Espacio Público

Informe 2021: Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela

Prólogo

En Venezuela, cualquier persona interesada en informarse sobre temas de interés público tiene que superar diversas barreras para hacerlo. La escasez aguda de periódicos, radios y televisoras censuradas, portales web bloqueados y recurrentes fallas eléctricas son los principales obstáculos para esta dimensión del derecho a la libertad de expresión. Adicionalmente para aquellos que deciden opinar o informar pueden existir consecuencias ulteriores.   

Los diarios impresos son muy escasos y con tirajes limitados y por ello perdieron importancia relativa en los medios utilizados para informarse. En el año 2015, el 38,8 % de la población utilizaba los diarios impresos nacionales para informarse, cinco años después, en el año 2021, apenas el 3,1 % de los encuestados los usaba para enterarse de noticias. La reducción en los medios impresos regionales pasó del 29,2 % en el 2016 a 1,9 % en el año 2021.

La radio y la televisión, tanto abierta como de suscripción, está sometida a las regulaciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que regularmente clausura emisoras o presiona a los directivos de las estaciones para que eliminen programas. Usualmente son emisiones con contenidos relacionados a la crítica de la gestión pública regional o nacional.

La sequía informativa es consecuencia de una política de Estado que castiga sistemáticamente la crítica y tolera los abusos de sus partidarios. Entre los patrones observados se consideran a) las críticas como provenientes de enemigos, con lo cual validan la descalificación que se realiza a medios y periodistas; 2) la criminalización de las 

expresiones, sea por la aplicación de leyes inconstitucionales o el cierre de estaciones de radio o televisión; y 3) violencia e impunidad en la actuación de funcionarios o terceros que agreden y atacan a periodistas en las coberturas de calle.

La política estatal tiene como propósito explícito o subyacente la construcción social del miedo a expresarse y con ello reducir la circulación de contenidos críticos a la gestión gubernamental. Algunas de las consecuencias son el aumento de la arbitrariedad de los funcionarios, la poca o nula rendición de cuentas y por tanto, el aumento de las prácticas corruptas en los distintos ámbitos gubernamentales.

La opacidad en la gestión pública deriva también en una erosión sustantiva de la confianza ciudadana en la relación con las instituciones públicas. Esto tiene implicaciones políticas en el ánimo colectivo. El castigo a lo legal, moral y éticamente correcto contribuye con las tendencias que asocian a la resignación como conducta más conveniente que coexisten con  prácticas sociales que propugnan seguir informando o enterarse de los principales asuntos de interés público.

La contienda entre el poder estatal y la sociedad es profundamente desigual. Los recursos de la élite del poder gubernamental son muy grandes y muchas veces se utilizan en contra de individuos. Las estrategias para construir el silencio de las voces críticas se basan en el castigo focalizado con el objeto de mostrar las consecuencias para atemorizar a la sociedad. 

La fuerza es desproporcionada y cobarde, huye de los actores sociales colectivos con fuerza y organización, prefiere a personas e individuos aislados. El patrón muchas veces inicia con la descalificación en medios públicos, se articula con mensajes repetidos en redes sociales, para pretender justificar políticamente el atropello. Los pasos siguientes, incluyen el inicio de procesos judiciales y el sometimiento a continuados atropellos al debido proceso.

Al analizar los patrones observables en los datos encontramos una priorización en las restricciones a la radio y la televisión, que son los medios de comunicación con mayor alcance y los preferidos por los sectores populares. Conatel actúa de manera sistemática y mediante comunicaciones, muchas veces informales, se ordena a los directivos de los medios que eliminen programas o directamente se clausuran.

Conatel es también el organismo encargado de ordenar los bloqueos a los sitios web, que especialmente afecta a los portales de noticias nacionales. Estas medidas se aplican sin justificación alguna y coartando la posibilidad de defensa a las personas afectadas. Las instrucciones a las empresas proveedoras de internet se aplican sin informar a los usuarios. Es una acción arbitraria y discrecional con gran impacto en la libre circulación de información, ideas y opiniones.

La política pública, con sus distintas variaciones temporales, tiene una consecuencia directa en el deterioro del ecosistema de medios y por tanto en los canales de comunicación que usa la sociedad para acceder a las noticias. El resultado es una reducción sustancial de los medios tradicionales (prensa, radio y televisión) y una mayor preferencia de las audiencias interesadas por medios basados en internet.

