En el mes de julio de 2019 documentamos un total de 67 violaciones al derecho a la libertad de expresión, cuyas 39 víctimas son en su mayoría: periodistas (20) y medios de comunicación (7), y los principales victimarios siguen siendo los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios públicos.
Con los datos de julio, suman 776 violaciones en lo que va de año, por lo que la labor de buscar y difundir información, es especialmente difícil para periodistas pues solo este mes se registraron 26 casos de amenazas y 24 de intimidación, la mayoría de éstas durante coberturas en la calle.
La orden es amenazar e intimidar
El 3 de julio, el Mayor Jorge Díaz Andrade, adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), amenazó con detener a periodistas y medios de comunicación que realizaban la cobertura de un presunto motín que ocurría en la sede militar en Boleíta, Caracas.
Los equipos periodísticos de los medios: Crónica Uno, NTN24, El Pitazo, Efecto Cocuyo, y algunos reporteros gráficos de agencias internacionales fueron abordados por el Mayor Díaz en el momento que intentaban obtener confirmación del presunto motín que los presos políticos estaban realizando.
“Nos dijo que estábamos en una zona de seguridad y que contaba hasta diez, que quien permaneciera en el sitio sería detenido ”1 informó Gleyber Asencio, reportero gráfico de Crónica Uno.
Albino contó que el 3 de julio se dirigía hacia sus labores, cuando dos funcionarios les pidieron que se detuvieran en una alcabala del sector. “Nos paramos a la derecha, uno de los funcionarios vino de manera agresiva, golpeó el vehículo y nos ordenó que nos bajáramos y que entregáramos los papeles del carro”, dijo.
“Porque soy la ley y se hace lo que yo diga” expresó el funcionario cuando el equipo de prensa preguntó el por qué de la detención.
A los dos trabajadores de la prensa les solicitaron abrir la maleta del vehículo por una sospecha de que “había algo”, al hacerlo, los policías vieron la cámara de televisión, el trípode y los micrófonos de todos los medios en donde trabaja Albino: EVTV Noticias Miami, Televen, FM Center, IVC, Impacto TVN, Noticias de Aquí, Nueva Prensa y Nueva Prensa de Oriente. Luego de esto, les ordenaron acompañarlos al comando policial.
El 5 de julio, un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) amenazó al reportero de Televen y Unión Radio, Óscar Pineda mientras hacía cobertura periodística de la protesta convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en Boleíta, Caracas.
Pineda en entrevista a Espacio Público informó que realizaba cobertura de las movilizaciones opositoras y oficialistas a propósito de la conmemoración por la Firma del Acta de la Independencia. “Yo estuve en Boleíta, a la altura de la avenida Rómulo Gallegos, mientras estaba grabando el piquete que impedía el acceso a las persona que participarían en la jornada de protesta por la muerte del capitán Acosta”.
También en Caracas, los reporteros del Diario de Caracas, Reinaldo Oliveros y Jackeline Díaz, fueron amenazados de muerte mientras realizaban su labor periodística en la urbanización Rómulo Gallegos, lugar cercano al punto de encuentro de la marcha convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, el 5 de julio.
Oliveros 2 reveló que cerca de las 11:00 am estaba con su compañera Díaz y el motorizado que los traslada haciendo un recorrido en la zona donde se ubicaban los piquetes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando fueron detenidos. “Saqué mi teléfono para tomar fotos y alrededor de diez funcionarios se nos acercaron, nos amenazaron y dijeron: ‘¡manos arriba!’ Nos ordenaron a sacar las credenciales, preguntaron de dónde éramos y de dónde veníamos”. Esta situación irregular se extendió por aproximadamente 20 minutos y aunque los funcionarios no les ocasionaron daño físico, les amenazaron de muerte.
Quinto apagón masivo incomunicó a Venezuela
El 22 de julio, el país padeció un nuevo apagón nacional que afectó al menos a 22 estados. A través de las redes sociales los usuarios reportaron que la falla eléctrica que se originó a las 4:45 pm dejó sin luz al Distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Mérida, Trujillo, Táchira, Anzoátegui, Bolívar, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Monagas, Sucre, Yaracuy, Zulia,Barinas, Apure, Portuguesa y Nueva Esparta.
Como consecuencia de la falla eléctrica masiva, las comunicaciones sufrieron estragos, las redes móviles y de telefonía fija colapsaron al igual que la red bancaria y los servicios de Internet.
