En la audiencia conjunta “Venezuela: Situación del derecho a las libertades de expresión, asociación, reunión y prensa” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil alertamos el 4 de marzo sobre el contexto represivo y de censura que enfrenta la ciudadanía, periodistas, comunicadores y medios de comunicación en el país. Las intervenciones se dieron en el marco del 192 período de sesiones de Venezuela.
Durante la audiencia, Bia Barbosa, miembro de la oficina de Reporteros sin Fronteras para América Latina, introdujo el tema haciendo un repaso histórico de las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela desde 2013, con más de 345 medios de comunicación cerrados, entre ellos más de 90 emisoras solamente entre 2022 y 2023.
En el periodismo impreso, la distribución de insumos controlada por el Estado y la crisis económica hicieron que desde 2013 hayan desaparecido más de 100 periódicos. Hoy solamente 24 medios impresos operan, sin la capacidad para producir contenido diario”, dijo Barbosa ante la CIDH.
Marysabel Rodríguez, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y coordinadora del Observatorio Social de Espacio Público, destacó que el panorama de la libertad de prensa en el país es parte de un contexto restrictivo que vulnera también las libertades de expresión, opinión y asociación. Solo en 2024 se registraron más de 300 violaciones a la libre expresión (52 % más que en 2023), entre ellas 99 detenciones arbitrarias, motivadas por publicaciones de contenidos políticos, convocatorias a protestas en redes sociales y difusión de contenidos en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.
“Este patrón de detenciones arbitrarias por expresar opiniones y contenidos se sostiene y no es nuevo, por el contrario, se intensifica no sólo con detenciones más prolongadas sino con el avance hacia sentencias condenatorias en algunos casos”, dijo Rodríguez.
El contexto represivo se ha acrecentado en los últimos meses con las desapariciones forzadas, que son cada vez más frecuentes y en algunos casos hasta de duración mayor; y con la aprobación de leyes con sanciones desmedidas que buscan centralizar aún más el discurso público, consolidando un entorno mucho más hostil, controlado y peligroso para periodistas, medios de comunicación y para la sociedad venezolana.
Adrián González, director ejecutivo de la organización Cazadores de Fake News, detalló que otro recurso crucial que es utilizado regularmente por el Estado venezolano para justificar medidas de control es la desinformación, aplicando estrategias como la censura a portales web y el control de lo que se dice y no se dice en los medios de comunicación tradicionales.
“Pero también ha intentado desacreditar y estigmatizar de forma sistemática la labor de periodistas y activistas, presentándolos como parte de un supuesto plan desestabilizador, una narrativa que ha servido de antesala a su persecución y judicialización. Estas campañas de estigmatización, que tradicionalmente han tenido como objetivo a actores políticos de oposición, periodistas y activistas, después de las elecciones presidenciales de 2024 también se dirigieron contra grupos de la sociedad civil que protestaron por los resultados”, dijo González.
El esquema de desinformación se repite diariamente en medios oficiales y parece dirigirse específicamente a militantes del partido de gobierno, sus aliados internacionales, cuerpos de seguridad y autoridades públicas. “La desinformación entonces está siendo utilizada como una herramienta para reprimir la libertad de expresión y para criminalizar a periodistas y activistas venezolanos”, aseguró.
A la represión física de la disidencia se le ha sumado el despliegue de “una maquinaria digital de persecución y desinformación respaldada por instituciones estatales y fuerzas de seguridad”, dijo ante la CIDH la directora ejecutiva de la organización Probox, Mariví Marín.
Marín detalló que el sistema de control y represión digital se evidenció luego de las elecciones presidenciales a través de mecanismos como VenApp, plataforma gubernamental que fue utilizada como herramienta de delación y persecución contra voces críticas.
La primera vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, alertó que en Venezuela “no hay independencia judicial” y que, según distintos informes recabados por la sociedad civil, se evidencia un uso abusivo de la fuerza y una práctica sistemática de la desaparición forzada que genera temor generalizado en la población, por lo que reiteró lo sugerido en enero por la Comisión al catalogar la situación como “terrorismo de Estado”.
“Si se deja de producir y de hacer periodismo, de hacer chequeo de información, eso también va a afectar actores como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efectos de poder hacer su ponderación, su análisis y su monitoreo”, dijo. Recalcó que la Comisión seguirá utilizando la herramienta de las medidas cautelares con el fin de hacer presión por la liberación de personas injustamente detenidas por expresarse libremente.
Por último, las organizaciones presentes en la audiencia pidieron a la CIDH que solicite al Estado venezolano la liberación inmediata de ocho periodistas que siguen privados de libertad, tres de ellos por ejercer su labor, así como poner fin al abuso del sistema judicial para perseguir y silenciar a la prensa, derogar las leyes contra el fascismo, contra el odio y antisociedad por su inconstitucionalidad y uso arbitrario para perseguir a la sociedad civil.