En la esfera de la comunicación basada en internet abundan las estrategias de desinformación, en el caso venezolano con la deliberada intervención de agentes estatales. Cada día se procura posicionar etiquetas (especialmente en Twitter) con el esfuerzo mancomunado y pagado de centenares de usuarios partidarios del gobierno. Además muchos son troles que procuran boicotear la conversación o alimentar la desconfianza.

Con la publicación del informe correspondiente al año 2021 completamos 20 años de seguimiento y evaluación de la situación de la libertad de expresión en Venezuela, estos informes son un ejercicio de memoria sobre los atropellos a la libertad de expresión y también el testimonio de los esfuerzos de las víctimas para evitar la impunidad y de la sociedad venezolana por evitar el silencio.

Cada registro que documenta el atropello estatal a las obligaciones de respeto y protección a la libertad de expresión es también una muestra de rebeldía que procura expresarse a pesar de las consecuencias. Cada año este esfuerzo de documentación es un reconocimiento para aquellos que porfiadamente se empeñan en alzar sus voces y por tanto conspiran abiertamente contra los silencios impuestos.

Capítulos 2021

En nuestro Informe 2021, además de presentar la situación de la libertad de expresión (más abajo), se incluyen investigaciones extensas sobre diversos temas que afectan este derecho fundamental en Venezuela. Además puedes revisar en detalle qué sucedió cada día en el país respecto a este derecho fundamental en la Cronología 2021.

Sigue cada enlace en el título para leer los capítulos:

Violencia digital de género contra las mujeres – Entre las modalidades de ataques digitales se documentan la estigmatización, descalificación y acoso por razones y/o impactos de género, así como la intimidación, chantajes con exposición de datos personales y amenazas. Presentamos tres casos que ejemplifican la situación.

Balance de la “Ley de transparencia y acceso a la información de interés público” – A pesar de la promulgación de esta normativa, la opacidad sigue siendo lo común en Venezuela. Presentamos un análisis sobre esta ley, su inconstitucionalidad y la intención del Estado.

Privacidad y datos personales. Una aproximación a la legislación y práctica vigentes – Presentamos con cifras y casos información sobre el estatus en Venezuela, pasando por detenciones, vigilancia, revisión de equipos y la exposición de datos personales para perseguir.


A un año de la “Ley Constitucional de Antibloqueo, para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos” – Análisis sobre el texto de esta normativa orientada a monopolizar el ejercicio del poder público en el presidente de la República, revisamos su aplicación e intenciones.

Balance sobre el derecho a la manifestación pacífica en Venezuela 2020 – Las manifestaciones realizadas durante el 2020 estuvieron marcadas por la aparición del virus SARS-CoV-2, un nuevo coronavirus, convertido en pandemia. En Venezuela registramos 1635 manifestaciones públicas, acá presentamos más información respecto a las exigencias, quiénes manifestaron, represión y otros datos.

21-N: Libertad de expresión, participación y elecciones – Ante las crecientes limitaciones a medios tradicionales, la ciudadanía busca información en otros espacios como Internet, en este capítulo mostramos cómo se conocen las noticias en Venezuela durante un período tan importante como el electoral.

Mapeo descriptivo de medios en Venezuela – La agudización del contexto social y político impactó en el ecosistema mediático al derivar en el cierre de al menos 151 medios de comunicación entre los años 2017 y 2019. Este trabajo da cuenta de los datos generales de nuestro primer corte del mapeo de medios de comunicación en el país; una fotografía del actual ecosistema mediático nacional.

Datos 2021: Situación de la libertad de expresión e información en Venezuela

Luego de un segundo año en cuarentena, tras la declaración de emergencia por la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020, la opacidad informativa y las posibles represalias por la difusión de información generaron un clima de inhibición en medios de comunicación y periodistas. Las medidas implementadas por el Estado venezolano para enfrentar la pandemia vulneraron de forma directa el derecho a la libertad de expresión. En tal sentido, muchas personas sufrieron represalias después de cuestionar a funcionarios y políticas públicas a través de sus redes sociales[1].

En Espacio Público registramos un descenso en el número total de casos, por segundo año consecutivo, en un periodo caracterizado por la reducción de la agenda noticiosa. En paralelo, el conflicto político permaneció estancado, a pesar de los altos niveles de conflictividad social.

El 2021 fue el año con menos cantidad de casos desde el 2015, cuando hubo 237 registros. Durante el último periodo se documentaron al menos 244 casos[2], lo cual constituye una disminución de 37 % en relación con el número de casos del 2020, cuando se contabilizaron 390 casos de violaciones a la libertad de expresión.

