrico. El tercer y último apagón ocurrió el viernes 29 del mismo mes y se afectaron al menos 21 estados del país. 

Después de los tres grandes apagones que dejaron sin servicio de luz eléctrica a Venezuela, el gobierno que preside Nicolás Maduro implementó un plan de racionamiento eléctrico en el mes de abril.  

Fallas eléctricas, apagones digitales e informativos: limitan la difusión de información y restringen la Libertad de expresión en Venezuela 

Durante los tres apagones que ocurrieron en Venezuela en marzo de 2019, las actividades diarias de la población se vieron fuertemente afectadas, inclusive, las dinámicas de los ciudadanos para expresarse, comunicarse y compartir información.  

Venezuela no solo vivió las consecuencias de un sistema eléctrico debilitado por la falta de inversión, mantenimiento y modernización de las centrales hidroeléctricas del país con graves y enormes efectos en la red de servicios públicos de la nación. Las prolongadas y consecutivas interrupciones en el servicio eléctrico, también incidieron en la infraestructura de las telecomunicaciones que alteraron el funcionamiento de las conexiones de internet y los servicios de telefonía móvil y fija, las cuales provocaron dificultades en la ciudadanía para acceder a la información y para comunicarse. 

Paralelamente a las fallas estructurales del servicio eléctrico y las de la infraestructura de telecomunicaciones, un clima de intimidación e inhibición se generó en los medios de comunicación  producto de las posibles represalias por las labores de difusión y cobertura que hicieron los periodistas.

Asimismo, bloqueos en línea y privaciones ilegítimas de libertad, violentaron la libertad de información y expresión durante el apagón masivo que se produjo en marzo del 2019. 

El observatorio Ve Sin Filtro, que se encarga de monitorear la actividad de internet en Venezuela, registró el 7 de marzo, una caída del 82 % en el tráfico de Google, limitando la conectividad y el acceso a información de los/as venezolanos/as en las primeras horas del apagón.

Imagen: @VeSinFiltro

Mientras que Netblocks, organización sin fines de lucro que también se ocupa de hacer seguimiento de la actividad de internet, reportó que para el sábado 9 de marzo, el 96 % de la infraestructura de telecomunicaciones del país, estuvo caída. 

Por su parte, Espacio Público, documentó 468 casos de violaciones a la libertad de expresión durante el 2019, marcado por los “altos niveles de conflictividad social y una fuerte represión ejercida desde distintos organismos de seguridad del Estado”. Particularmente los datos sugieren que el mayor número de casos se concentró en el primer trimestre del año coincidiendo con  la marcha opositora del 23 de enero convocada por Juan Guaidó, el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela y la caída del sistema eléctrico nacional en marzo.

La difusión de noticias, denuncias y opiniones también las sometieron a fuertes restricciones en pleno contexto del colapso energético. Un caso que da cuenta de esto es el del periodista Luis Gonzalo Pérez, a quien el viceministro de Transporte, Juan Carlos Duque, lo hostigó mientras cubría la recolección de agua en el río Guaire  por parte de los vecinos de la parroquia San Agustín., en Caracas.

Igualmente, destaca el caso de Florantonia Singer, corresponsal de El País de España, a quien despojaron de su teléfono celular mientras hacía labores de cobertura periodística en el sector Las Minas en el municipio Baruta, estado Miranda, en medio del apagón eléctrico.

Estos casos de obstaculización y limitación del trabajo periodístico representan un claro  patrón para sembrar terror y silenciar las voces críticas o contrarias, que implementaron los cuerpos de control y seguridad del Estado venezolano.

La censura hacia los medios de comunicación,  periodistas y a la labor de difusión de contenidos, representan una violación al ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información, así como un socavamiento de las libertades democráticas.

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¿Cómo se informó la población?

Tras la falla eléctrica de hace cinco años, la ciudadanía buscó generar mecanismos para mantenerse informada sobre lo que pasaba, así como formas para comunicarse con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Esto resultó una tarea difícil debido a que como consecuencia del apagón y las fallas eléctricas que se generaron posteriormente, la calidad de las telecomunicaciones se vio severamente afectada. Los servicios de telefonía móvil y los servicios de internet permanecieron con fallas recurrentes producto de la situación.

Espacio Público llevó a cabo el 10 de marzo una encuesta para conocer algunos aspectos relevantes sobre las consecuencias de la falla eléctrica masiva. Mediante un instrumento que difundió en Twitter (ahora X), consultó cómo se informó la población durante el apagón. Según los resultados, los venezolanos se informaron principalmente mediante datos móviles (46 %), luego por conversaciones (presenciales) con vecinos, familiares o amigos (25 %) y por la radio (22 %).

