Capítulos 2020

En nuestro Informe 2020, además de presentar la situación de la libertad de expresión (más abajo), se incluyen investigaciones extensas sobre diversos temas que afectan este derecho fundamental en Venezuela. Además puedes revisar en detalle qué sucedió cada día en el país respecto a este derecho fundamental en la Cronología 2020.

Sigue cada enlace para leer los capítulos:

A tres años de la Ley del Odio – Expone casos relevantes en que el Estado ha perseguido con procesos penales a personas por ejercer su derecho a expresarse con la aplicación de esta inconstitucional ley, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el 2017.

Acceso a la información Pública en línea en tiempos de COVID19 – Análisis de la plataforma https://covid19.patria.org.ve., el acceso a la información pública y la capacidad del Estado venezolano para suministrar información sobre la situación de la Covid-19

Detente, Duda, Busca y Coopera: una propuesta contra la desinformación – Metodología centrada en fortalecer capacidades para enfrentar la desinformación y falsedad: con o sin luz, con o sin Internet, a través de la comunicación mediatizada o en la dinámica interpersonal.

Internet 2020: Situación general del derecho a la libertad de expresión e información:  – Situación de Internet en Venezuela, incluyendo las afectaciones a la libertad de expresión en cuanto a bloqueos, censura, apagones nacionales, conectividad y detenciones por expresarse en línea.

Balance sobre la situación del derecho a la reunión y manifestación en Venezuela en 2018 – Da cuenta de manifestaciones y asambleas realizadas por la ciudadanía, marcadas por la profunda crisis política y económica en Venezuela

Datos 2020: Situación de la libertad de expresión e información en Venezuela

Las restricciones establecidas con motivo de la pandemia de la Covid-19 representaron un reto para la sociedad en distintos aspectos. Al ser esta una situación sin precedentes, obligó a la colectividad a generar nuevas rutinas, de acuerdo a las limitaciones impuestas por las autoridades. El caso venezolano se vio agravado por la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa desde el año 2015¹ así como por una profunda crisis institucional y política, que desarticuló progresivamente el sistema democrático.

Los derechos fundamentales están seriamente restringidos; una situación que cada año se agudiza más, a medida de que el conflicto político no concreta solución. El derecho a la libertad de expresión es uno de los más vulnerados, en medio de un contexto donde buscar, recibir y difundir información es considerado un delito, aun cuando no esté estipulado así en la ley. Luego del año 2017 y 2019², el 2020 acumuló la mayor cantidad de casos registrados en 19 años de monitoreo; un total de 390 casos³, lo cual representa una disminución del 17% con relación al total de casos registrados en el año 2019.

Cuadro 1. Casos por año. 

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
138	110	141	121	106	126	120	246	159	139	169	220	350	237	266	708	387	468	390

La mayoría de los casos se registraron durante el primer semestre, el cual suma el 60% de las denuncias. En enero, la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) derivó en impedimentos a la labor periodística de quienes cubrieron el evento, motivo por el cual tan sólo en el primer mes del año, se registraron 30 casos⁴. Posteriormente, a propósito del Estado de Alarma y el decreto de cuarentena colectiva anunciado por Nicolás Maduro, tras la detección de casos positivos de la Covid-19 en el país, se evidenció un incremento en el número de casos documentados. Marzo⁵ se sitúa como el mes con mayor cantidad de casos durante el 2020, sumando un total de 62 casos, seguido de cerca por abril⁶ y mayo⁷, con 42 y 46 casos, respectivamente. Tras estos dos meses, el récord de casos se mantuvo bajo un comportamiento casi lineal, hasta el mes de diciembre, cuando experimentó un ligero incremento.

En total se contabilizaron al menos 965 denuncias de violaciones, lo que representa una disminución del 8% con relación al número de violaciones registradas durante el año anterior. Al igual que el número de casos, el 2020 es sólo superado por el 2017 y por el 2019 en cuanto al número total de violaciones registradas.

 

Impedimentos en la cobertura y difusión de información

Del total de casos de intimidación, el 66% corresponde a impedimentos de la cobertura o búsqueda de información realizada por trabajadores de la prensa o infociudadanos, por parte de funcionarios del Estado o cuerpos de seguridad. A partir de las restricciones por la pandemia, este tipo de situaciones comenzaron a ser cada vez más comunes, principalmente respecto a impedimentos de movilidad, así como a la prohibición de cobertura a las filas generadas en estaciones de servicio por la escasez de combustible en el país.

