Desde Alianza Regional por la Libre Expresión e información expresamos nuestra preocupación ante las restricciones a los derechos humanos observadas durante y después de la jornada de elecciones presidenciales en Venezuela y exigimos al Estado que garantice de manera urgente y efectiva la transparencia del proceso electoral del 28 de julio.
El reciente proceso electoral en Venezuela estuvo marcado por graves violaciones de los derechos humanos e irregularidades, tales como detenciones e inhabilitaciones de candidatos/as de la oposición, limitaciones a personas venezolanas para votar en el extranjero, ataques a la prensa, obstrucciones a la cobertura mediática, hostigamiento a organizaciones sociales, detenciones arbitrarias y restricciones del espacio cívico.
En este contexto, el pasado 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó un primer boletín con los resultados, declarando a Nicolás Maduro como ganador con el 80% de las actas transmitidas. Sin embargo, este anuncio se realizó sin publicar los resultados, ni entregar copias de las actas a los/as representantes de los partidos políticos, observadores/as y testigos. Además, en muchos centros de votación no se permitió la presencia de personas para verificar los resultados en las mesas seleccionadas. También se omitieron las auditorías de telecomunicaciones y se negó el ingreso de los testigos principales del candidato González a la sede del CNE.
Cabe señalar también que, tras el anuncio de resultados, el acceso a la página del ente comicial se restringió. Análisis técnicos indican que la página web no es accesible desde algunas redes y fuera de Venezuela, por decisión del CNE y no por un bloqueo de las operadoras.
En este marco, el Centro Carter, uno de los observadores autorizados por el CNE, expresó: “La elección presidencial no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. (…). El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales.”
La falta de transparencia en los procesos que teóricamente sustentan los anuncios plantea serias dudas sobre la imparcialidad de las elecciones. Su legitimidad depende de que sean verificables y auditables, conforme a los términos técnicos, operativos y legales establecidos en la legislación nacional y en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
Es por esto que, como señalan organizaciones internacionales, el CNE debería transparentar inmediatamente el proceso electoral poniendo a “disposición la totalidad de las actas de escrutinio a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y a los observadores electorales nacionales e internacionales como lo exige la legislación venezolana” para así posibilitar una verificación y auditoría técnica con información amplia, formal y sin restricciones.
La imposibilidad de verificación y auditoría genera desconfianza en la ciudadanía sobre los resultados provocando una gran cantidad de movilizaciones en varias ciudades del país. La Encuesta Nacional de Hospitales, el Monitor de Víctimas y Foro Penal, registraron hasta la noche del 31 de julio un total de 17 personas fallecidas, 132 heridas y 429 detenidas en el contexto de las manifestaciones. Mientras que la Fiscalía señaló más de mil detenciones hasta el 31 de julio y un funcionario fallecido.
Al respecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó: “Me preocupa enormemente el aumento de las tensiones en Venezuela, con preocupantes informes de violencia desde las elecciones del pasado domingo. Se han producido manifestaciones en al menos 17 de los 24 estados de Venezuela, incluida la capital. Cientos de personas han sido detenidas, incluidos niños. Esto me preocupa profundamente”.
La gran escalada represiva, el uso indebido de las fuerzas policiales y de seguridad y las detenciones arbitrarias violan las garantías para el ejercicio legítimo de la protesta pacífica de la población, además de constituir graves delitos.
Por todo esto, instamos a los gobiernos, a las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, así como a la sociedad civil a exigir a las autoridades venezolanas que lleven a cabo un conteo de votos justo y transparente, y que cesen las acciones restrictivas contra los derechos de libertad de expresión e información, asociación y protesta pacífica.
