José Gregorio López, conductor del programa de radio Contra la corriente, fue hostigado al aire por Víctor Clark, gobernador del Estado Falcón, por dar cobertura a la campaña electoral de oposición: “me catalogó como si yo fuese el jefe del comando de campaña de un candidato opositor (…) Dice que voy a recibir un tratamiento y que me atenga a las consecuencias”1, afirmó el periodista sobre lo ocurrido el 22 de octubre.
Clark aseguró que se estaban diciendo mentiras sobre él y se estaba difamando su imagen: «Si se enfilan contra mí, yo tengo derecho a decir que me están atacando y tienen que asumir las consecuencias de hacerlo». 2.
López afirmó que las acusaciones del gobernador son la causa del proceso administrativo contra su programa, “Contra la corriente”, que inició la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y por ende es una medida para censurarlo. Además, explicó que esta no es la instancia por la que se deben canalizar los desacuerdos con su trabajo. En efecto, el mecanismo adecuado según el derecho internacional es el derecho a réplica, los procesos administrativos aplican para casos graves y las acusaciones penales no deben aplicarse a casos relacionados con la expresión.
El gobernador se refirió a López, apodado “el piojo”, como liendre por su cobertura a la campaña electoral opositora en el estado Falcón. Al respecto, López comentó: «No es un delito estar en una campaña de cualquier candidato, y su aseveración de que me atenga a las consecuencias, es lo que me preocupa, porque sabemos lo que estas personas con poder pueden hacer cuando hacen esta mención» 1.
Las amenazas y descalificaciones violan el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y lesionan la posibilidad de la sociedad de estar informada. Las autoridades gubernamentales están sujetas a la interpelación por su rol de gestores públicos. Los Estados están obligados a promover y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de toda persona, sin discriminación alguna e independientemente del tema que se aborde.
Estas ventanas que se cierran limitan la circulación de información durante las campañas electorales, imprescindible para que la población tome decisiones de manera informada. La libertad de expresión es fundamental para la existencia de un sistema democrático.
