El periodista y líder comunitario Carlos Julio Rojas, quien se encuentra detenido desde el 10 de julio en la cárcel militar Ramo Verde (ubicada en el estado Miranda) bajo el cargo de traición a la patria contra la integridad, independencia y libertad de la nación recibió malos tratos y permaneció aislado durante 15 días.
Carlos Julio fue trasladado a la celda de castigo del recinto militar conocida como “El Tigrito”, ésta mide 2×2 metros que presenta hacinamiento debido a la cantidad de presos que se encuentran en el lugar. Lo mantuvieron seis días sin poder ir al baño y dos días más sin ingerir agua ni comida. “Lo que le está empezando a comprometer su estado de salud física y mental”, aseguró Sol Vargas, madre del periodista.
Vargas reveló que durante los días de aislamiento su hijo también fue amarrado y castigado junto con el dirigente de Voluntad Popular del estado Carabobo, Carlos Graffe.
Su madre logró verlo tras estar incomunicado por dos semanas y no poder recibir visitas de sus familiares, y aseguró que “a Carlos Julio se le encontró visiblemente afectado, con mucho menos peso y algunas marcas en su cuerpo”.
“Hacemos responsables a los custodios de Carlos Julio, por cuanto es evidente la violación de sus derechos humanos y controles excesivos mediante cámaras y cooperantes en el penal”, advirtió.
El artículo 23 de la Constitución Nacional establece la jerarquía constitucional de todos los tratados contentivos de derechos humanos. Resaltando la importancia de los tratados que Venezuela suscribe, recordamos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos donde se establece que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Las acciones llevadas a cabo por los funcionarios a cargo de Carlos Julio Rojas constituyen acciones de tortura y de tratos crueles y degradantes, destinadas a quebrantar la voluntad del periodista y activista social. Recordemos también que según el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos, las personas privadas de libertad gozan de los mismos derechos que cualquier ciudadano, al encontrarse bajo resguardo y vigilancia de funcionarios del Estado, estos deben velar por el debido respeto y garantía de los derechos fundamentales de los mismos.