El 18 de agosto fue detenido de forma arbitraria, por tercera vez, el periodista Víctor Ugas y presentado ante los tribunales después de un conflicto con el tiktoker Emmanuel Marcano, quien luego se declaró abiertamente oficialista y habló sobre el caso en el programa televisivo del presidente, Nicolás Maduro.
Ugas fue presentado ante tribunales el mismo 18 de agosto y le fue imputado el presunto delito de “instigación al odio”, tipificado en la ilegal e inconstitucional ley contra el odio, la cual no es solo arbitraria y se usa con fines de persecución política, sino que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos al criminalizar por completo el derecho a la libertad de expresión.
El periodista fue vinculado con una agresión sufrida por el tiktoker Emmanuel Marcano y que se hizo viral en redes sociales. Hasta el momento, Ugas no ha podido contar con un juicio justo que cumpla el debido proceso, impidiéndole además el legítimo derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el contacto con familiares.
Por el contrario, desde el poder político se evidencia la influencia sobre el Poder Judicial y la Fiscalía para acusar, sentenciar y mantener detenido a Ugas como en las dos ocasiones previas, siendo un ejemplo de la falta de independencia de poderes que existe en Venezuela y que ha sido reseñada y denunciada por organismos internacionales e independientes.
Cinco días después de su detención arbitraria, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) alertó sobre el traslado de Ugas al centro penitenciario Yare III, en el estado Miranda (norte), donde en principio se encontraban recluidos mayormente presos comunes y ahora también se suman manifestantes y personas opositoras al gobierno de Maduro.
Sin embargo, familiares de Ugas aseguran que no tienen certeza de su paradero, por lo que continúa en estado de desaparición forzada: “En Yare III no dan información y en Tocorón no dan información, a Tocuyito no pudieron llegar hasta allá para preguntar (…) no sé dónde está, no sé cómo está, tengo mucha angustia”1.
La primera detención injusta de Ugas se extendió desde octubre de 2014 hasta diciembre de 2017, tras ser acusado como responsable de publicar una serie de fotos del cadáver del exdiputado Robert Serra en la morgue de Bello Monte. A Ugas le fueron imputados los delitos de revelación indebida de data y espionaje informático y permaneció preso hasta 2017 a pesar de cumplir su condena de dos años y ocho meses.
Dos años después de su excarcelación, en 2019, fue detenido junto al diputado opositor Gilber Caro por funcionarios de la extinta FAES. Familiares de Ugas desconocieron su paradero hasta que fue excarcelado el 17 de enero de 2020. El tribunal a cargo le dictó medidas cautelares y le prohibió hablar sobre el caso.
Las continuas detenciones de Víctor Ugas en la última década son prueba fehaciente de que en Venezuela las instituciones del Estado están al servicio del gobierno y de intereses particulares y partidistas. A la más reciente, además, se le suma el componente de una normativa contra el odio que pretende atemorizar, reprimir y silenciar los discursos contrarios al oficial y las críticas que puedan incomodar a funcionarios públicos y sus allegados.
- Anónimo por resguardo, 28 de agosto de 2024, comunicación personal [↩]