• El 5 de enero, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) prohibieron el acceso de la prensa al Palacio Federal Legislativo, en donde se disponían a cubrir la instalación de la junta directiva de la Asamblea Nacional para el período 2020-2021⁸. Los medios que no pudieron acceder al interior del Palacio fueron: Venezolanos por la Información (VPI), VOA, Univisión, Te lo Cuento News (TLCN), ABC, NTN24, El Pitazo, Venepress, Radio Caracol Noticias (RCN), Tv Venezuela, Blu Radio, CNV24, Crónica.Uno, Telemundo 51, CNN, New York Times, VivoPlay, CapitolioTv, Impacto TDN, La Patilla, Globovisión, La Verdad de Vargas, Prensa VP, Caraota Digital, El Nacional, Prensa Unidad, El Diario, El Nuevo País, HispanoPost, ViceNews, DPA, 800 noticias,  El Venezolano TV (EVTV), AP, Tal Cual, Efecto Cocuyo, EFE y AFP.

El 16 de marzo, la periodista Mariana de Barros denunció en su cuenta en la red social Twitter⁹ que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron su ingreso a la ciudad de Caracas tras la medida de cuarentena colectiva anunciada por Nicolás Maduro, medida que exceptúa a los trabajadores de la prensa. “3 horas en cola en la Panamericana y no me dejaron pasar a Caracas a trabajar. Mostré mi carnet y el video del ministro Padrino López, donde exceptúa a los medios de la cuarentena, y la respuesta de un GNB fue: usted no está exceptuada de la medida, devuélvase”, publicó Barros.

• Cuatro efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intimidaron al periodista de los medios NotiPascua y El Nacional, Franklin Rodríguez¹⁰; el 30 de julio, mientras tomaba fotos en la fila de la estación de servicio El Lido, en Valle de la Pascua, estado Guárico. Rodríguez estaba en el lugar para intentar abastecer de combustible su vehículo, el cual intentaron remolcar, y quitarle el teléfono celular por no tener una “autorización” para informar desde el sitio.

Al igual que en años anteriores, las detenciones arbitrarias vinculadas al ejercicio del derecho fueron una constante. Durante el 2020 al menos 110 personas fueron detenidas arbitrariamente¹¹ por buscar o difundir información, lo cual representa una disminución del 4%, con relación a las detenciones registradas en el 2019, cuando se contabilizaron 114 personas detenidas. El 32% de las víctimas son particulares¹², el 30% corresponde a periodistas o reporteros y el 14% a trabajadores públicos.

• El 31 de marzo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al abogado de la ONG Movimiento Vinotinto, sección Lara, Henderson Maldonado, cuando acompañaba a un grupo de pacientes renales a solicitar un ticket para surtir gasolina en sus vehículos. La detención arbitraria se lleva a cabo cuando este realizaba el acompañamiento a pacientes renales y oncológicos, que luego de la declaratoria de la cuarentena nacional, las restricciones vehiculares y de movilidad y la escasez de gasolina, han visto comprometida su salud y tratamientos. Luego de la audiencia de presentación el Tribunal 1ro Municipal de Iribarren dictó medida cautelar de presentación periódica cada 30 días para Maldonado, imputándole los delitos de Resistencia a la Autoridad Art. 218 e Instigación Pública a la Violencia Art. 285 del Código Penal Venezolano¹³.
• La bioanalista Andrea Sayago, quien labora en el Hospital Pedro Emilio Carrillo del estado Trujillo, fue detenida el 3 de abril por cuerpos de seguridad del Estado. La detención se produjo por difundir información sobre casos de coronavirus en la entidad a través de un estado de Whatsapp. Luego de permanecer detenida durante dos días le fue impuesto arresto domiciliario¹⁴
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• La abogada Eva Leal fue agredida y detenida por la teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Maria de los Ángeles Palmera, luego de que grabara el momento en el que presuntamente la funcionaria la extorsionara y esta se negara a pagar. La agresión y detención de Leal circuló por redes sociales y distintas organizaciones se pronunciaron en contra de la acción arbitraria. Posteriormente, el Tribunal Militar Séptimo de Control del estado Lara le otorgó libertad condicional a la abogada Eva Leal, luego de realizada su audiencia de presentación. Le fue impuesta una medida cautelar que la obliga a presentarse ante el Tribunal cuando éste así lo demande¹⁵.

 Censura y restricciones administrativas

Además de los casos de intimidación, la censura y las restricciones administrativas representan una proporción significativa del total de violaciones registradas durante el 2020. En este caso están principalmente vinculadas al cierre de espacios informativos o medios de comunicación, así como a la confiscación o eliminación de material periodístico por parte de autoridades. Durante 2020 fueron cerradas 18 emisoras radiales, cuatro medios impresos y dos medios digitales, en procedimientos llevados a cabo principalmente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en compañía de cuerpos de seguridad del Estado.

