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Sociedad civil exige a la comunidad internacional un compromiso con la reinstitucionalización democrática en Venezuela

Imagen: referencial

Una acción multilateral coordinada que garantice los derechos humanos, justicia y  construya la paz 

En el marco de la convocatoria a países latinoamericanos y europeos para la Conferencia  Internacional sobre Venezuela, a celebrarse en Colombia el próximo 25 de abril de 2023,  las organizaciones y personas que suscribimos el presente comunicado valoramos los  esfuerzos diplomáticos del gobierno colombiano para incentivar escenarios de encuentro  entre actores claves y unir esfuerzos en la construcción de una visión común. Hacemos  un llamado a los Estados y comunidad internacional a que estos encuentros tengan como  base el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y las exigencias de justicia  de la población, que permita alcanzar una solución pacífica y democrática frente a la  crisis que atraviesa Venezuela.  

En estos esfuerzos multilaterales es fundamental evitar que las graves violaciones de  derechos humanos queden cobijadas por un manto de impunidad y tengan mayor  escalada y daño en la población. Por esto es crucial que las cancillerías, presidentes y  legisladores, y en general la comunidad internacional, adopten un enfoque de  derechos humanos en sus esfuerzos por establecer mecanismos de comunicación  y cooperación con las autoridades venezolanas. Este enfoque a su vez, proporciona  herramientas diplomáticas para evitar el lenguaje polarizador y permite entablar diálogos  basados en hechos, reflejados en diferentes informes de organismos internacionales de  protección, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , la Misión  Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, y la Oficina del Alto  Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A su vez, permite  diseñar estrategias ancladas en las recomendaciones realizadas a Venezuela en los  informes de éstos y otros organismos, permitiendo monitorear las acciones de  cumplimiento a través de parámetros e indicadores que los Estados pueden utilizar para  medir la cooperación real del gobierno de Nicolás Maduro, y del proceso de  reinstitucionalización democrática en el país. 

Los Estados deben hacer todo lo posible para que el gobierno participe y coopere con  los órganos multilaterales, ya que solo en esta medida se podrá monitorear las acciones  desarrolladas y recomendar la aplicación de los correctivos pertinentes. Esta  cooperación no debe estar condicionada, y debe reconocer y caracterizar  adecuadamente el conflicto. Por ello, es vital que los Estados que impulsan soluciones  pacíficas para Venezuela, mantengan sus voces activas para denunciar las graves  violaciones a los derechos humanos en el país. 

Es por esto, que las organizaciones y personas aquí firmantes, exhortamos a los Estados  y organismos internacionales a no declinar en sus esfuerzos por reactivar mecanismos  de diálogo y negociación, que procuren una solución pacífica y democrática a la crisis  multidimensional, y que desarrollen una acción que permita: 

• Reconocer y dimensionar la emergencia humanitaria compleja que mantiene  en necesidad de asistencia a la mayoría de la población, por lo que es vital  que se profundicen medidas inmediatas y efectivas para seguir atendiéndola; las 

señales de sufrimiento y afectación de la población son evidentes y alarmantes.  La comunidad internacional debe seguir trabajando unida para proporcionar  asistencia humanitaria y garantizar el acceso a ella sin obstáculos. 

• Trabajar en la construcción de una paz sostenible y duradera en Venezuela  que ayude a contener, y erradicar las violaciones sistemáticas de derechos  humanos que persisten. Es crucial en este cometido, apoyar a las organizaciones  de la sociedad civil venezolana, que se desenvuelven en un contexto de  persecución, criminalización y de cierre del espacio cívico. La sociedad civil  venezolana depende de este esfuerzo común para mantenerse activa,  acompañada y protegida frente a las amenazas y los ataques en su contra. 

• Exigir la celebración de elecciones libres y auténticas en Venezuela en los  procesos pautados para 2024 y 2025. La recuperación del derecho a elegir y a  ser elegido pasa por reconocer y retomar la senda iniciada en 2021 para recuperar  las óptimas condiciones de integridad electoral para la participación política,  donde se garantice la independencia y autonomía del poder electoral, la certeza  de un calendario comicial, la activación de operativos especiales de inscripción y  actualización en el registro electoral dentro y fuera del país, el pluralismo político,  la observación nacional e internacional calificada y la libertad de expresión en el  marco de los procesos electorales. La asistencia técnica electoral de Naciones  Unidas y la Unión Europea es un elemento clave en este contexto. 

Así mismo, el apoyo de los Estados a la democracia y los derechos humanos,  requiere la reanudación de relaciones diplomáticas, para realizar las gestiones  necesarias para que se restablezca el pleno funcionamiento consular que  permita a los venezolanos en el exterior la materialización de sus derechos, entre  ellos la identidad y la participación política, para también tener la capacidad de  aportar en las soluciones pacíficas y democráticas en procesos electorales  futuros. 

• Impulsar que el sistema de justicia lleve a cabo investigaciones  independientes y juicios genuinos, expeditos e imparciales contra todas las  personas involucradas en las atrocidades cometidas. Así como también,  instar a que se implementen las reformas necesarias para la recuperación de la  institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país. En este sentido,  la continuación y el trabajo de los mecanismos internacionales, tales como la  Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre  Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los  Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte  Penal Internacional tienen un rol fundamental.

• Tomar medidas dirigidas a proteger a la población migrante y refugiada. La  crisis de movilidad de personas venezolanas es el espejo de la crisis humanitaria  que se vive en el país, por lo cual la mayoría de ellas requieren de protección  internacional. La complejidad que caracteriza a la emergencia venezolana  requiere que los Estados no trabajen únicamente desde la óptica de la  cooperación y asistencia, sino que apliquen y promuevan políticas migratorias  integrales y adecuadas a estándares internacionales de derechos humanos a  favor de las personas venezolanas en situación de movilidad en sus propios  territorios, considerando la afectación diferenciada a grupos vulnerables como  mujeres, personas indígenas, población LGBTIQ+, entre otros. 

• Desarrollar un liderazgo internacional y regional comprometido con la  reinstitucionalización democrática en Venezuela. La mesa de diálogo en  México es un paso importante hacia la transformación del conflicto en el país y es  necesario que se cumpla con los acuerdos logrados. Sin embargo, un proceso de  redemocratización de Venezuela requiere de un apoyo internacional  comprometido, que abogue por las libertades, el respeto a derechos humanos, la  justicia y la restauración de una democracia sustentable, que abarca  necesariamente, inclusión y participación plena y efectiva de mujeres, jóvenes y  otros grupos excluidos, asi como de organizaciones de la sociedad civil, en todos  los aspectos de la vida pública, los espacios de toma de decisiones y los procesos  de diálogo. 

Desde la sociedad civil, ratificamos nuestro compromiso indeclinable con el  restablecimiento de la democracia. Apoyamos los esfuerzos para la construcción de una  solución pacífica al conflicto en Venezuela, aspiramos que, al tiempo que se apoye el  cumplimiento de los acuerdos logrados en los diálogos de México, se mantengan  esfuerzos sostenidos con un proceso de reinstitucionalización democrática de Venezuela  que sabemos tomará y necesitará tiempo y esfuerzos concertados. 

Firman: 

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