A medida que se fue restableciendo parcialmente el servicio de luz en todo el país, los noticieros de los principales canales de señal abierta, Globovisión, Venevisión y Televen, priorizaron la versión oficial del hecho sin dar mayor profundidad a un acontecimiento que afectó al país por más de siete horas.
Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente, aprovechó la señal de Venezolana de Televisión (VTV), para “instar” a abrir una investigación contra el ingeniero Winston Cabas para que aclarase sus declaraciones, donde advirtió el colapso del Sistema Eléctrico Nacional.
Cabello hostigó al ingeniero de la siguiente forma: “ El conde Winston Cabas anunciando lo que iba a ocurrir en Venezuela, además donde se iba atacar… Puede aparentar ser vidente y estafar a mucha gente, esto no se trata de las facultades de un vidente. Estos son ataques arteros y preconcebidos al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”.
Más tarde usuarios de Twitter denunciaron la detención del hijo del ingeniero, Arnaldo José Cabas Sarabia, de 23 años, quien por más de ocho horas estuvo a la orden de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de forma injustificada.
El ingeniero y presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, Winston Cabas, ha venido advirtiendo en nombre del gremio que representa sobre el colapso del SEN, explicando que la principal razón es la desidia del gobierno en atender este problema y su incapacidad para solventar la crisis eléctrica.
La radio se limitó a no cubrir el hecho, las emisoras que permanecieron al aire, sostenían hilos musicales sin informar lo que estaba ocurriendo. No fue el caso de Radio Nacional de Venezuela (RNV), perteneciente al Sistema Nacional de Medios Públicos, quien de manera continua, se mantuvo en transmisión conectada a la señal de VTV, y realizó un operativo especial con locutores repitiendo el discurso oficial que atribuía el hecho a un “ataque electromagnético”.
En este contexto, en Barquisimeto estado Lara, a la periodista Andreina Ramos y a los equipos de Venezolanos por la Información (VPITV), El Impulso y Promar TV, les impidieron realizar su trabajo periodístico en la sede de Corpoelec, el personal de seguridad de la oficina pública restringió el acceso a los comunicadores que buscaban información oficial sobre el apagón en la región.
“El vigilante de una forma muy grosera se atravesó en la toma y nos dijo que nos teníamos que retirar, estábamos los periodistas de VPI, Promar y El Impulso. Nos sacaron de allí por órdenes de Albert Pérez, Gerente Regional de Protección Patrimonial; el vigilante nos dijo que era por órdenes de él”3 explicó Yelitza Figueroa en entrevista telefónica con Espacio Público.
En medio de una crisis aguda, se le sigue violando la libertad de expresión e información a los venezolanos; el goce de este derecho permitiría hacer controlaría social y exigir la determinación de responsabilidades para implementar los correctivos necesarios.
Detenidos por denunciar en redes sociales
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron el 12 de julio al periodista Wilmer Valentino Quintana García, luego de que el Juzgado Tercero de Control del estado Guárico emitiera una orden de captura por la presunta“promoción o incitación al odio” después de denunciar actos de corrupción en la entidad.
La orden de aprehensión establece que los afectados por las denuncias realizadas por Quintana son el Gobernador del Estado, José Manuel Vasquez Aranguren, y el Presidente de la empresa Alimentos Guárico (Alguarisa), Emilio Avila, y que el periodista violentó la inconstitucional “ley” contra el odio al denunciar actos de corrupción en el manejo y distribución de las bolsas de Clap y las fallas en el suministro de gas doméstico.
La detención arbitraria de Quintana se suma a la de Karen Palacios, clarinetista del Sistema Nacional de Orquestas, quien fue excarcelada la noche del martes 16 de julio, luego de que el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, asegurara que sería “puesta en libertad”.
Todo el proceso legal al que fue sometida Karen fue arbitrario y lleno de irregularidades, se le juzga por el delito de instigación pública porque utilizó las redes sociales para expresar su descontento con la Orquesta Filarmónica Nacional cuando rechazaron su contrato por su posición política en contra de Nicolás Maduro.
Cuatro tuits explicando la situación a la que fue expuesta bastaron para que el 1º de junio llegaran a su casa varios funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), con la excusa de llevarla a una entrevista, para someterla después de seis horas, a permanecer detenida 46 días a pesar de tener una boleta de excarcelación.