Funcionarios civiles y militares del Palacio de Justicia detuvieron e intimidaron el 22 de marzo al abogado y miembro del equipo de Provea, Eduardo Torres, luego de grabar a efectivos militares que estaban en la entrada del tribunal penal de Caracas.
Torres relató a Espacio Público que la agresión ocurrió alrededor de las 11 de la mañana cuando se percató de que había alrededor de 15 efectivos en la entrada del tribunal, revisando a la gente y algunos de ellos utilizando pasamontañas.1
“Yo prendí el teléfono para grabar la situación, me pareció ya un abuso extremo. Traté de grabar con cuidado, pero se dieron cuenta. Una funcionaria que estaba vestida de civil mandó a detenerme y lo hicieron; allí empezó la presión”, dijo Torres.1
El abogado de Provea dijo que los funcionarios le pidieron sus documentos de identidad y su teléfono celular. “Un funcionario me dijo que tenía que borrar la foto que tenía en el teléfono (…) le dije que yo mismo lo hacía, pero que no le entregaría el teléfono”, dijo.1
Los funcionarios comenzaron a cercarlo y, en ese momento, Torres logró avisar a un grupo de periodistas por WhatsApp, lo que ayudó a que circulara la información en redes sociales. La funcionaria civil llamó al “sargento” y los militares empezaron a cerrar los accesos del Palacio de Justicia.1
“En ese momento yo llamé al Dr. Omar Mora Tosta, que estaba en mezanina, y él bajó a rescatarme. Subimos la escalera y luego vimos que un grupo grande de personas estaba saliendo del Palacio y allí me colé”.1
La detención y el hostigamiento hacia el abogado Torres representa una violación a su derecho a la libertad de expresión, hacer videos en espacios públicos es legal. La detención arbitraria se enmanrca dentro del ataque sistemático a personas defensoras de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
