Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela enero – diciembre 2022

Informe preliminar

Las restricciones para buscar, recibir y difundir información continúan siendo un patrón presente en el accionar gubernamental. La opacidad informativa en medio de la crisis humanitaria compleja constituyen un obstáculo más en un contexto en donde no están garantizados los derechos fundamentales.

En el 2022 se registraron 227 casos¹, lo cual representa una disminución del 7% con respecto al número de casos registrados en el 2021, siendo el año con menos casos desde el 2013, cuando se registraron 220 situaciones. Esta disminución de casos podría estar vinculada al estancamiento de la agenda política y a la desmovilización de los partidos opositores al gobierno nacional, ya que en años anteriores existió una correspondencia entre la represión política y los altos índices de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.

Desde el mes de abril el registro de casos experimentó un ascenso progresivo, el cual alcanzó su punto más alto en los meses de septiembre (30) y octubre (46), principalmente, motivado por el cierre masivo de emisoras de radio en varios estados del país. 

Se registraron 468 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en el 2022. Esta cifra no representó una variación significativa con respecto a lo documentado el año anterior. 

Las denuncias de censura² ocuparon el primer lugar en el registro, sumando al menos 199 incidencias, lo cual equivale al 43% del total de violaciones. Principalmente estas violaciones se registraron mediante el cierre de emisoras de radio y durante apagones eléctricos o fallas del servicio de internet, lo cual limitó el acceso a la información por parte de la población, así como la labor de los medios de comunicación al momento de difundir informaciones.

Las restricciones administrativas³ (19%) hacia medios de comunicación y las intimidaciones⁴ (18%) a periodistas y demás trabajadores de la prensa durante el ejercicio de su labor fueron parte de las violaciones más frecuentes.

Cierre masivo de radios

Entre 2003 y 2022, se documentó el cierre de al menos 285 emisoras de radio a nivel nacional, lo cual equivale el 71% del total de medios de comunicación cerrados en dicho periodo. En el 2022 el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 80 emisoras a nivel nacional, lo que sitúa al 2022 como el año con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas.

Estos cierres fueron ejecutados por la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel), quienes actuaron, en ocasiones, en compañía de cuerpos de seguridad. En la mayoría de los casos, los funcionarios alegaron que las estaciones radiales se encontraban operando de forma clandestina, al no tener su estatus legal apegado a la ley.

• En el estado Guárico, la emisora Éxitos 90.5 FM⁵ quedó fuera del aire luego de que un grupo de funcionarios de la Conatel y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) apagara y confiscara sus equipos el 29 de abril. El incidente, denunciado en Twitter por el Colegio Nacional de Periodistas. Leonardo González, director de Éxitos 90.5 FM, declaró que el cierre se debió a motivos políticos. “No es comercial, ni es empresarial, ni tiene que ver con la Ley de Telecomunicaciones, porque si hubiese sido así, estuviesen cerradas otras emisoras del país”, dijo González.
• El 6 de septiembre la Conatel ordenó el cierre de nueve emisoras en las ciudades de Maracaibo y San Francisco, en el estado Zulia: Sensacional Stereo 88.5 FM, Zulia Mía 91.3 FM, KP 92.9 FM, Refugio 94.3 FM, Palabra 97.3 FM, High Class 98.1 FM, Destino 98.3 FM, Radiolandia 103.3 FM y Río Stereo 107.7 FM⁶ quedaron fuera del aire. Una fuente anónima aseguró que un representante de Conatel del estado Zulia llegó a las emisoras y les indicó que el cierre era una orden del ente del “ministro”. Esto sin ofrecer mayores detalles.
• Seis emisoras de Rubio, en el estado Táchira, cerraron por órdenes de Conatel el 13 de septiembre: Somos Radio 88.3 FM, Pontálida 92.5 FM, Angel 102.3 FM, Café 90.7 FM, La Nuestra 89.9 FM y una emisora cuya directiva pidió no revelar el nombre⁷. Posteriormente, el 3 de octubre, cesaron sus transmisiones las estaciones Radio Esperanza Viva 98.1 FM y Activación Estéreo 93.1 FM. Frank Quiñones, periodista, productor y locutor de una de las emisoras afectadas en Rubio dijo a Espacio Público que el 13 de septiembre las seis emisoras recibieron llamadas de Conatel, desde Caracas, y recibieron amenazas de confiscación de equipos si no los apagaban inmediatamente.

Fallas del servicio de internet

Las interrupciones del servicio de internet forman parte de las violaciones más comunes registradas durante el 2022, sumando al menos 74 situaciones a nivel nacional. Estas fallas, derivadas de las precarias condiciones de las telecomunicaciones en Venezuela constituyen una violación indirecta al derecho y limitan el acceso a la información, principalmente en regiones rurales, donde la calidad de los servicios públicos es más crítica. Los principales victimarios en este caso, fueron la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). 

