Mayo dejó tres frentes que se cruzan: una muerte bajo custodia que el Estado ocultó presuntamente casi un año, un cerco a la cobertura periodística que se repite en cuatro estados y una opacidad sostenida en la aplicación de la Ley de Amnistía. Documentamos 7 casos y 13 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela, donde la censura (5) y la intimidación (4) concentraron cerca del 70% del total.
Las víctimas son principalmente periodistas y reporteros/as (4), junto con dos medios de comunicación, un reportero gráfico y una página o plataforma web. Entre los victimarios figuran los cuerpos de seguridad (3), las instituciones del Estado, las operadoras privadas, los atacantes informáticos y los/as funcionarios/as públicos. Cuatro de los siete casos del mes ocurrieron en Internet, la cifra más alta del año en ese ámbito.
En los primeros cinco meses de 2026 documentamos unos 45 casos, 104 violaciones al derecho a la libertad de expresión y 29 detenciones, en promedio 6 cada mes.
Una muerte que se ocultó por casi un año
El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó el 7 de mayo, a través de un comunicado en redes sociales, que el ciudadano Víctor Hugo Quero Navas falleció bajo custodia el 24 de julio de 2025, presuntamente por hemorragia digestiva superior e inferior y síndrome febril agudo, tras un traslado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. Lo sepultaron el 30 de julio de 2025, según el comunicado, “por la ausencia de sus familiares”.
A Quero lo detuvieron el 3 de enero de 2025 y permaneció recluido en el Internado Judicial Rodeo I, en el estado Miranda (norte). Durante casi un año el Estado ocultó su paradero a su madre, Carmen Navas, quien lo buscó sin descanso. El comunicado oficial alegó que el ciudadano “no suministró datos de vínculos filiatorios”, una explicación poco creíble e innecesaria cuando el Estado maneja registros con datos filiatorios de toda la población, sumado a la búsqueda notoria y pública por parte de su madre.
Exigimos una investigación independiente, un informe forense con detalles verificables, e investigaciones administrativas y penales contra los funcionarios a cargo de Quero y la cadena de mando. La muerte bajo custodia genera una presunción de responsabilidad estatal que debe aclararse con pruebas. Demandamos además la publicación del listado de todas las personas fallecidas bajo custodia del Estado desde 2002 y de las que se mantienen detenidas en centros formales e informales en todo el país.
Amnistía sin cifras, Ley contra el Odio en debate
El lunes 4 de mayo el fiscal general de la República, Larry Devoe, negó la información que solicitamos junto con Alerta Venezuela y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB sobre la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026. En una misiva con fecha 30 de abril, la Fiscalía alegó que “no se expresan los motivos que justifiquen la solicitud”, invocando el artículo 9 numeral 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público. Sin embargo, esta solicitud de motivación es contraria al derecho de Acceso a la Información Pública.
Pedimos el desglose por estado y por centro de detención de las boletas de excarcelación emitidas y ejecutadas, las medidas cautelares concedidas, las solicitudes declaradas improcedentes y las denuncias por retardo. La Fiscalía solo aportó una cifra agregada: 8.616 beneficiados, según el último boletín de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía del 22 de abril. Exigimos al Ministerio Público la entrega inmediata de la información desagregada y le recordamos que el acceso a datos sobre la ejecución de medidas de gracia es de estricto interés público y no requiere motivación especial.
El día siguiente, el martes 5 de mayo, organizamos junto con el Centro de Derechos Humanos de la UCAB el foro ¿Derogar o reformar?: La Ley Contra el Odio y su impacto en los derechos humanos en Venezuela, en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. Participaron la abogada y especialista en derechos humanos Florencia Reggiardo, el doctor en derecho Rafael Chavero, nuestro director ejecutivo Carlos Correa y, con ponencia especial, el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca.
Los cuatro panelistas coincidieron en pedir la derogación de la Ley contra el Odio. “Hay suficientes elementos para pensar en una derogatoria”, enfatizó Vaca, quien calificó la ley como un “antiejemplo” con efecto intimidatorio incompatible con la sociedad democrática. Chavero advirtió que la norma genera un “terror gigantesco” que aparta a las personas de discusiones de relevancia política; Reggiardo cuestionó la falta de claridad jurídica; y Correa señaló el efecto inhibidor que la ley produce en plataformas como WhatsApp, donde las delaciones derivaron en detenciones de ciudadanos comunes y trabajadores de la prensa.