• El 31 de julio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Pura Candela 93.3 FM¹⁶ en Carúpano, estado Sucre, con la presencia de decenas de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) pasadas las 7:30 pm. “Está cerrada esta emisora por disposición de Conatel y por orden del gobernador del estado”, se escuchó al aire antes de que apagaran los micrófonos. Conatel alegó que el cierre se debió por una «violación del código de normas de Telecomunicaciones», según señaló la periodista Lovelia Pérez en entrevista a Espacio Público.
• La crisis económica y la falta de dinero en efectivo obligaron al diario El Caroreño¹⁷ a apagar su rotativa el 25 de enero en el estado Lara. El impreso producido en el municipio Torres, se unió a El Impulso, El Informador y el Diario de Lara, quienes no circulan desde el 2019.
• Una comisión de Conatel cerró la emisora Rumbera Network 94.7 FM¹⁸, ubicada en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, el 13 de noviembre, alegando que la emisora presentaba problemas con la concesión. Conatel incautó computadoras, micrófonos y la cónsola de transmisión que estaban en las oficinas. Esta estación ya había sido objeto de ataques y amenazas en reiteradas ocasiones por parte del alcalde de Tinaco, José Rivas. En febrero de 2019, Rivas grabó un video fuera de las instalaciones de Rumbera Network instando a los directivos a revisar la programación de sus periodistas¹⁹. Posteriormente, el alcalde de Tinaco amenazó al comunicador Eduardo González durante una llamada telefónica que hizo a su programa de radio²⁰.

El virus de la desinformación

Desde que se dio a conocer la propagación de la Covid-19 en el mundo, comenzó a circular gran cantidad de rumores a través de internet acerca de los síntomas, el tratamiento y las formas de prevenir el virus. Este fenómeno, aunado a las características de la era digital, generó gran cantidad de informaciones falsas que fueron difundidas en tiempo real a través del internet. En el caso de Venezuela esta realidad se vio aún más agravada debido a las amenazas y restricciones establecidas desde el gobierno nacional, ya que la información sobre la Covid-19 en Venezuela fue centralizada por el Ejecutivo Nacional²¹.

Esto derivó en señalamientos hacia quien cuestionara o contradijera la versión oficial, por lo que en distintas oportunidades, periodistas, personal de la salud y académicos fueron objeto de amenazas por parte de funcionarios del Estado. De igual forma, se desarrollaron situaciones derivadas de las medidas impuestas para contener el virus que atentaron contra el derecho a la libertad de expresión, tales como el impedimento de movilidad y restricciones para surtir combustible, por no ser la prensa un sector priorizado. Desde el 16 de marzo en adelante, se contabilizaron al menos 105 casos y 250 violaciones vinculadas directamente al Covid-19. El 41% de las violaciones fueron intimidaciones, el 22% casos de censura, el 12% amenazas, 11% hostigamientos judiciales, un 7% restricciones administrativas, el 4% hostigamientos verbales y un 3% agresiones. De un total de 140 víctimas asociadas a la pandemia del Covid-19 y sus implicaciones, los más afectados fueron periodistas y reporteros con un 39% y particulares con 16%.

• El 13 de marzo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), detuvieron a los periodistas Jesús Torres y Jesús Castillo²², de Radio Cima, luego de que estos publicaran un video en sus redes sociales en donde aseguraban que existía un posible caso de coronavirus en Venezuela, específicamente en el hospital Victorino Santaella en Los Teques, estado Miranda. Luego de permanecer detenidos durante algunas horas, fueron liberados con medidas cautelares.
• Nicolás Maduro hostigó al periodista Sergio Novelli²³ el 21 de abril en una alocución a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión. Con el término “mercenario de la comunicación” acusó al comunicador social por realizar una entrevista online en su programa Al Día Con Sergio a 13 venezolanos que regresaban al país procedentes de Perú; quienes a raíz de la pandemia por la Covid-19 manifestaron quedarse sin empleo y por eso decidieron retornar a Venezuela.

• La estatal Compañía Anónima Teléfonos Venezuela (Cantv) y el proveedor privado Movistar, bloquearon el acceso a la plataforma de presidenciave.org²⁴, portal sobre el coronavirus que fue lanzado por la Asamblea Nacional. El observatorio de Internet Ve Sin Filtro detalló que el bloqueo de Cantv y de Movistar fue de tipo DNS.