• El Observatorio de Internet Ve Sin Filtro registró dos caídas múltiples de la red entre el 14 y el 20 de mayo en varios estados del país con fallas que llevaron a las operadoras Inter y Cantv a conectividades por debajo de sus valores normales⁸. El 17 de mayo, Ve Sin Filtro reportó que poco después de la medianoche hubo una caída crítica de conectividad del proveedor de internet privado Inter, que duró cerca de 50 minutos. La organización detectó que la conectividad cayó al 60%. El estado más afectado por la caída fue Yaracuy, que llegó a 69% de sus valores normales de conectividad, seguido por Lara (75%); Anzoátegui (84%) y Aragua (85%).
• Al menos tres fallas masivas de internet se produjeron entre el 13 y el 17 de agosto en varias regiones del país⁹. Una de ellas afectó la conexión en 11 estados del centro y occidente del país desde la mañana del 13 de agosto. La falla afectó, principalmente, al estado Táchira, cuya conectividad cayó al 20% de sus valores normales. Posteriormente, el 16 de agosto hubo una caída de internet en los estados Monagas (41% de sus valores normales) y Bolívar (32%) que se prolongó durante al menos 11 horas. Durante la tarde del 17 de agosto se produjo una nueva caída a nivel nacional como consecuencia de un bajón eléctrico, que llevó los valores a 22% de su nivel normal. Estados como Cojedes, Guárico, Trujillo, Sucre, Barinas, Zulia, Falcón, Mérida, Distrito Capital, Táchira y Apure resultaron afectados por esta situación.
• Un corte de fibra óptica de la operadora estatal de telecomunicaciones, Cantv, generó una caída en la conectividad a internet en los estados del oriente del país.Ve Sin Filtro reportó que la falla se produjo desde las 7:50 p. m. del lunes, 19 de diciembre. Al menos cuatro estados fueron afectados por el corte de fibra. El estado más afectado fue Bolívar, cuya conexión a internet cayó a 37% de sus valores normales, junto con Monagas, que bajó a 43%. Días después, Sucre (87%) y Anzoátegui (89%) también reportaron fallas en el oriente venezolano¹⁰.

Impedimentos de cobertura

La intimidación a trabajadores de la prensa por parte de funcionarios de seguridad o trabajadores públicos es una situación común durante la cobertura de hechos noticiosos. Durante el 2022 se registraron al menos 84 denuncias por este motivo, principalmente durante pautas periodísticas llevadas a cabo en centros de salud, protestas ciudadanas e instituciones del Estado. 

• El 4 de enero un vigilante del Hospital Dr. Alfredo Van Grieken en Coro, estado Falcón, trató de impedir que la corresponsal de Venezolanos por la Información (VPITV) Marthy Barbera¹¹, y su camarógrafo David Betancourt, registraran denuncias de los familiares de los pacientes en el centro médico. “Mientras estábamos grabando el vigilante comenzó a gritar que dejáramos de grabar, que no se podía hacer eso allí”, explicó  Barbera en entrevista a Espacio Público. 
• El 9 de junio, un grupo de periodistas fueron intimidadas mientras reportaban desde el Hospital Central de San Cristóbal la situación de los pacientes. Las periodistas afectadas fueron Luz Dary Depablos y Anggy Polanco¹² del medio de comunicación La Patilla, así como Zulma López de Punto de Corte. Los funcionarios de seguridad interna del hospital les tomaron fotos a los periodistas como método de intimidación.
• Un funcionario de la GNB impidió que las periodistas Gregoria Díaz¹³, de Crónica.Uno, Carmen Pecorelli, de Unión Radio e IVC, y Laudelyn Sequera, de Victoria 103.9 FM, ingresaran a la localidad de Las Tejerías por una vía alterna para hacer cobertura informativa de los deslaves registrados durante los primeros días de octubre. Esta medida restrictiva fue implementada por los funcionarios de seguridad presentes en el lugar, en atención a las declaraciones emitidas días antes por autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, quienes aseguraron que la prensa debía limitarse al momento de cubrir lo sucedido en el lugar.

Detenciones arbitrarias 

Con relación a las detenciones por ejercer el derecho a la libertad de expresión, se registró un descenso del 49% con respecto al número de personas detenidas en 2021. En al menos 11 de estas detenciones se conoció de la aplicación de la inconstitucional “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, instrumento aprobado en el año 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro que contraviene las exigencias mínimas de respeto a los Derechos Humanos¹⁴. 

• El 18 de junio, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a Luis Colina¹⁵ (43 años) en el estado Apure por publicar un video en la red social TikTok en el que criticaba a funcionarios de ese organismo que estaban revisando a una mujer que iba por la calle, con un coche. De acuerdo con una minuta policial reseñada por el medio Efecto Cocuyo, Colina fue detenido acusado de utilizar “medios tecnológicos para promover el odio contra funcionarios del CPNB” que presuntamente brindaban “apoyo a una ciudadana en plena vía pública”. Al momento de esta publicación no pudo verificarse el estatus de Colina.
• El 7 de junio, funcionarios de la Policía del municipio Chacao privaron de libertad a a Jholbert Godoy; Argelia Rovaina; Carlos Maneiro y Luis Martínez¹⁶, en la avenida Libertador de la ciudad de Caracas. Los jóvenes, activistas de Voluntad Popular, fueron detenidos por realizar un mural durante una actividad política, trasladados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y acusados de instigación al odio. Fueron liberados tres días después.