Cuadro 1. Casos por año

La ocurrencia de casos mantuvo un comportamiento lineal durante todo el año, salvo en el mes de noviembre, cuando se registraron 49 situaciones. Este incremento estuvo motivado, principalmente, por las violaciones a la libertad de expresión ocurridas en el marco del proceso electoral del 21 de noviembre, ante la renovación de las alcaldías y las gobernaciones a escala nacional. Durante la mencionada jornada, se contabilizaron no menos de 27 casos y 57 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión[3], siendo así uno de los procesos electorales con más incidencias durante los últimos años.

Gráfico 1. Casos por mes

Febrero (20), abril (21) y mayo (24) completan la lista de los meses con mayor número de casos, mientras que diciembre (11) se ubicó como el mes en que se registró el menor número de incidencias.

En el último año, del total de casos registrados se derivaron al menos 461 denuncias de violaciones, lo que representa una disminución del 52 % con relación al número de violaciones registradas durante el año anterior[4]. Esta cifra constituye el número de violaciones más bajo documentado en los últimos cinco años.

Impedimentos de cobertura y difusión

Las intimidaciones fueron las incidencias más recurrentes, comprendieron 161 (34 %) del total de violaciones registradas. Los/as periodistas y reporteros/as fueron quienes más se vieron afectados por esta situación, constituyeron 70 % de las víctimas de intimidación. Los impedimentos de cobertura a equipos reporteriles por parte de funcionarios públicos y efectivos de seguridad fueron una constante y se ubicaron nuevamente como las restricciones más frecuentes. La mayoría de estas situaciones se suscitaron en medio de la cobertura de protestas ciudadanas, estaciones de servicio[5] y centros de salud.

Cuadro 3: Detenciones por ocupación

En el 2021, al menos 35 personas fueron detenidas por buscar, recibir o difundir información, lo cual representa una disminución en el número de detenciones del 68 %, con relación al 2020[9]. Del total de personas detenidas, periodistas (37 %), particulares (25 %) y miembros de ONG (17 %), fueron los más afectados. Diez de las detenciones fueron por la difusión de información o contenidos en línea; al menos tres estuvieron vinculadas a Whatsapp y dos a TikTok.

Gráfico 3. Detenciones por ocupación

Censuras y restricciones administrativas

A pesar de la disminución del ecosistema de medios de comunicación durante los últimos años, producto de las medidas y políticas arbitrarias, los cierres de medios y las limitaciones de acceso a la información se mantienen. Del total de violaciones, la censura sumó al menos 144 registros (31 %), mientras que se contabilizaron 51 restricciones administrativas (11 %). Durante el 2021, se registró el cierre de 9 emisoras de radio, 1 medio digital y 1 medio impreso. Con esta cifra suman 292 medios cerrados desde el 2004. Algunos se destacan a continuación:

Dentro de estas violaciones se ubican las limitaciones generadas por las constantes fallas del servicio eléctrico y de internet. En tal sentido, documentamos al menos 30 violaciones al derecho, lo cual da cuenta del estado de los servicios públicos en el país, producto de la desinversión y las carencias de infraestructura.

Víctimas y victimarios

Cuadro 4. Víctimas por ocupación.

Al igual que en periodos anteriores, las principales víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron los/as periodistas y reporteros/as, quienes alcanzaron un total de 131 (44 %) registros. En segundo lugar se ubican los medios de comunicación con 64 víctimas (21 %), seguidos por la ciudadanía en general, quienes fueron víctimas en al menos 31 ocasiones (10 %). Con respecto al género de las víctimas, 69 % de estas fueron masculinas, mientras 31 % restante corresponde al femenino.

 Gráfico 4. Víctimas por ocupación.

En el caso de las violaciones hacia periodistas, en su mayoría estuvieron basadas en impedimentos de coberturas o prohibición de acceso a recintos como centros de votación, hospitales y estaciones de servicio. Sin embargo, también fueron víctimas de hostigamientos verbales de parte de funcionarios del Estado y amenazas de miembros de cuerpos de seguridad.

Cuadro 5: Victimarios por ocupación

Los cuerpos de seguridad y las instituciones del Estado fueron los principales victimarios, siendo responsables de al menos 85 casos, cada uno, respectivamente. Con relación a los cuerpos de seguridad, los organismos que acumulan mayor cantidad de casos son la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 37 y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 8 casos cada uno.

En cuanto a las Instituciones del Estado, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fue responsable de 18 casos, al igual que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). Mientras que en el tercer lugar se ubica la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con 15 casos.

