27 septiembre 2013ÂÂ La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió al gobierno de Venezuela, la inmediata libertad de Víctor Manuel García Hidalgo, editor y director del portal de noticias “Informe Cifras”, encarcelado desde hace seis meses. García Hidalgo está recluido desde marzo pasado en la penitenciaría para procesados por delitos comunes, Yare III, aunque la Fiscalía General de la República lo ha imputado por el delito político de “rebelión civil”.
La acusación tiene su origen en opiniones que García Hidalgo emitió en abril del 2002, tras el golpe de Estado. Una fotografía en la que García Hidalgo aparece junto al entonces opositor teniente-coronel Francisco Arias Cárdenas, en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército, ha sido utilizada como prueba de su participación en la asonada. Sus defensores alegan que la presencia de García Hidalgo en las instalaciones militares obedeció a la búsqueda de información como periodista.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, solicitó que a García Hidalgo “se le garanticen los derechos a su integridad física, igualdad ante la ley y el debido proceso”.
Manifestó su sorpresa y desconfianza por la forma en que se han conducido las autoridades, al fijar la reclusión de García Hidalgo en un calabozo para presos por delitos comunes. Pese a la connotación política de los hechos que se le imputan, el periodista permanece con grave riesgo para su seguridad, hacinado con siete acusados por delitos comunes, en un calabozo de 16 metros cuadrados. Tampoco ha recibido la atención médica que requiere su delicado estado de salud.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, consideró además que García Hidalgo “podría ser investigado o procesado en libertad, por jueces civiles, probos y garantes de la justicia”. Argumentó que el hecho de que continuara en el país y mantuviera sus labores de informador en estos últimos 11 años, “demuestra que no puede operar la presunción de peligro de fuga”.
La falta de claridad sobre las acusaciones, la detención y el lugar de reclusión, así como el carácter disidente del detenido, son elementos que la SIP pondera en este caso. Así también preocupan medidas que el gobierno venezolano ha venido tomando contra otros comunicadores y medios de comunicación, en represalia por su línea editorial, como en el caso del periodista y editor Leocenis García.ÂÂ
La semana pasada la SIP también reiteró un pedido al gobierno de Venezuela de garantías jurídicas y debido proceso en favor de García, presidente del grupo editorial Sexto Poder, encarcelado en una dependencia militar desde el 30 de julio pasado, solicitud que sigue sin ser atendida por las autoridades de ese país.