• El presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente (anc), y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, amenazó a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales²⁵ el 13 de mayo, con enviarles a los cuerpos seguridad tras la publicación de un informe acerca del desarrollo de la pandemia del coronavirus en Venezuela. Durante la emisión del programa “Con El Mazo Dando”, transmitido por Venezolana de Televisión, Cabello hizo un llamado a los cuerpos de seguridad, «deberían llamar a esta gente», expresó.

Bloqueos y restricciones en línea

Las violaciones a la libertad de expresión en línea han experimentado un aumento constante durante los últimos años, debido a la masificación del internet y de las redes sociales, así como a la disminución del ecosistema de medios de comunicación tradicionales. Para el año 2020 encontramos que al menos 120 casos fueron registrados en internet, lo que equivale al 30% del total de registros, un número mayor al contabilizado en cualquier región del país. Este dato sugiere que las autoridades venezolanas reforzaron los sistemas de vigilancia en redes sociales con el fin de silenciar o minimizar las opiniones o informaciones que cuestionan la gestión gubernamental.

Los casos registrados a propósito de informaciones difundidas a través de internet varían y abarcan desde el hostigamiento por parte de funcionarios públicos a periodistas u organizaciones, hasta el bloqueo de medios de comunicación a páginas o plataformas web por la publicación de contenidos.

• Elio Mendoza²⁶, trabajador de la Planta de Pellas en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado Bolívar, con 30 años de servicio, fue detenido bajo engaño el 1 de abril, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Familiares denunciaron que Mendoza se encontraba en su día libre y recibió una llamada del gerente de planta, Francis Villega, para solicitarle apoyo con una guardia nocturna por una avería. Se pudo conocer que fue detenido por el reenvío de un mensaje en cadena a través de la aplicación móvil WhatsApp.
• El 3 de octubre, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) bloqueó 13 portales de medios de comunicación y varias plataformas digitales mediante filtrado por SNI y por el host HTTP²⁷. En la lista de páginas web bloqueadas por el principal proveedor de servicio de internet del país destacan: Aporrea, Armando.info, El Nacional, El Universal, Efecto Cocuyo, Globovisión, La Patilla, El Venezolano TV, Caraota Digital, Vivo Play, Sumarium, InSight Crime, 2001, Soundcloud, Livestream y Change.Org. La medida ya había sido aplicada con anterioridad, pero dichos bloqueos habían quedado sin efecto luego de un incendio registrado en las instalaciones de CANTV durante el mes de abril del 2020.

• El portal digital La Gran Aldea²⁸ denunció que fue víctima de un «ataque legal» que suspendió el acceso a la web. A través de su cuenta en Twitter, el medio digital aseguró que se trata de un ataque promovido por Haiman El Troudi, quien luego de la publicación de un artículo escrito por la periodista Elizabeth Fuentes tomó acciones para censurarlo. El “La cara bonita de Haiman El Troudi” explica los pasos del político que, luego de hacerse de varios cargos públicos y aparecer involucrado en numerosos entramados de corrupción, “ahora se esfuerza por construirse una reputación paralela en las redes sociales”. El 7 de octubre el portal recibió una notificación del proveedor de una denuncia por plagio, se usó el formulario Digital Millennium Copyright Act. que los obliga a despublicar el artículo para evitar la suspensión del servicio.

Víctimas y victimarios

Del universo de víctimas, el 51% fueron periodistas o reporteros, violaciones registradas en su mayoría durante la cobertura de hechos noticiosos en donde la labor periodística se vio comprometida o limitada. Las violaciones en contra de los trabajadores de la prensa acumulan el 60% de las agresiones. En general, el 61% (250) de las víctimas fueron hombres, mientras que en el 39% (160) de los casos las víctimas fueron mujeres. 

• El 11 de febrero Manuel Da Silva, periodista de Televen, denunció que a su camarógrafo, Wilmer Torcales, le fue destruida su cámara y posteriormente ambos fueron agredidos mientras realizaban una cobertura. “Hacia el estacionamiento un grupo de los colectivos golpearon a varios civiles y periodistas; mi camarógrafo estaba allí agarrando las imágenes de esa violencia y fue cuando recibió un empujón y se le cayó la cámara, la cual quedó destrozada y también intentaron pegarle, él esquivó algunos golpes, agarró la cámara rápido, de allí lo que hicimos fue alejarnos del hecho porque ellos veían a qué medio pertenecías y te golpeaban”²⁹. 

• Funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre (IAPES) impidieron que la corresponsal de Crónica.Uno, Mónica Salazar³⁰, ingresara al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en Cumaná para una rueda de prensa que se realizaría en ese centro asistencial el 23 de marzo. Salazar indicó que estaba en una fila en uno de los puntos de control en la avenida Carúpano, sector La Gaviota, esperando llegar al inicio del punto y poder ingresar al hospital. Sin embargo, se percató que todos los carros los estaban regresando porque no dejaban pasar a nadie; se identificó como periodista ante uno de los funcionarios a quien le informó que tenía una rueda de prensa pero no la dejó pasar.

• El equipo periodístico del portal digital, Venezolanos por la Información (VPITV) fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mientras realizaban entrevistas en la estación de servicios PDV en Chuao, Caracas, el 5 de junio. Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez³¹ fueron abordados por funcionarios de la GNB luego de que estos obtuvieran los testimonios de las personas que hacían la fila para surtir gasolina en esa estación de servicio. El equipo de VPI fue despojado de sus documentos de identidad y detenidos durante más de una hora, con la amenaza de que llegarían los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para ser trasladarlos a la sede de dicho cuerpo castrense. 

• El 20 de noviembre, la coordinadora de milicianos³², Marilú Damato, intimidó a los periodistas que cubrían una protesta del personal de salud a las afueras del Hospital Materno Infantil «Dr. José Gregorio Hernández» en Acarigua, Portuguesa. La funcionaria además de insistirle a los periodistas que se retiraran del lugar, grabó con su teléfono celular a María Gabriela Briceño, del Circuito Regional de Noticias, Mariangel Moro Colmenárez y Jesús Fonseca^[5] de Venezolanos por la Información (VPITV), cuando daban cobertura a la protesta que médicos y enfermeras realizaban exigiendo las mejoras de sus condiciones laborales.

Los medios de comunicación representan el 11% del total de víctimas; destacaron medidas de cierre, bloqueos, amenazas y procedimientos administrativos, en su mayoría carentes de transparencia. Igualmente en varias ocasiones la inestabilidad del sistema eléctrico provocó la salida del aire de al menos cuatro emisoras radiales en los estados Mérida³³ y Bolívar³⁴.

Las violaciones registradas en contra de particulares representan el 9% del total de víctimas. Cabe destacar que este sector acumula la mayor cantidad de detenciones arbitrarias. Un ejemplo fue el caso de Darelis Corales, detenida el 27 de marzo, tras el allanamiento de su vivienda en Araure, estado Portuguesa, por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Esto ocurrió tras haberle enviado un mensaje de texto vía Whatsapp a Debora Menicucci, esposa de Maikel Moreno, el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Corales fue presentada en tribunales por delitos de odio.

Los principales victimarios durante el 2020 fueron los cuerpos de seguridad, responsables del 43% de los casos registrados. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acumula 78 casos; le sigue la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con 21 casos y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 19. 

El 20% de los casos fueron provocados por acciones de las instituciones del Estado. Al menos en 31 ocasiones la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) fue la responsable de restricciones a contenidos web, así como de fallas de conectividad que impidieron que la ciudadanía tuviese acceso a información noticiosa mediante el uso del internet, estas últimas se registraron en 10 oportunidades, afectando así a gran parte del territorio nacional. Complementan la lista, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), con 19 casos y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con 11.

Lugares de ocurrencia

Con relación a la ubicación geográfica de los casos registrados, el Distrito Capital es la región del país que registró mayor número de casos durante el 2020. Esto se debe principalmente a que esta es la sede de los poderes públicos, lo cual genera una intensa actividad noticiosa. Los estados Lara, Zulia, Vargas y Mérida completan la lista de los cinco estados con mayor cantidad de casos registrados.

Marco teórico metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

Los tipos de violaciones se agrupan de acuerdo a las siguientes características:

AGRESIÓN: en el caso de periodistas/ciudadanos(as) heridos o golpeados por civiles o por fuerzas de seguridad.

ATAQUE: en el caso de medios de prensa dañados o asaltados por la difusión de noticias u opiniones.

AMENAZA: en forma personal, por teléfono, por mensajes u otra modalidad. Agresión a las propiedades de un periodista/ciudadano, como por ejemplo, disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo. Ataque, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.

CENSURA: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas.

INTIMIDACIÓN: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.

HOSTIGAMIENTO JUDICIAL: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio, periodista o ciudadano, demandas por daños y perjuicios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas a revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.

HOSTIGAMIENTO VERBAL: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación, periodistas o ciudadanos, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos.

RESTRICCIONES LEGALES: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de prensa, o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.

RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del Ejecutivo Nacional, regional o municipal.

MUERTE: periodistas o ciudadanos asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico o por buscar/difundir información, o por motivo de éste, luego de su realización.