La noche del 10 de enero fue asesinado, en su residencia, José Urbina¹⁷ a manos de grupos armados que operan en la zona fronteriza del estado Apure. Urbina era director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM y había advertido que recibió amenazas por denunciar la actuación de la GNB en los conflictos armados registrados en Puerto Páez, estado Apure. Al cumplirse un año de su muerte, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), organización política a la cual pertenecía Urbina, exigió justicia para su caso, ante la falta de respuestas por parte del Estado¹⁸

Víctimas y victimarios

A diferencia de años anteriores, los medios de comunicación ocuparon el primer lugar en el listado de víctimas, alcanzando un total de 114 (37%) registros. En segundo lugar se ubican los periodistas y reporteros, con 75 víctimas (25%), seguidos por la ciudadanía en general, quienes fueron víctimas en 74 oportunidades (24%). Destaca que del total de víctimas, el 60% de las pertenece al género masculino, mientras que el 40% corresponde al femenino¹⁹.

Las violaciones en contra de medios de comunicación contemplaron además de cierres, algunos registros de bloqueos a medios digitales, ataques cibernéticos y amenazas o señalamientos por parte de funcionarios del gobierno.

• Las proveedoras de internet Cantv, Digitel, Movistar, Inter, NetUno y Supercable bloquearon los portales de noticias Efecto Cocuyo, EVTV Miami y Crónica.Uno²⁰. Así lo informó el observatorio Ve Sin Filtro. La organización explicó que el evento comenzó en la madrugada del 1 de febrero, habiendo obtenido las primeras mediciones con evidencias de bloqueo a las 12:40 AM hora de Venezuela. Fue la primera vez que se registró un bloqueo desde múltiples proveedores de internet del portal Crónica.Uno; desde Movistar presentaba error de DNS, por lo que podría ser una restricción impuesta a partir de órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), como otros bloqueos impuestos a distintos portales de noticias.
• La web de Tal Cual²¹ fue víctima de un ataque de denegación de servicios (DDoS) que procuraba sacarlo de línea, el 9 de febrero. El medio detectó un tráfico inusual provenientes de direcciones IPs controladas por la empresa estatal de telecomunicaciones, Cantv. Este tipo de ataques envía una gran cantidad de solicitudes a los servidores donde está alojada la página con el fin de colapsarlo y que el contenido del sitio no sea visible temporalmente. El medio aseguró que el ataque se dio luego de publicar una nota sobre una celebración en lo alto de un tepuy en Canaima, en el estado Bolívar.
• El 9 de febrero Diosdado Cabello hostigó al director del diario El Nacional,²² Miguel Henrique Otero, y amenazó con “ir por la página” del medio de comunicación. Así lo expresó en su programa “Con el mazo dando”, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión:

Ahora me provoca ir por la página porque me debes con el valor de El Nacional no me pagaste. Creo que ahora iré por la página. La conclusión es que ahora me debes, pillo (a Miguel Henrique Otero), que te gusta utilizar los medios para desacreditar a las personas pero no te gusta asumir tus responsabilidades. Me está provocando a que lleve un paso más adelante. 

Posteriormente también amenazó al portal web La Patilla.

Los principales victimarios fueron las instituciones del Estado, al acumular al menos 127 registros (50%). La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se ubican como las instituciones que más vulneraron el derecho.

Con respecto a los funcionarios, Tarek William Saab y Diosdado Cabello se ubican como los principales victimarios. Mientras que en el caso de los cuerpos de seguridad fueron la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Al igual que los últimos años, la mayoría de las violaciones a la libertad de expresión se registraron en internet. En esta ocasión, 118 casos (52%) corresponden a violaciones en línea, lo cual implica un incremento de 10% con respecto al año 2021. En este segmento se incluyen las interrupciones del servicio de internet, bien sea por fallas propias como por fluctuaciones del servicio eléctrico, los bloqueos a portales web, así como las represalias hacia la ciudadanía o medios de comunicación por la difusión de informaciones en línea.

Gráfico 6. Casos por ubicación geográfica

Con relación a la ocurrencia de casos por ubicación geográfica, los principales estados fueron Zulia, Táchira, Distrito Capital, Barinas y Portuguesa. En el caso de los dos primeros, destaca su condición de estado fronterizo, lo cual incrementa la actividad noticiosa, así como la presencia de cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, Zulia y Táchira fueron los estados con mayor número de emisoras cerradas, tras acumular entre ambos, el 56% del total de cierres del 2022. En el caso del Distrito Capital, la ocurrencia de casos estuvo principalmente vinculada al impedimento de coberturas e intimidaciones por parte de funcionarios.

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Marco teórico metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas previamente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional. 

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.