Cuerpos de seguridad del Estado detuvieron de manera arbitraria el 2 de diciembre a Giovanni Yaguaracucto, líder sindical del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) del estado Anzoátegui (noreste), por las denuncias que ha hecho de la crisis hospitalaria e intentaron detener al secretario de Prevención del Hospital Luis Razetti de Barcelona, Edisson Hernández.
Yaguaracuto fue detenido por una comisión de los Servicios de Investigación Penal (SIP) y hasta el domingo, 3 de diciembre, aún no se conocían las causas de la detención ni la existencia de alguna orden judicial. A los abogados que acudieron a pedir información sobre la detención les indicaron que estaba siendo investigado por “instigación al odio”, sin dar más detalles.1
El abogado de Edisson Hernández, Francisco Abad, dijo que Yaguaracuto está detenido en la sede del SIP, bajo una presunta acusación de violencia de género, y está planificado que sea presentado el lunes, 4 de diciembre, ante un tribunal de control.
Hernández, por su parte, detalló que luego de la detención de Yaguaracuto los funcionarios de seguridad fueron a buscarlo a su casa para detenerlo, pero él no estaba sino sus familiares: “tenían una boleta (de detención) en la mano y dijeron que yo tenía que ser llevado a la comandancia porque tenía una denuncia”, dijo.2
El líder sindical indicó que los funcionarios no llegaron a entrar a su casa, pero se mantuvieron afuera esperando que él llegara en algún momento. Agregó que aún no saben cuál es la denuncia que hay en su contra y que está analizando la situación, junto con sus abogados, para saber qué decisión tomar.
El pasado 28 de noviembre, Hernández y otros trabajadores del Hospital Luis Razetti de Barcelona, miembros del Movimiento de Trabajadores de la Salud del estado Anzoátegui (Motrasalud), llevaron una denuncia pública sobre la situación de la morgue del recinto a la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Anzoátegui y la Autoridad Única de Salud de la entidad.
La detención arbitraria de Yaguaracuto y la persecución de la que es víctima Edisson Hernández son violaciones a sus derechos a la libertad de expresión, asociación y sindical. En los últimos cinco años, como parte del descontento del sector público ante la precariedad laboral, han aumentado las protestas y exigencias, junto con la persecución y la criminalización por parte del Estado.
Exigimos al Estado y a los órganos de justicia garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de las personas acusadas. Recordamos que la expresión no es un delito, la ciudadanía tiene derecho a exigir sus derechos. Las acusaciones basadas en la inconstitucional ley contra el odio son arbitrarias, ilegales y contrarias a un Estado de Derecho.