En el caso de quienes se informaron mediante el uso de datos móviles, aseguraron poder cargar sus teléfonos celulares en vehículos o con baterías externas. Para obtener cobertura debían caminar hasta lugares en donde sus teléfonos tenían señal. Principalmente, se informaron a través de WhatsApp, a partir de mensajes que le enviaban sus conocidos y mediante la información que se difundió por cuentas confiables en la red social Twitter. 

En el caso de quienes se informaron gracias al contacto presencial con conocidos, estos aseguraron que priorizaron información de quienes tenían acceso a datos móviles o internet, así como de quienes salían a las calles y veían lo que pasaba.

Según el discurso oficial, las fallas eléctricas en el país siempre han estado vinculadas a sabotajes o planes de sectores para desestabilizar el país. Naturalmente, estas afirmaciones están acompañadas de acciones represivas, detenciones y señalamientos de voceros del oficialismo hacia trabajadores de la prensa y miembros de la sociedad civil que mencionan el tema.

  • El presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lara, Luis Vásquez Corro,  fue detenido y recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en el estado Lara, 19 de abril de 2015, luego de declarar al diario El Impulso sobre la situación de la represa El Guri. A Vásquez lo excarcelaron bajo régimen de presentación, tras 40 horas de detención arbitraria.
  • El periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz, lo detuvieron funcionarios del Sebin, el 11 de marzo de 2019, luego de registrarse un apagón masivo. La detención se efectuó luego de que un alto funcionario del gobierno de Maduro señalara a Díaz, haciendo uso de un video manipulado en donde este explicaba cómo podríamos comunicarnos en caso de blackout informativo. Luego de varías horas detenido y de presiones por parte de la sociedad civil, el defensor de derechos humanos lo excarcelaron bajo medidas cautelares.
  • El sindicalista Marcos Vargas, el periodista Dimas Medina y el ingeniero Carlos Azuaje los acusaron ante el Ministerio Público, en febrero de 2024, por el gerente regional de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) en el estado Barinas, luego denunciar actos de corrupción y negligencia en el servicio eléctrico de la entidad. Según lo informado por el portal argentino Infobae, el gerente regional Danny García se molestó por las denuncias de corrupción hechas por Vargas, que replicó por Medina y las profundizó en un conversatorio con sindicalistas por el ingeniero Azuaje.

¿Cuál es la situación actual?

Las múltiples y constantes interrupciones en el servicio eléctrico nacional son denunciadas desde hace varios años por especialistas, organizaciones civiles y las propias comunidades afectadas, cuyas consecuencias transversalizan el ámbito de los derechos políticos/civiles, y también tiene un profundo impacto en el ejercicio de otros derechos como el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información pública y de interés nacional.

Las fallas en el servicio eléctrico son frecuentes y los reclamos por las deficiencias e inestabilidad también lo son. Entre el 2019 y el 2023, se contabilizaron 1.456 protestas por servicios básicos en todo el país, siendo 204 registradas por fallas y deficiencias en el sistema de electricidad. La inestabilidad del servicio eléctrico se profundizó, paralelamente  a la crisis social de la nación,  la opacidad y falta de información sobre la gestión  del sistema eléctrico Venezolano 

La situación del sistema eléctrico nacional no ha cambiado sustancialmente durante los últimos años. Actualmente, se registran a diario fallas eléctricas en todos los estados del país, situación que limita el derecho de la ciudadanía a mantenerse informado oportunamente, así como también a comunicarse de manera oportuna. 

Foto: Gleybert Asencio


Solo en el 2023, registramos al menos 37 fallas o apagones masivos que afectaron el servicios e internet en todo el país. Los principales victimarios fueron la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Corpoelec). Con menos frecuencia, operadoras privadas como Digitel y Movistar también sufrieronfallas que afectaron el servicio.

El gobierno nacional no ha implementado políticas públicas para el restablecimiento o mejora del sistema nacional eléctrico, por lo que el mal estado de la infraestructura continúa afectando el servicio de manera recurrente en varios estados del país y los casos así lo demuestran. Una medición del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) correspondiente al último trimestre del 2023 señala que los apagones pasaron de tener una frecuencia semanal a tener una frecuencia diaria según el 54% de los encuestados.

Según la medición, esta situación afecta mayormente a los estados Zulia, Mérida, Barinas, Lara, Táchira, Apure, Carabobo y Falcón.

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