También se discutió sobre la conveniencia de formar a los ciudadanos para que aborden la lectura de las informaciones que reciben a través de los medios masivos con una perspectiva crítica. Uno de sus participantes, Teresita Jiménez, docente de la Universidad de los Andes , introdujo el tema sobre la necesidad de replantear en el debate público venezolano el derecho a disentir.
También se discutió sobre la conveniencia de formar a los ciudadanos para que aborden la lectura de las informaciones que reciben a través de los medios masivos con una perspectiva crítica. Uno de sus participantes, Teresita Jiménez, docente de la Universidad de los Andes , introdujo el tema sobre la necesidad de replantear en el debate público venezolano el derecho a disentir.
El juez 26° de juicio, Alí Paredes, ordenó a Interpol detener y poner a la orden a la orden de su tribunal, a la periodista Patricia Poleo, por la presunta comisión de los delitos de difamación e injuria agravadas, en perjuicio del empresario Ricardo Fernández Barrueco.
El juez 26° de juicio, Alí Paredes, ordenó a Interpol detener y poner a la orden a la orden de su tribunal, a la periodista Patricia Poleo, por la presunta comisión de los delitos de difamación e injuria agravadas, en perjuicio del empresario Ricardo Fernández Barrueco.
El relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas , Frank La Rue, advirtió a través de un comunicado emitido el 10.08.2009 que la eventual aprobación de la Ley Especial de Delitos Mediáticos afectaría el pluralismo, consagrado como uno de los principios fundamentales para la democracia, e incurriría en “grandes violaciones a la libertad de expresión y libertad de prensa”.
Explicó que el uso del concepto de delito mediático en Venezuela “es una forma de intimidación política que puede llevar a la criminalización del disenso y de la crítica… Ningún gobierno del mundo puede utilizar la amenaza de la aplicación de una ley penal para silenciar a los críticos o a la oposición”.
El relator para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas , Frank La Rue, advirtió a través de un comunicado emitido el 10.08.2009 que la eventual aprobación de la Ley Especial de Delitos Mediáticos afectaría el pluralismo, consagrado como uno de los principios fundamentales para la democracia, e incurriría en “grandes violaciones a la libertad de expresión y libertad de prensa”.
Explicó que el uso del concepto de delito mediático en Venezuela “es una forma de intimidación política que puede llevar a la criminalización del disenso y de la crítica… Ningún gobierno del mundo puede utilizar la amenaza de la aplicación de una ley penal para silenciar a los críticos o a la oposición”.
La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) descarta apoyo a la propuesta en la ley de terrorismo mediático que redacta a título personal el diputado Carlos Escarrá.
En el seno del PSUV existe diferencias sobre la proyecto de Escarrá, según expresó el vicepresidente del PSUV-Oriente, Aristóbulo Istúriz, explicando que existen dos bloques uno constituido por Alberto Müller Rojas, Desirée Santos Amaral y Earle Herrera y él, que son partidiarios de aplicar los instrumentos jurídicos como el Código Penal y la Ley Resorte; por parte, Escarrá, Cilia Flores y diputados como Manuel Villalba, que proponen tener herramientas severas.
La dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) descarta apoyo a la propuesta en la ley de terrorismo mediático que redacta a título personal el diputado Carlos Escarrá.
En el seno del PSUV existe diferencias sobre la proyecto de Escarrá, según expresó el vicepresidente del PSUV-Oriente, Aristóbulo Istúriz, explicando que existen dos bloques uno constituido por Alberto Müller Rojas, Desirée Santos Amaral y Earle Herrera y él, que son partidiarios de aplicar los instrumentos jurídicos como el Código Penal y la Ley Resorte; por parte, Escarrá, Cilia Flores y diputados como Manuel Villalba, que proponen tener herramientas severas.