A juicio por formar parte de un grupo de WhatsApp
Renny González, de 29 años, está detenido desde el 16 de agosto de 2024, cuando funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) llegaron a su casa en Maracaibo, estado Zulia (oeste), y le pidieron que los acompañara para unas “averiguaciones”. La acusación: pertenecer a un grupo en la plataforma de mensajería WhatsApp, “financiamiento” y “venta de armas”.
Su madre, Lourdes García, no pudo verlo durante mes y medio pese a insistir cada día en la sede del SEBIN en Maracaibo. Interpuso un habeas corpus y al fin logró el encuentro. González denunció haber sido sometido a torturas durante el interrogatorio y amenazas contra su familia. García contó que junto con la familia de otro detenido fueron extorsionadas con 4.000 dólares para evitar el traslado al Helicoide. Vendió su casa para pagar.
González, quien trabajaba como montacarguista, permaneció un año en el Centro Penitenciario Tocorón, estado Aragua (centro), hasta marzo de 2026, cuando lo trasladaron a Yare II, en el estado Miranda (norte). No le permitieron defensor privado y el defensor público se negó a tramitar su solicitud de amnistía, que finalmente fue denegada. Tuvo su primera audiencia de presentación el 27 de abril; la segunda quedó pautada para el jueves 21 de mayo.
Prensa bajo cerco
El miércoles 6 de mayo, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hostigaron al periodista Rafael Espejo en la parroquia Caricuao, en Caracas, mientras cubría una actividad ciudadana y se acercaba al Centro de Diagnóstico Integral donde se preveía la visita de la Ministra de Salud. Espejo tomó fotos del perímetro y los efectivos lo presionaron para que las borrara, le tomaron fotos a su carné y le enviaron a unas mujeres a perseguirlo. “Empecé a hacer alharaca porque de lo contrario estuviese detenido”, contó.
El miércoles 27 de mayo, cuatro funcionarios policiales cercaron al periodista Reneé Herrera, de La Revista del Tuy, en el Hospital General de los Valles del Tuy, estado Miranda (norte). Herrera quería preguntarle al gobernador del estado, Elio Serrano, sobre las áreas del hospital que quedaban sin rehabilitar; el equipo de prensa institucional y los policías se lo impidieron y lo empujaron fuera de la línea de paso del mandatario regional.
Ese mismo día, en Maturín, estado Monagas (este), al menos tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intimidaron al equipo de La Prensa de Monagas cerca del servicio de emergencia del Hospital Central Manuel Núñez Tovar. Los efectivos persiguieron al carro del medio, cerraron el paso y obligaron al fotógrafo a borrar el material grabado. Una funcionaria amenazó a la reportera: “Tú y yo somos del mismo barrio”.
Limitar el acceso a las coberturas periodísticas es parte de una política de Estado que niega el trabajo de trabajadores de los medios y también el derecho de la ciudadanía a informarse sobre asuntos de interés público. Exigimos el cese inmediato de la persecución, la intimidación y las agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa.
En mayo conversamos también con el periodista Ramón Centeno, excarcelado el 14 de enero tras casi cuatro años preso y absuelto el 13 de abril. En su primera entrevista en libertad plena resumió en una frase el pulso de quienes siguen exigiendo justicia:
“Hay una memoria latente que no se va a apagar, que no se intimida y no descansará hasta que no veamos salir al último compañero que está sufriendo en las cárceles venezolanas por pensar distinto en Venezuela”.
El 27 de mayo se cumplieron 19 años del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), un punto de quiebre que en dos décadas se tradujo en al menos 423 medios cerrados en el país: 330 emisoras de radio, 87 medios impresos y 19 canales de televisión, según hemos documentado. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado restituir la concesión sigue sin cumplirse.
El 13 de mayo, junto con el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Provea, dirigimos una carta al diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité Preliminar para Postulaciones Judiciales, en la que expusimos vicios en la conformación del comité: ausencia de baremo público, lapsos de impugnación de apenas cuatro días continuos y entrevistas iniciadas antes del cierre de impugnaciones. Demandamos la reposición de las entrevistas, una prórroga de 13 días para la impugnación y la publicación en gaceta de los criterios y antecedentes de las personas postuladas.