Washington. Las restricciones en el acceso a la información pública en Venezuela fue tema de debate en el 143 período de sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organizaciones vinculadas a la libertad de expresión denunciaron este martes la falta de transparencia de algunos entes gubernamentales y le pidieron al Estado acabar con la discriminación que impide a los medios de comunicación obtener datos directos de las fuentes oficiales. En la audiencia solicitada por Espacio Público, Provea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Transparencia Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y el Centro Internacional por la Justicia y Derechos Humanos (CEJIL), se alertó sobre la falta de respuesta a las peticiones de información, de las dificultades para el acceso de los periodistas a las fuentes oficiales, así como de algunas interpretaciones judiciales, cuya práctica limita aún más el ejercicio del periodismo.
En el caso de las restricciones de los espacios de trabajo, los peticionarios mencionaron la imposibilidad que tienen algunos periodistas para ingresar a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al Palacio de Miraflores, al Tribunal Supremo de Justicia y a las instalaciones de Pdvsa, entre otros, cuando requieren buscar o confirmar datos de interés público.
Igualmente, denunciaron que en otro tipo de instituciones donde se ofrecen servicios públicos como centros hospitalarios, albergues para damnificados, centros de distribución de alimentos, se exige una autorización a los periodistas para cubrir las informaciones que allí se generan o simplemente se les niega el acceso.
Del mismo modo, señalaron que se ha acentuado la discriminación al momento de convocar a la cobertura de actividades, anuncio de planes y presentación de balances, a las que sólo pueden asistir los comunicadores del Sistema Nacional de Medios Públicos.
En cuanto al cumplimiento de estándares internacionales que pautan la obligación de los entes gubernamentales de hacer pública cierto tipo de información, los peticionarios mostraron su preocupación por la ausencia de datos como los salarios, las denuncias y respuestas de los organismos, presupuestos y subsidios otorgados. Todos ausentes en las páginas oficiales de estas instituciones.
Protestaron la ausencia de garantías judiciales que permitan el acceso a la información pública y denunciaron cómo los ciudadanos deben recurrir a procesos ordinarios muy largos que no resuelven la obligación del Estado de ofrecer información.
Finalmente, los representantes de las organizaciones exhortaron a los comisionados a prestar especial atención, en sus informes temáticos, a la garantía del derecho a la información pública en Venezuela y les pidieron exhortar a las autoridades nacionales para que subsanen las faltas mencionadas.
