El pasado 10 de mayo de 2018, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo arbitrariamente a Pedro Jaimes Criollo, administrador de la cuenta @Aeremeteo, quien es acusado de “revelación de secretos políticos, espionaje informático e interferencia con la seguridad civil” por compartir información pública sobre la ruta del avión presidencial.
Ha sido un proceso de tres meses, lleno de irregularidades; lo que inició con la vulneración a su derecho a libre expresión, se ha ampliado a la violación del debido proceso (Jaimes permaneció 33 días desaparecido y 80 sin poder ver a sus familiares), de la defensa (desde 1 de junio de 2018 se niega la juramentación al equipo legal de Espacio Público), pasando por tortura (Pedro recibió varias golpizas que le dejaron la costilla rota y debilitaron su sistema respiratorio).
El pasado 25 de julio debió llevarse a cabo la audiencia preliminar de este caso, pero no se concretó por remodelaciones en el Tribunal Tercero de Control. El Poder Judicial está obligado a reprogramar dentro de los 20 días siguientes (artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal), es decir para el 14 de agosto, pero el juez designado no se ha “avocado a la causa”; todos estos hechos prolongan la situación de indefensión de Pedro, quien continúa detenido arbitrariamente por expresarse.
Ante este escenario, el 1 de agosto Espacio Público acudió al Circuito Judicial Penal de Los Teques a introducir un recurso de amparo constitucional contra lo que ha sido un proceso ilegítimo. El 3 de agosto recibimos una llamada informándonos que no podían recibir el escrito porque el encabezado estaba “malo”. El 7 de agosto reintrodujimos el amparo, no en la lógica de “convalidar” la exigencia ilegítima, sino para evidenciar otra arbitrariedad en el caso de @Aereometeo. Ese día hubo despacho y se comprobó que designaron un nuevo juez a la causa pero su nombre se desconoce.
Lo sucedido en estos tres meses evidencia el hecho de que Pedro Jaimes es un preso de conciencia a causa de su legítima expresión, con diversas violaciones a sus derechos humanos, incluyendo a las garantías de su libertad personal, vida e integridad. Difundir información pública no es un delito: ¡liberen a Pedro!
Un gobierno que se da a la tarea de monitorear las redes sociales es autoritario
No es la primera vez que el Estado venezolano silencia y castiga a sus ciudadanos por expresarse. Durante la gestión de Nicolás Maduro más de un decena de personas han sido detenidxs por tuitear, en la siguiente infografía te resumimos algunos de los datos más relevantes de este mecanismo de limitación a la libre expresión:
