(Caracas, 24 de septiembre de 2014) La coalición de organizaciones no gubernamentales que conforman el Foro Por La Vida se mantienen alerta ante la citación entregada al presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, para comparecer ante la Fiscalía General de la República en Caracas, este jueves 25 de septiembre de 2014 a las 10:00 a.m.
Diamanti fue detenido de forma arbitraria el 7 de mayo de 2014 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y fue llevado a su sede en el Helicoide por 48 horas. Posteriormente, el 9 de mayo de 2014 fue trasladado al Juzgado 17 en Funciones de Control Penal de Caracas, donde le imputaron delitos penales y le fue declarada una medida de prohibición de salida del país que aún se mantiene vigente.
El artículo 2 de la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos establece que se debe “proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades; proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos y garantizar y apoyar la creación y el desarrollo de instituciones nacionales independientes encargadas de promover y proteger los derechos humanos”.
Por todo lo anterior, en nuestro carácter de organizaciones de derechos humanos, exigimos muy respetuosamente a las autoridades competentes que:
1) Se le garantice el debido proceso a Rodrigo Diamanti y se proteja su integridad personal y vida.
2) Enfrenten la impunidad en los casos de delitos contra defensores de derechos humanos, asegurando que las denuncias de los defensores sean investigadas y que sean tramitadas con prontitud y de manera transparente, independiente y responsable.
3) Tomen las medidas pertinentes para garantizar las condiciones necesarias para que los defensores(as) de derechos humanos puedan cumplir con su labor como contralores sociales y además se les garantice el derecho a la vida y a la integridad personal, al igual que lo merecen todos y todas las venezolanas.
