Más de 100 organizaciones y activistas de derechos humanos del mundo exigen que Colombia, Perú y Venezuela ratificar el Acuerdo de Escazú para mitigar la violencia contra defensores ambientales, garantizar el derecho a información del medioambiente y recursos naturales, incluir a las poblaciones y comunidades indígenas en las decisiones ambientales, y garantizar la justicia ambiental en las regiones
Con gran preocupación, el Observatorio para la defensa de la vida – ODEVIDA registra el aumento de violencias en contra de personas defensoras de Derechos Humanos en Colombia, Perú y Venezuela. Especialmente, en contra de líderes y lideresas que defienden el medioambiente y el territorio en el marco de una crisis climática que afecta la vida en la región.
Para el ODEVIDA es de la más alta urgencia que los gobiernos de la región se obliguen a cumplir lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú como un primer paso para mitigar la violencia. En el caso de Colombia y Perú es importante que los Estados avancen en la ratificación del tratado, previamente firmado por estos y en el que ambos tuvieron calidad de negociadores. En el caso venezolano, es urgente que el gobierno se adhiera al Acuerdo, lo cual genera los mismos efectos jurídicos que la ratificación. Es tiempo de que los países del sur reconozcan que este tratado es imperativo para garantizar la labor de activistas ambientales y la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad.
El Acuerdo de Escazú contempla el compromiso con el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, tres pilares fundamentales para consolidar la discusión sobre asuntos ambientales que debemos tener en este momento histórico al que asistimos como humanidad. No podemos posponer lo inaplazable. Esta es la oportunidad para que América Latina y el Caribe lideren la discusión. Cabe decir que este instrumento es el primero sobre asuntos ambientales en la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Con respecto al acceso a la información ambiental, los gobiernos tienen el deber de garantizar el derecho del público a informarse sobre cualquier materia relativa al medioambiente y a los recursos naturales, incluyendo los riesgos e impactos adversos que pueden afectar el medio ambiente y la salud. Nunca había sido tan necesaria la generación, divulgación y accesibilidad a la información ambiental bajo el principio de máxima publicidad como ahora.
En segundo lugar, los gobiernos tienen el deber de garantizar la participación abierta, incluyente y efectiva de poblaciones y comunidades en la toma de decisiones ambientales sobre la base de una información clara, precisa y verídica.
En tercer lugar, los gobiernos deben asegurar el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir cualquier decisión, acción u omisión relacionada con el acceso a la información ambiental; a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales; y a cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente.
Con respecto a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro y propicio en el que organizaciones defensoras del ambiente puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Entre estas garantías prima el derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente. Los y las defensoras del Sur Global constituyen la primera línea de defensa frente a la depredación ambiental impulsada por la economía extractivista.
Las siguientes organizaciones sociales, políticas, civiles y comunitarias, organizaciones no gubernamentales y plataformas por los derechos civiles y políticos firman este comunicado instando al gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque Márquez; al gobierno peruano en cabeza de Pedro Castillo Terrones; y al gobierno venezolano en cabeza de Nicolás Maduro Moros a ratificar o adherirse al Acuerdo de Escazú como camino para liderar desde América Latina y el Caribe la transformación que necesitamos como humanidad para superar la crisis climática y construir un porvenir ecológico.
Suscriben
Organizaciones internacionales
- American Development Association in Europe (ADAE)
- C.O.I.D.H.ARGENTINA
- Emprender ONG
- Centro de desarrollo humano
- CLIMALAB
- Global Network of Civil Society Organisations for Disaster Reduction (GNDR)
- TELKES ENERGY
- Movimiento ambientalista sanfraciscano MAS
- 350.org
- Voces de género
- Embajadores del Orinoco
- Derecho, Interculturalidad y Ambiente (DIA)
- Derechos Humanos sin Fronteras
- FUNDACION ECUMENICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – FEDEPAZ
- GRUFIDES
- Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
- Red Muqui
- We World
- Cuencas Sagradas
- Fundación ASTUR
- Sociedad Amigos del Viento
Organizaciones venezolanas
- Acceso a la Justicia
- Acción campesina
- Alianza para la Acción Climática Venezuela
- Aquí cabemos todos
- Asociación Civil Educativa Pequeños Científicos
- Asociación Civil Mujeres en Línea
- ASOCIACIÓN CIVIL NUPAZ
- Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)
- Caleidoscopio Humano
- Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
- Cátedra de la Paz / Universidad de Los Andes
- Centro de Desarrollo Humano. CDH/ Honduras
- Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer CISFEM
- Centro para la Paz y los Derechos Humanos Universidad Central de Venezuela
- Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
- CEPAZ
- Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
- Colectivo de Montañismo Ecológico Tatuy
- Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
- Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela-Merida
- Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Lara
- Comité DDHH Parroquia La Vega
- Comité de DDHH «La Carucieña»
- Comité para la defensa de los derechos humanos Parroquia Coche
- Consejo Comunal Sorocaima
- Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
- DefensActiva
- Defiende Venezuela
- Ecodesarrollo 2000
- EDEPA A.C.
- EPIKEIA Derechos Humanos
- EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
- FUNCAMAMA
- Fundacion Agua Sin Fronteras
- Fundacion Aguaclara
- Fundación Basura Cero
- Fundación Caribe Sur
- Fundación Centro Gumilla
- Fundación Embajadoras Venezuela Sostenible EVS
- Fundación Lucelia
- Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
- Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene
- Fundación Pro- Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez
- Fundación Tierra Viva
- Fundación Váyalo
- Fundación Vida Verde Funvive
- Fundaval
- Geografía Viva
- Guardianes del Bosque
- Manifiesta
- Movimiento Ciudadano Dale Letra
- MOVIMIENTO CIUDADANO UNIENDO VOLUNTADES
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
- Observatorio Global de Comunicación y Democracia
- Observatorio Penal Merida OPEM DDHH
- OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS)
- Observatorio Venezolano de Prisiones
- OdecorpUnimet
- Odevida, Capítulo Venezuela
- OGCD
- Phynatura, A.C.
- Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
- PROMEDEHUM
- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos | PROVEA
- Red de Economía Circular
- Red Internacional de Promotores ODS capítulo Venezuela
- Reflejos de Venezuela
- RENUPAZ
- Reunificados ORG
- Sinergia
- SOCIEDAD HOMINIS IURA (SOHI)
- Tuboacero, C. A.
- Unión Afirmativa
- Universidad Nacional Experimental del Táchira
- AMBAR Asociación Civil
- Todos por el Futuro
- Convive
