Güiria: el silencio no es una opción

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Organizaciones rechazan que se criminalice la difusión de información sobre la tragedia

(Caracas, 18/12/2020). Las organizaciones que abajo suscriben se solidarizan con la población venezolana ante la tragedia humana de la migración forzada, posterior desaparición y muerte de connacionales que salieron en precarias embarcaciones desde Güiria, estado Sucre, en búsqueda de protección internacional hacia Trinidad y Tobago. Asimismo, condenan enérgicamente la conducta sistemática criminalización y hostigamiento del Estado venezolano hacia periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, por difundir información sobre hechos de interés público y exigir el restablecimiento de las garantías constitucionales en el país.

El 12 de diciembre de 2020, el Estado venezolano reconoció la existencia de 11 cuerpos hallados a siete millas náuticas de la costa de Güiria, estado Sucre, al noreste de Venezuela, luego de que una embarcación, con personas entre los que se encontraban mujeres y menores de edad, partiera con destino a Trinidad y Tobago. En los días siguientes, se reportaron más personas fallecidas. Estas informaciones coincidieron con la denuncia de desaparición de al menos veinte venezolanos/as, en otra embarcación que habría salido el 06 de diciembre de 2020, siguiendo la misma ruta. A la fecha, organizaciones y medios locales informan que más de 60 venezolanos/as se encontrarían desaparecidos desde hace más de un año, tras migrar forzosamente a causa de la emergencia humanitaria compleja del país.

Ante los hechos, medios de comunicación y ciudadanos informaron y se manifestaron de forma masiva a través de redes sociales. Entre el 13 y el 16 de diciembre, desde diferentes instancias públicas y estatales, se realizaron señalamientos estigmatizantes con el fin de criminalizar la labor de periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos; se les vinculó con sectores político-partidistas de la oposición, fueron descalificados de forma reiterada por diferentes funcionarios y desde el canal de televisión estatal durante varios días.

El ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz señaló al respecto que inició “investigaciones para determinar informaciones difundidas por extremistas de la oposición venezolana, que curiosa y extrañamente precedieron a los resultados de la investigación”. En un posterior comunicado reiteró que “se está investigando la participación de voceros del extremismo venezolano en la generación de zozobra que han utilizado esta tragedia humana como un dispositivo mediático con fines macabros y perversos”.

Güiria y las costas de Sucre cercanas a las fronteras se convirtieron en zonas silenciadas para el periodismo nacional e internacional por coacción de grupos de poder en coalición con cuerpos de seguridad del Estado. Desde hace varios años, en el estado oriental conviven denuncias de trata de personas y otras formas de delincuencia organizada que afecta de forma directa a los pobladores.

La ausencia de garantías para el derecho a la integridad y libertad personal, así como la carencia de medios para preservar condiciones de vida dignas, alimenta una lógica de abusos contra una población especialmente afectada en el marco de la crisis humanitaria. Y a pesar de las limitaciones crecientes, es el trabajo de la prensa independiente el que ha permitido visibilizar esta grave situación, en contraste con la opacidad de un Estado que no rinde cuentas.

Las organizaciones firmantes rechazan la intención del Estado de censurar y diluir su responsabilidad ante las sostenidas vulneraciones a los derechos humanos que empujan a la migración forzada de millones de personas en condiciones cada vez más precarias. En la tragedia de Güiria, el Estado utiliza como estrategia de silenciamiento reconocidos patrones de criminalización y estigmatización contra la prensa y organizaciones de derechos humanos. Estas prácticas van de la mano con la agudización de la emergencia humanitaria, que las autoridades insisten en negar aún con el impacto de la crisis sanitaria generada por la Covid-19.

Le reiteramos al Estado venezolano que las garantías para expresarse sobre temas de interés público, lo que comprende criticar abiertamente a sus funcionarios y políticas, gozan de la máxima protección de acuerdo con los estándares internacionales en derechos humanos, reconocidos constitucionalmente; por lo que su desconocimiento, a través de declaraciones intimidantes, amenazas o cualquier tipo de represalia es ilegal. De esta forma, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por motivos de persecución política no sólo comprometen su responsabilidad internacional e individual de conformidad con la Constitución y los pactos internacionales, sino que, según su gravedad, pueden constituir crímenes de lesa humanidad a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Estado está obligado a cesar su política de persecución y garantizar plenamente el trabajo de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos como actores clave en la reconstrucción democrática del país, así como a proteger activamente a su población mediante la garantía de los derechos económicos y sociales en condiciones de igualdad y no discriminación, especialmente de sus grupos más desamparados. Las implicaciones inéditas de esta crisis no sólo imponen que el Estado se desmarque de la violencia institucional y dé paso a una transición democrática, sino que convoca a la comunidad internacional a que facilite una solución política negociada y pacífica, que ponga en el centro la protección y defensa de los derechos humanos de la población venezolana.

Las organizaciones exigen al Estado cumplir con sus deberes de investigación, sanción y protección de sobrevivientes y familiares por los hechos ocurridos, asegurar plenamente los derechos de personas migrantes venezolanas, de la población local con enfoque hacia los grupos más vulnerables; y garantizar el trabajo periodístico y de las organizaciones de derechos humanos, tal y como lo reiteran relatores del sistema de Naciones Unidas en su más reciente comunicado.

 

Organizaciones firmantes:

Acceso a la Justicia 

Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI) 

Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria

Asociación Civil Centro de Animación Juvenil

Auroramadre

Caleidoscopio Humano 

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) 

Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)

Centro de Justicia y Paz (Cepaz) 

Ciudadanos Con Compromiso AC

Civilis Derechos Humanos

Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

Colegio Nacional de Periodistas

Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público

Comunidad en Movimiento AC 

Conciencia Ciudadana AC 

Defiende Venezuela 

EDEPA A.C.

Equipo de Defensa de DDHH del Estado Táchira (EDHET) 

Espacio Público

EXCUBITUS DHE

Expresión Libre

Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)

Fundación Aguaclara

Fundación Lucelia

Fundación para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres

FundaRedes

Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (ININCO-UCV)

Justicia y Paz OP Venezuela

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes 

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social  (OVCS)

Observatorio Venezolano de Prisiones

Observatorio Venezolano por los Derechos Humanos de las Mujeres

Prepara Familia

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

PROMEDEHUM

Proyecta Ciudadanía AC 

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Una Ventana a la Libertad

Unión Afirmativa

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC

 

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