Gráfico 5. Victimarios por ocupación

Al menos 42 % de los casos registrados durante el 2021 ocurrieron en internet, comprendieron así, no solo los bloqueos y restricciones impuestas a medios y plataformas digitales por instituciones como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sino también las fallas del servicio eléctrico y de internet; a esto se suman las amenazas de funcionarios del Estado hacia periodistas y medios a través de redes sociales y las detenciones por la difusión de opiniones o informaciones en línea.

En el plano geográfico, la región con más casos fue el Distrito Capital. El volumen de situaciones registradas en esta entidad responde, entre otras cosas, a que esta es la sede de los Poderes Públicos, y gran parte de la agenda noticiosa se desarrolla en la ciudad capital, lo que trae consigo restricciones y limitaciones al ejercicio de la labor periodística por parte de cuerpos de seguridad, instituciones y funcionarios. La lista la complementan los estados Mérida, Miranda, Bolívar y Lara.

Gráfico 6. Casos por ubicación geográfica

Marco teórico metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional. 

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma, en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.


[1] Human Right Watch. Informe mundial 2022. Venezuela. Disponible en https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380706

[2] Se entiende por caso el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo caso se pueden contabilizar distintas víctimas y violaciones.

[3] Espacio Público, 21 de noviembre de 2021. 21N: Plan República niega el acceso a los medios.
Recuperado en https://espaciopublico.ong/21n-plan-republica-niega-el-acceso-a-los-medios/

[4] En 2020 se registraron 965 denuncias de violaciones a la libertad de expresión.

[5] Instalaciones destinadas para la venta de combustible.

[6] Espacio Público, 30 de mayo. Funcionario de la GNB intimidó a reporteros en el estado Zulia. Recuperado en http://espaciopublico.ong/funcionario-de-la-gnb-intimido-a-reporteros-en-el-estado-zulia/

[7] Espacio Público, 28 de junio de 2021. Directora del Hospital Pérez de León hostiga y amenaza a reportero de Caraota Digital. Recuperado en http://espaciopublico.ong/directora-del-hospital-perez-de-leon-hostiga-y-amenaza-a-reportero-de-caraota-digital/

[8] Espacio Público, 21 de noviembre de 2021. 21N: Plan República niega el acceso a los medios. Recuperado en https://espaciopublico.ong/21n-plan-republica-niega-el-acceso-a-los-medios/

[9] Al menos 110 personas fueron detenidas en el año 2020.

[10] Espacio Público, 3 de julio de 2021. Dictan privativa de libertad al director de Fundaredes, Javier Tarazona, y a dos activistas de la organización. Recuperado en http://espaciopublico.ong/dictan-privativa-de-libertad-al-director-de-fundaredes-javier-tarazona-y-a-dos-activistas-de-la-organizacion/

[11] Espacio Público, 14 de noviembre de 2021. Por volar un dron detienen a fotógrafo en el estado Falcón. Recuperado en https://espaciopublico.ong/por-volar-un-dron-detienen-a-fotografo-en-el-estado-falcon/

[12] Espacio Público, 8 de enero de 2021. Comisión mixta de Conatel y Seniat incautó los equipos de VPITV. Recuperado en http://espaciopublico.ong/comision-mixta-de-conatel-y-seniat-incauto-los-equipos-de-vpitv/

[13] Espacio Público, 4 de junio de 2021. Apagones afectan programación de emisoras en Mérida. Recuperado en http://espaciopublico.ong/apagones-afectan-programacion-de-emisoras-en-merida/

[14] Espacio Público, 5 de octubre de 2021. Apagones limitan acceso a Internet en el estado Apure. Recuperado en https://espaciopublico.ong/apagones-limitan-acceso-a-internet-en-el-estado-apure/

[15] Espacio Público, 31 de mayo de 2021. Intimidan al reportero Orlando Montlouis durante cobertura de vacunación. Recuperado en http://espaciopublico.ong/intimidan-al-reportero-orlando-montlouis-durante-cobertura-de-vacunacion/

[16] Espacio Público, 13 de julio de 2021. Efectivos de seguridad intimidan a la periodista Mildred Manrique. Recuperado en http://espaciopublico.ong/efectivos-de-seguridad-intimidan-a-la-periodista-mildred-manrique/

[17] Espacio Público, 21 de noviembre de 2021. 21N: Plan República niega el acceso a los medios. Recuperado en https://espaciopublico.ong/21n-plan-republica-niega-el-acceso-a-los-medios/

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