La periodista Celina Carquéz ha sido foco de ataques a través de la red social Twitter por parte de personas desconocidas, quienes han publicado mensajes con información personal y fotos de la comunicadora social y la han amenazado. Los mensajes comenzaron a divulgarse el 30 de julio de 2014 y se han vuelto cada vez más continuos en los últimos días.
Entre las cuentas desde las que se han hecho las amenazas y ataques están: @RealPolitik0, @ForeignAff, @venemorghulis. También está @Condor_Vzla, cuenta desde la que se escribió el siguiente mensaje: “Te aseguramos @CelinaCarquez, que tu ópera bufa de hoy no va a quedar impune”.
De acuerdo con los mensajes recibidos, los responsables podrían estar cometiendo en este caso acoso u hostigamiento tipificados en el artículo 40 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: “La persona que mediante comportamientos, expresiones verbales o escritas, o mensajes electrónicos ejecute actos de intimidación, chantaje, acoso u hostigamiento que atenten contra la estabilidad emocional, laboral, económica, familiar o educativa de la mujer, será sancionado con prisión de ocho a veinte meses”.
Asimismo, el artículo 41 de la misma norma establece que “La persona que mediante expresiones verbales, escritos o mensajes electrónicos amenace a una mujer con causarle un daño grave y probable de carácter físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, será sancionado con prisión de diez a veintidós meses. Si la amenaza o acto de violencia se realizare en el domicilio o residencia de la mujer objeto de violencia, la pena se incrementará de un tercio a la mitad. Si el autor del delito fuere un funcionario público perteneciente a algún cuerpo policial o militar, la pena se incrementará en la mitad. Si el hecho se cometiere con armas blancas o de fuego, la prisión será de dos a cuatro años”.
Por otra parte, de acuerdo a la Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
