La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas rechaza de forma enérgica la ola de agresiones físicas y verbales que se ha verificado en las últimas semanas contra comunicadores sociales, específicamente contra tres colegas mujeres: Luisa Álvarez, Gabriela Iribarren y Rayma Suprani.
En la segunda semana de enero, durante la juramentación de la Cámara Municipal de Vargas, en el estado homónimo, la periodista Luisa Álvarez recibió una bofetada de parte de la presidente saliente de esa entidad, Míriam González, agresión que estuvo precedida por la exigencia de la edil a la comunicadora social de que no tomara notas de sus declaraciones. El que una autoridad, saliente o entrante, no quiera que sus palabras salgan publicadas, ya sea en la prensa o en los boletines que los departamentos de Relaciones Públicas generan, no justifica la exigencia de censura a un periodista, que aunque su trabajo esté enmarcado en el periodismo institucional, se debe a sus lectores, y mucho menos la agresión física, deleznable en todas sus manifestaciones.
En el caso de la reportera Iribarren, esta se encontraba el 20 de enero recorriendo las instalaciones de Pdval en San José, Caracas, cuando un vigilante la conminó a entregar su material de trabajo, y al negarse, el hombre la zarandeó y se lo arrebató a la fuerza. Iribarren estaba allí con los debidos permisos de las autoridades, y hubo de recurrirse a los buenos oficios de los ministerios de Comunicación e Información, de Alimentación y del comando de la Guardia Nacional Bolivariana, para recuperar el material informativo.
En el día 24 de enero, utilizando la red social Twitter, un grupo de usuarios profirió ofensas y amenazas indirectas a la integridad física de la caricaturista Rayma Suprani, lo que fue un hecho público y notorio, y que constituye una agresión a la libertad de expresión que busca acallar las opiniones que Suprani vierte en sus viñetas diarias.
La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas exige a las autoridades competentes, ya sea las del ministerio de Justicia, de la Mujer y la Igualdad de Género, del Trabajo, y a las de Conatel y la Defensoría del Pueblo que se sancionen a quienes violan con sus acciones y palabras la integridad física y moral de los periodistas que están ejerciendo su labor profesional y su derecho a la libertad de expresión, que implica la posibilidad de buscar, difundir y recibir información, sea del tipo que sea. Se considera que las agresiones físicas a los periodistas atentan contra dos Derechos Humanos, pues no sólo van contra la integridad humana, sino que ponen freno al derecho de los ciudadanos a estar informados.
Asimismo, el CNP insiste en la necesidad de elevar el discurso político general, y la restitución del respeto a la opinión divergente, sobre todo en las instancias gubernamentales, como base de la vida política nacional. La descalificación, las imprecaciones y los ataques a los periodistas, medios o ciudadanos con opiniones molestas al gobierno como política comunicacional del Estado, no pueden sino resultar en un permiso sobreentendido a los funcionarios de segundo nivel para hacer lo mismo o ir más allá, tal como se comprueba en los tres casos antes referidos.
Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas
Caracas, 25 de enero de 2011
